EL CAPITOLIO. 01 de febrero de  2019.  –El Senado de Puerto Rico aprobó ayer en su sesión ordinaria una medida del senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, que ordena realizar una investigación exhaustiva sobre el estado de cumplimiento del Departamento de Educación (DE) en cuanto a sus obligaciones constitucionales, estatutarias y al amparo de la Sentencia por Estipulación  del pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, hacia los estudiantes con diversidad funcional, tanto a través del Programa de Educación Especial como de la denominada “corriente regular”.

“Aún cuando el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación ha alcanzado logros importantes en sus casi cuarenta años de litigio, por un lado subsisten problemas institucionales mayores, sin que exista consecuencia alguna para los responsables y por otro, se alzan nuevos obstáculos a través de iniciativas desacertadas como el cierre de escuelas”, sentenció el portavoz senatorial del PIP.

Entre los serios asuntos que propone Juan Dalmau investigar en la resolución , producto de quejas recibidas por parte de comunidades escolares en su oficina, están:

(1) si los estudiantes que fueron trasladados tras el cierre de escuelas han sido ubicados en escuelas preparadas para recibirles

(2) si están recibiendo los servicios terapéuticos en las escuelas receptoras,

(3) si los contratistas y corporaciones a quienes se les ha delegado la función de ofrecer servicios y terapias en efecto están cumpliendo con sus contratos,

(4) si las escuelas del Departamento han delimitado espacios apropiados para que los especialistas ofrezcan sus terapias en lugar de ubicarlos en lugares inadecuados como covachas, glorietas, comedores y bibliotecas diseñados para otras funciones,

(5) si las corporaciones y contratistas cumplen con remunerar oportuna y adecuadamente a sus especialistas y subcontratistas cuando el Departamento alega estar al día en los pagos,

(6) si ha habido irregularidades o preferencias ilícitas en los procesos de contratación de proveedores de servicios,

(7) si el Departamento impone una carga onerosa e inadecuada a los estudiantes al utilizar inadecuadamente el mecanismo de remedio provisional,

(8) si a los niños y niñas se les da de alta del Programa sin seguir los procesos establecidos o sin que medien las evaluaciones y reevaluaciones requeridas,

(9) si existen plazas de maestros especialistas en educación especial o de asistentes (T1) sin nombrar, lo que puede haber forzado a algunos estudiantes a permanecer en el hogar a consecuencia de la falta de servicios,

(10) si los maestros de educación especial han sido provistos por el Departamento de Educación de los materiales necesarios para ejercer sus funciones,

(11) si las reuniones de COMPU (Comités de Programación y Ubicación) se calendarizan y realizan según dispuesto y con el personal requerido presente,

y (12) si existen casos en que se les ha exigido a madres o tutores que asistan a la escuela durante la hora de almuerzo para “cuidar a sus hijos” con diversidad funcional por falta de personal asignado a esta tarea.

“Debe ser a partir de la evaluación detallada y serena de la situación actual de los servicios a niños y niñas con diversidad funcional, que este cuerpo debe actuar con cualquier otra iniciativa legislativa. Agradezco a los compañeros y compañeras de este Senado su apoyo y aprobación de la medida. Esperamos contar con la más amplia participación de las familias, los estudiantes y los proveedores de servicios de educación especial en esta investigación “, concluyó Juan Dalmau.