(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va. Asamblea4ta. Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 903

22 de octubre de 2018

 

Presentada por el señor Dalmau Ramírez

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

 

RESOLUCIÓN

 

Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre el estado de cumplimiento del Departamento de Educación de Puerto Rico en cuanto a sus obligaciones constitucionales, estatutarias y al amparo de la Sentencia por Estipulación  del pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, hacia los estudiantes con diversidad funcional, tanto a través del Programa de Educación Especial como de la denominada “corriente regular”.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

A pesar del compromiso que el Gobierno de Puerto Rico ha expresado mediante legislación con el estudiantado de educación especial radicado en el país la Isla, así como otros sectores poblacionales con diversidad funcional, el Departamento de Educación tiene un historial decenario de incumplimiento con las disposiciones legales que protegen a los niños y niñas registradas en el Programa de Educación Especial. Cuatrienio tras cuatrienio se levantan denuncias y alegaciones sobre la situación precaria del Programa, la carencia o tardanza de servicios indispensables para el estudiantado, la existencia de problemas estructurales –tanto a nivel burocrático como en las instalaciones físicas propiamente-, la remuneración inadecuada de sus contratistas, los nombramientos tardíos de maestras, asistentes y terapistas y la posición confrontacional de algunos funcionarios del Departamento hacia quienes reclaman el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas con diversidad funcional.

Aún cuando el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación ha alcanzado logros importantes en sus casi cuarenta años de litigio, por un lado subsisten problemas institucionales mayores, sin que exista consecuencia alguna para los responsables y por otro, se alzan nuevos obstáculos a través de iniciativas desacertadas como el cierre de escuelas. Además, se ha señalado que el proceso judicial de evaluación de cumplimiento a través de la Monitoría acordada en el pleito, depende en exceso de la información provista por el Departamento, que suele ser incompleta, y no se le da peso igual a visitas a los salones de clase y a la experiencia cotidiana de familias, estudiantes y proveedores de servicios.

En lo que tristemente se ha convertido en una repetición de denuncias e inconformidad, este cuatrienio no ha sido la excepción. Hemos recibido quejas de comunidades escolares que nos instan a investigar (1) si los estudiantes que fueron trasladados tras el cierre de escuelas han sido ubicados en escuelas preparadas para recibirles (2) si están recibiendo los servicios terapéuticos en las escuelas receptoras, (3) si los contratistas y corporaciones a quienes se les ha delegado la función de ofrecer servicios y terapias en efecto están cumpliendo con sus contratos, (4) si las escuelas del Departamento han delimitado espacios apropiados para que los especialistas ofrezcan sus terapias en lugar de ubicarlos en lugares inadecuados como covachas, glorietas, comedores y bibliotecas diseñados para otras funciones, (5) si las corporaciones y contratistas cumplen con remunerar oportuna y adecuadamente a sus especialistas y subcontratistas cuando el Departamento alega estar al día en los pagos, (6) si ha habido irregularidades o preferencias ilícitas en los procesos de contratación de proveedores de servicios, (7) si el Departamento impone una carga onerosa e inadecuada a los estudiantes al utilizar inadecuadamente el mecanismo de remedio provisional, (8) si a los niños y niñas se les da de alta del Programa sin seguir los procesos establecidos o sin que medien las evaluaciones y reevaluaciones requeridas, (9) si existen plazas de maestros especialistas en educación especial o de asistentes (T1) sin nombrar, lo que puede haber forzado a algunos estudiantes a permanecer en el hogar a consecuencia de la falta de servicios, (10) si los maestros de educación especial han sido provistos por el Departamento de Educación de los materiales necesarios para ejercer sus funciones, (11) si las reuniones de COMPU (Comités de Programación y Ubicación) se calendarizan y realizan según dispuesto y con el personal requerido presente, y (12) si existen casos en que se les ha exigido a madres o tutores que asistan a la escuela durante la hora de almuerzo para “cuidar a sus hijos” con diversidad funcional por falta de personal asignado a esta tarea.

Debe ser a partir de la evaluación detallada y serena de la situación actual de los servicios a niños y niñas con diversidad funcional, que este cuerpo debe actuar con cualquier otra iniciativa legislativa. Esta evaluación debe contar con la más amplia participación de las familias, los estudiantes y los proveedores de servicios de educación especial.

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre el estado de cumplimiento del Departamento de Educación de Puerto Rico en cuanto a sus obligaciones constitucionales, estatutarias y al amparo de la Sentencia por Estipulación  del pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, hacia los estudiantes con diversidad funcional, tanto a través del Programa de Educación Especial como de la denominada “corriente regular”.

Sección 2.- La investigación deberá incluir, pero no se limitará a, los siguientes renglones: 

(1) si los estudiantes que fueron trasladados tras el cierre de escuelas han sido ubicados en escuelas preparadas para recibirles,

(2) si están recibiendo los servicios terapéuticos en las escuelas receptoras, 

(3) si los contratistas y corporaciones a quienes se les ha delegado la función de ofrecer servicios y terapias en efecto están cumpliendo con sus contratos, 

(4) si las escuelas del Departamento han delimitado espacios apropiados para que los especialistas ofrezcan sus terapias en lugar de ubicarlos  en lugares inadecuados como covachas, glorietas, comedores y bibliotecas diseñados para otras funciones, 

(5) si las corporaciones y contratistas cumplen con remunerar oportuna y adecuadamente a sus especialistas y subcontratistas cuando el Departamento alega estar al día en los pagos, 

(6) si ha habido irregularidades o preferencias ilícitas en los procesos de contratación de proveedores de servicios, 

(7) si el Departamento impone una carga onerosa e inadecuada a los estudiantes al utilizar inadecuadamente el mecanismo de remedio provisional, 

(8) si a los niños y niñas se les da de alta del Programa sin seguir los procesos establecidos o sin que medien las evaluaciones y reevaluaciones requeridas, 

(9) si existen plazas de maestros especialistas en educación especial o de asistentes (T1) sin nombrar, lo que puede haber forzado a algunos estudiantes a permanecer en el hogar a consecuencia de la falta de servicios, 

(10) si los maestros de educación especial han sido provistos por el Departamento de Educación de los materiales necesarios para ejercer sus funciones, 

(11) si las reuniones de COMPU (Comités de Programación y Ubicación) se calendarizan y realizan según dispuesto y con el personal requerido presente, y

(12) si existen casos en que se les ha exigido a madres o tutores que asistan a la escuela durante la hora de almuerzo para “cuidar a sus hijos” con diversidad funcional por falta de personal asignado a esta tarea.

Sección 3.- La Comisión de Educación y Reforma Universitaria deberá rendir rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en un término no mayor dentro de noventa (90) días, después de aprobada la aprobación de esta Resolución.

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.