San Juan, Puerto Rico. 18 de marzo de 2018. – En otro esfuerzo conjunto dirigido a apoderar a la Comunidad Sorda de Puerto Rico en su reclamo de igualdad de acceso en los distintos sectores de la sociedad puertorriqueña, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, junto al Lcdo. Juan José Troche Villeneuve por la Sociedad para la Asistencia Legal (S.A.L.); Edgardo Figueroa y Eugenio Sastre, presidente y vocal del Movimiento Autónomo de Sordos (M.A.S.), respectivamente; la relacionista profesional y asesora de M.A.S. y S.A.L., Sandra Rodríguez Cotto y los Intérpretes de lenguaje de señas, Jennifer Martínez y Ricardo Ortiz, anunciaron hoy la radicación del PS 663 que busca crear una Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas sordas en Puerto Rico.

“Uno de los principales calvarios que padecen las personas sordas en Puerto Rico es el tener que enfrentar un sistema judicial que no tiene un tratamiento uniforme y garantizado para esta comunidad. Esto en ocasiones resulta en graves injusticias y violaciones a sus derechos constitucionales. Ninguna disposición legal, ni la jurisprudencia, ha atendido de manera clara, específica y orgánica las necesidades y barreras que confronta la comunidad sorda en su interacción directa con los tribunales de justicia, sea en casos criminales, civiles o administrativos”, indicó el Senador independentista.

El Portavoz senatorial del PIP puntualizó que la falta de un intérprete adecuado en cualquier etapa de un procedimiento criminal, incluida la vista de causa probable para arrestar, coloca a la persona sorda en una desventaja sustancial frente a la maquinaria penal del Estado, y representa un menoscabo inaceptable de su derecho fundamental a no ser privado de su libertad sin el Debido Proceso de Ley. Igualmente, añadió, la carencia de un medio de comunicación eficaz en procesos administrativos y civiles implica violaciones a derechos constitucionales y estatutarios cuando, entre otros ejemplos, la oportunidad de apelar, la vida familiar, la continuidad de relaciones paterno-filiares, la seguridad de un techo o el sustento mismo de una persona sorda, y de sus parientes, está en controversia.

“Como consecuencia de esta falta de especificidad jurídica conocemos de casos recientes, incluso reseñados por la prensa, en que personas sordas han sufrido desahucios, la remoción de sus hijos(as) menores de edad y la pérdida de su libertad sin la intervención oportuna de un(a) intérprete, en detrimento de sus derechos constitucionales y estatutarios. Acciones insensibles y atropellantes como estas no pueden continuar sucediendo en nuestro país, y menos con el aval del Estado”, subrayó Dalmau Ramírez.

La medida –que fue trabajada en colaboración con el Lcdo. Juan José Troche Villeneuve, asesor legal de “MAS” y colaborador del Proyecto “SAL por los Sordos” (Programa de Servicios Orientados a la Representación y Defensa de los Sordos y Sordas)– se conocerá como la “Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas sordas” y enmienda la Ley Núm. 38–2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, las Reglas de Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento Criminal, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores y las Reglas de Evidencia.

“Como cuestión de justicia, es imperativo que adoptemos legislación para viabilizar el acceso de la comunidad sorda a nuestros tribunales y otros foros adjudicativos, y que generemos garantías sistémicas que concreticen el reconocimiento de la inviolabilidad de su dignidad y su derecho a la igual protección de las leyes”, concluyó el legislador pipiolo.

 
 Enlace a Proyecto P.S. 663