El 30 de junio de 2016 se aprobó la ley federal Puerto Rico Oversight Management, and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esta ley tiene como propósito el crear un organismo independiente al Gobierno de Puerto Rico y al Gobierno Federal con la encomienda de administrar los fondos públicos de Puerto Rico y destinar la mayor cantidad de dinero al pago de la deuda pública. Este organismo independiente consta de una Junta de Supervisión Fiscal (la Junta) compuesta por 7 miembros nombrados por el Presidente de Estados Unidos. La ley exige al gobierno de Puerto Rico la creación de un plan fiscal, para su aprobación. En caso de no satisfacer los intereses de la Junta, la misma podrá crear su propio plan con la pretensión de que el Gobierno se vea obligado a cumplir con el mismo.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va Asamblea     1 ra Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 156

9 de marzo de 2017

Presentada por el señor Dalmau Ramírez 

Referido a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

 

Para que el Senado de Puerto Rico solicite a los miembros de la Junta creada por la Ley Federal Puerto Rico Oversight  Management, and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés) y a sus contratistas toda la información concerniente a la tenencia de Bonos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades; acreencias o acciones de similar índole, en su título personal o mediante personalidad jurídica y para otros fines relacionados.   

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El 30 de junio de 2016 se aprobó la ley federal Puerto Rico Oversight Management, and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esta ley tiene como propósito el crear un organismo independiente al Gobierno de Puerto Rico y al Gobierno Federal con la encomienda de administrar los fondos públicos de Puerto Rico y destinar la mayor cantidad de dinero al pago de la deuda pública. Este organismo independiente consta de una Junta de Supervisión Fiscal (la Junta) compuesta por 7 miembros nombrados por el Presidente de Estados Unidos. La ley exige al gobierno de Puerto Rico la creación de un plan fiscal, para su aprobación. En caso de no satisfacer los intereses de la Junta, la misma podrá crear su propio plan con la pretensión de que el Gobierno se vea obligado a cumplir con el mismo.   

Desde la aprobación de PROMESA y una vez constituida la Junta, han sido varias las recomendaciones que han presentado al Gobierno en aras de dirigir el uso presupuestario gubernamental, todas de forma directa o indirecta representan in impacto negativo a la ciudadanía en general. 

En un artículo aparecido en la edición cibernética de la publicación “The Bond Buyer” y bajo la firma de Robert Slavin, con fecha de 6 de marzo de 2017 se señala que el director ejecutivo de la Junta, Ramón Ruiz tiene una inversión de entre $250,001.00  y  $500,000.00 en bonos del Gobierno de Puerto Rico (según se desprende de la Parte 6  del Informe Financiero que deben someter los miembros de la Junta conforme lo dispone la Sección 109(b) de Pub. Law 114-187, PROMESA, que incorpora, por referencia, la Sección 102 de  Public  Law  95-521, conocida como “Ethics in Government Act of 1978”). Esta situación pudiera representar un posible conflicto de interés, conforme lo dispone la Sección 109(a) de Pub. Law 114-187, que incorpora por referencia la Sección 208 del Título 18 de U.S.C., al ésta disponer que cualquier oficial o empleado de cualquier entidad de los Estados Unidos  estará sujeto a las penalidades contempladas en la Sección 210 del Título 18 de U.S.C., si él o sus familiares inmediatos o entidades en las que es funcionario u oficial, tienen un interés financiero en una entidad que va a estar sujeta el escrutinio de cualquier tipo de la entidad de los Estados Unidos de la cual forma parte. Aunque esta disposición de PROMESA aplica a los miembros de la Junta; está claro que las disposiciones de la Sección 208 del Título 18 de U.S.C. aplica a cualquier funcionario o agente de la Junta que esté envuelto en algún aspecto en la toma de decisiones sobre la entidad en la que se tiene un interés financiero.

En el caso del Presidente de la Junta, José Carrión, en su informe hace un inventario de más de 200 activos consistentes de propiedades comerciales y activos financieros que no se indica su valor, pero que pudiera exceder los límites que establece la Pub. Law  95-521 que requieren que se indique su valor (que es de $1,000.00), Sección 102 (f)(4)(A) de Pub. Law 95-521.

También, otro de los  miembros, Carlos García  indica en su informe que dispuso de sus activos que podían incluir  bonos de Puerto Rico en agosto del 2016, (Parte 6 del informe).

Entre los contratos que ha aprobado la Junta está uno con el Bufete Acosta y Ramírez. Puede que exista un conflicto de interés si el Lcdo. Juan Acosta Reboyrás, socio principal, fuera todavía miembro de la Junta de Directores de la UPR, que es una de las entidades que van a ser evaluadas por la Junta.

En tiempos de estrechez fiscal y cuando se requiere mayor transparencia,  cuando una de las exigencias de la Junta al Gobierno es la divulgación absoluta de las finanzas del país, les corresponde a ellos brindar toda la información necesaria, sobre todo en la coyuntura que nos encontramos cuando su más reciente recomendación es una reducción de jornada laboral a los empleados públicos, antecedida por la recomendación de un recorte millonario al sistema público de enseñanza universitaria del país, entre otros. 

Ante este velo de dudas e información incompleta y la erogación de fondos públicos que conlleva el financiamiento de la Junta, es menester de este Senado exigir a la Junta de Supervisión Fiscal que divulguen toda la información dirigida a aclarar la relación económica entre miembros y contratistas de la Junta, y las recomendaciones que están haciendo al Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de descartar cualquier conflicto de interés. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Para que el Senado de Puerto Rico solicite a los miembros de la Junta creada por la Ley Federal Puerto Rico Oversight  Management, and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés) y a sus contratistas toda la información concerniente a la tenencia de Bonos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades; acreencias o acciones de similar índole, en su título personal o mediante personalidad jurídica y para otros fines relacionados.   

Sección 2.-Copia de esta Resolución será enviada a todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y su Director Ejecutivo.  

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.