Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más profundo rechazo a la aprobación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de una Orden Ejecutiva firmada el 27 de enero de 2017, cuya implantación tendría efectos detrimentales para con la protección y promoción de derechos humanos fundamentales.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

18 va Asamblea       1 ra  Sesión 

  Legislativa     Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 71 

30 de enero de 2017 

Presentada por el señor Dalmau Ramírez  

Referido a la Comisión de Asuntos Internos  

 RESOLUCIÓN 

 

Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más profundo rechazo a la aprobación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de una Orden Ejecutiva firmada el 27 de enero de 2017, cuya implantación tendría efectos detrimentales para con la protección y promoción de derechos humanos fundamentales. 

  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 27 de enero de 2017, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, suscribió una Orden Ejecutiva que tuvo por efecto prohibir de inmediato y por un término de noventa (90) días, la entrada a los Estados Unidos de nacionales de Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan y Yemen.  

La Orden Ejecutiva también prohíbe, pero en forma permanente, la entrada a los  Estados Unidos de personas provenientes de Syria que, de ordinario, llegan al país norteamericano en busca de refugio, contra las nefastas consecuencias de los conflictos bélicos que se encuentran en curso en su país. Estudios de política pública estadounidense reflejan que de 1975 al 2015 ningún estadounidense ha sido asesinado por ciudadanos de los siete países afectados por la Orden Ejecutiva. (Véase, Little National Security Benefit to Trump's Executive Order on Immigration, Alex Nowrasteh del Center for Global Liberty nd Prosperity del Cato Institute). 

Se trata pues de una acción conocida como “amenaza fantasma” (phantom menace). Medidas de política pública que no responde a datos estadísticos, sino a explotar el prejuicio general. Es 2 

por ello que en Estados Unidos y a nivel global las medidas adoptadas por la Orden Ejecutiva han sido ampliamente repudiadas.  

La Orden Ejecutiva a que se refiere esta Resolución, representa un duro golpe contra la protección de derechos humanos. Su ejecución requerirá de manera insoslayable, que se quebranten lineamientos y guías internacionales que se han adoptado durante los pasados quince (15) años, a los fines de orientar el criterio de las naciones al momento de lidiar con asuntos vinculados a su seguridad. Diversas organizaciones y entidades supervisoras para con la protección y promoción de los derechos humanos, han emitido resoluciones y manuales que sugieren de forma exhaustiva las estrategias adecuadas para producir seguridad interna, sin menoscabar las garantías básicas del derecho internacional de los derechos humanos. Entre tales organizaciones se encuentra la Organización de Estados Américanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) y la organización intergubernamental conocida com Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OSCE/ ODIHR).  

Existe consenso en la comunidad internacional a los efectos de que, en sus gestiones de acción contra prácticas consideradas como de "terrorismo", las naciones no pueden ejercer prerrogativas de seguridad ilimitadas. La comunidad internacional ha siso enérgica al sostener que las medidas de seguridad nacional, no pueden ser transgresoras de las protecciones de derechos humanos y en particular, de los derechos de los refugiados y de aquellas personas acreedoras de la protección del asilo en escenarios de crisis.  (Véase Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Res. 1624 [2005]). En ese mismo contexto la comunidad internacional también ha entendido que toda y cualquier medida de acción efectiva para la protección de la seguridad nacional, será lícita, sólo si opera en respeto y garantía de los derechos humanos. (Véase Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Res. 1963 [2010]).  

La sensibilidad en el trato a los extranjeros y de las personas que padecen las injusticias de los conflictos bélicos, es un imperativo. En Puerto Rico, reside una comunidad árabe y musulmana que aporta a nuestra diversidad cultural y desarrollo económico. Nuestro ánimo solidario hacia ellos y ellas, no debe variar en virtud de nuestra afiliación política individual o de las perspectivas diversas que podamos profesar, en el contexto de la relación jurídico-política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Los y las puertorriqueños y puertorriqueñas, estamos llamados a expresarnos inconformes cuando el resto de nuestra comunidad humana se enfrenta a escenarios que comprometen su derecho a vivir en paz.   

3 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para que el Senado de Puerto Rico exprese su más profundo rechazo a la aprobación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de una Orden Ejecutiva firmada el 27 de enero de 2017, cuya implantación tendría efectos detrimentales para con la protección y promoción de derechos humanos fundamentales. 

Sección 2.- El Senado de Puerto Rico objeta los contenidos de la Orden Ejecutiva a la que se refiere esta Resolución, por considerarlas en su aplicación, generadores de violaciones a normas de protección de derechos humanos y a estándares establecidos y aceptados por la comunidad internacional, para la protección de refugiados y asilados. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución será enviada a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (UNHCR).  

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.