Más de 3,000 cuerdas de la Autoridad de Tierras están siendo usadas por multinacionales norteamericanas para la producción de semillas y experimentación con ellas sobre su resistencia a enfermedades y al uso de diversos químicos utilizados o como abono o como yerbicidas; otras 3,500 cuerdas han sido adquiridas de o arrendadas a propietarios del sector privado por esas empresas con el mismo propósito. El Departamento de Agricultura nunca ha realizado un estudio de costo beneficio social que indique si el rendimiento económico y social de la utilización de estas empresas de terrenos – con uso agrícola alterno en la producción de alimentos – es mayor que el obtenible con destinar esos terrenos a la producción de alimentos para el mercado local y exportación de excedentes.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

 

18 va Asamblea 1 ra Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 245

 24 de abril  de 2017

Presentada por el señor Dalmau Ramírez 

Referida a Asuntos Internos

 

RESOLUCIÓN

 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda para que junto a la Comisión de Salud Ambiental y la Comisión de Agricultura investiguen los incentivos contributivos a empresas multinacionales que se dedican a la producción de semillas, el impacto económico de los mismos, así como los subsidios y otros beneficios que reciben del Departamento de Agricultura y de la Autoridad de Tierras, los beneficios de usos alternos agrícolas de los terrenos que utilizan y el impacto de sus experimentos y prácticas agrícolas en el ambiente y en la salud de empleados y residentes de comunidades aledañas a sus actividades.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Más de 3,000 cuerdas de la Autoridad de Tierras están siendo usadas por multinacionales norteamericanas para la producción de semillas y experimentación con ellas sobre su resistencia a enfermedades y al uso de diversos químicos utilizados o como abono o como yerbicidas; otras 3,500 cuerdas han sido adquiridas de o arrendadas a propietarios del sector privado por esas empresas con el mismo propósito. El Departamento de Agricultura nunca ha realizado un estudio de costo beneficio social que indique si el rendimiento económico y social de la utilización de estas empresas de terrenos - con uso agrícola alterno en la producción de alimentos - es mayor que el obtenible con destinar esos terrenos a la producción de alimentos para el mercado local y exportación de excedentes. 

 Estas empresas reciben simultáneamente trato preferencial contributivo y reglamentario considerándoseles agricultor bona-fide para efectos de los beneficios y subsidios agrícolas y empresas de innovación tecnológica para propósito de que no les aplique la disposición constitucional que prohíbe a las corporaciones utilizar más de 500 cuerdas de terreno. Como consecuencia de estos atributos se les exime de contribuciones municipales, cualifican para decretos de exención contributiva bajo la Ley 73-2008 y pueden recibir subsidios del Departamento de Agricultura.

 La Constitución de Puerto Rico establece  en su Artículo VI, Sección 14 lo siguiente:

“.. y el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados, por su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole.”

 Esta disposición debe interpretarse como que ninguna corporación privada organizada para la explotación agrícola puede ser propietaria, usuaria, usufructuaria, arrendataria, administradora o poseedora de más de quinientos acres. Y que esa prohibición se extiende a sus accionistas, funcionarios ejecutivos y subsidiarias o empresa matriz. 

La opinión del Secretario de Justicia Número 70 del 1956 interpreta que una corporación no agrícola no está sujeta a la limitación de los 500 acres. [Bajo esta interpretación una corporación dedicada al desarrollo de inmuebles para propósitos no agrícolas – como la construcción de viviendas, centros comerciales, áreas recreativas, parques industriales pueden disponer de más de 500 acres y su única limitación sería lo que disponga el Plan de Uso de Terrenos y la reglamentación de control de calidad ambiental]. 

 Bajo esa interpretación,  el Secretario de Justicia en funciones en el 2012, emitió una opinión ante la Consulta 12-314-A, que le fuera sometida por la Compañía de Fomento Industrial, disponiendo que las empresas de bio-tecnología agrícola no eran corporaciones agrícolas y podían disponer del uso de más de 500 acres. Fundamenta su opinión, primero,  en una nueva definición de la agricultura en que lo importante no es labrar la tierra para generar un producto sino que lo importante es que el producto sea mercadeable para consumo humano inmediato, y por lo tanto las empresas de bio-tecnología no serían agrícolas si experimentan con semillas;  y, en segundo lugar, en el supuesto no argumentado, de que la bio-tecnología agrícola necesita más de 500 acres para ser efectiva.

 Se equivocaba el  entonces Secretario de Justicia. La Real Academia de la Lengua Española define la agricultura como cultivo o labranza de la tierra y define labranza como tierra sembrada – en nada tiene que ver el destino final de lo que se siembra. La definición acomodaticia de la opinión del 2012 también olvida que los agricultores modernos están constantemente haciendo investigaciones para mejorar la productividad de la tierra y la calidad del producto. En otras palabras, esa opinión en la práctica es una invitación a la reconstitución de los latifundios.

 Ante tal estado de cosas, donde nos encontramos con unas empresas que en plena crisis económica, reciben un trato contributivo y administrativo preferencial y que además pueden estar contribuyendo al deterioro de la salud pública, solicitamos por este medio una amplia investigación legislativa.

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Hacienda del Senado para que junto a las Comisiones de Salud Ambiental y Agricultura, a realizar una investigación sobre los siguientes asuntos:

  (a). Los contratos que la Autoridad de Tierra efectúa con compañías multinacionales para el arrendamiento de terrenos y la utilización de los mismos.

  (b). Los beneficios y subsidios del Departamento de Agricultura a las empresas incluidas en el apartado (a) o cualquiera otra que sin tener contratos con la Autoridad de Tierra utilice terrenos con valor agrícola para los mismos propósitos y reciba subsidios y exenciones contributivas.

  (c). Las exenciones contributivas que reciben estas empresas al amparo de diversas leyes.

  (d). El impacto económico de las actividades de estas empresas versus el valor económico de actividades destinadas a la producción de alimentos para consumo interno y exportación de excedentes que se puedan realizar en los terrenos que estas empresas utilizan actualmente.

  (e). El impacto de las actividades de estas empresas en la salud de empleados y de residentes en las comunidades aledañas a los terrenos que utilizan estas empresas.

Sección 2. – Se autoriza a las Comisiones a cargo de la investigación a solicitar la cooperación de los distintos recintos universitarios del sistema público y privado que permitan tener la más amplia comprensión de los problemas económicos, bio-técnicos y de salud pública envueltos en esta investigación. 

Sección 3.- La Comisión deberá rendir un informe final a los ciento veinte (120) días de aprobada esta resolución. 

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.