Para que el Senado de Puerto Rico, cuerpo representativo electo democráticamente por los puertorriqueños y puertorriqueñas, a nombre de Pueblo de Puerto Rico, repudie el acuerdo propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal con el grupo de bonistas Ad Hoc y la aseguradora Assured Guaranty Corp. sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va. Asamblea5ta. Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 1090

8 de mayo de 2019

 

Presentada por el señor Dalmau Ramírez

 

Referida a la Comisión de

 

RESOLUCIÓN

 

Para que el Senado de Puerto Rico, cuerpo representativo electo democráticamente por los puertorriqueños y puertorriqueñas, a nombre de Pueblo de Puerto Rico, repudie el acuerdo propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal con el grupo de bonistas Ad Hoc y la aseguradora Assured Guaranty Corp. sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Mediante comunicado de prensa, la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A. anunció el día 3 de mayo de 2019 haber alcanzado un acuerdo con el grupo de bonistas Ad Hoc y con la aseguradora Assured Guaranty Corp. en relación a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). Según expresiones de la propia Junta, el acuerdo tiene como fin viabilizar la privatización acelerada de la red energética puertorriqueña y sentar las bases para la emisión de nueva deuda. El pago de estos nuevos bonos será sufragado por los abonados del sistema –entiéndase, el Pueblo de Puerto Rico– mediante la imposición de un cargo de transición a incluirse en la factura durante los próximos 47 años. Inicialmente, el “cargo de transición” se fijará en 2.7centavos por kilovatio hora, pero aumentará por los primeros 23 años hasta aproximadamente 4.5 centavos por kilovatio hora; cantidad que se pagará hasta que finalice el término establecido. El efecto eventual en la factura de este “cargo de transición”, cuando se considera en conjunto con la tarifa que se paga al presente, representa un aumento mínimo de aproximadamente 26%.

 

Este es un acuerdo nefasto que compromete uno de los motores más importantes para el desarrollo económico del país durante casi 50 años. De implementarse, veremos las manos de la próxima generación atadas y la posibilidad de crecimiento doblegada por las herramientas de la dictadura colonial que representa la Junta de Supervisión Fiscal. Un aumento vertiginoso, como el propuesto, sin duda tendrá un efecto económico agregado sobre la economía incalculable. El costo de operar negocios, pequeños y grandes, se disparará, al igual que los costos de producción. Por esta razón veremos nuevas oleadas de empleados despedidos y aumentos en los precios –desde la canasta básica, hasta artículos de lujo– realizados por empresas que buscan subsanar los efectos del alza en el costo de energía. Esta es una cadena cuyo efecto será el aumento en el costo de vida para una población desempleada y dependiente de programas de asistencia social, que también hemos visto reducidos en años recientes. De forma que este acuerdo se vislumbra como la receta perfecta para la precarización del sector asalariado y la profundización de la depresión económica imperante en la actualidad.

 

Si de algo sirvió la trágica experiencia confrontada por nuestro pueblo en las postrimerías de los huracanes Irma y María, fue para dejar meridianamente claro que la falta de acceso oportuno al servicio de energía eléctrica cuesta vidas. Hoy no podemos permitir que la disponibilidad de este servicio esencial se coloque en entredicho para nuestra población más empobrecida. Sanamente administrada, y en manos del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica no sólo constituye una herramienta de desarrollo económico, sino que además permite la ejecución de políticas dirigidas a asegurar la vida y dignidad de sectores otrora desprotegidos. Avalar la nueva carga que pretende imponérsele a este pueblo, según propuesta en el acuerdo ante la consideración del país y de la juez Laura Taylor Swain, sería colocar las vidas de nuestros envejecidos y enfermos al arbitrio del mercado durante los próximos 47 años. La vida y la dignidad son nuestras primeras prioridades, no las ganancias de un sector desvinculado del sufrimiento de nuestra población. Por eso el Senado de Puerto Rico, cuerpo representativo electo democráticamente por los puertorriqueños y puertorriqueñas, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, repudia este acuerdo enérgicamente.

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- El Senado de Puerto Rico, cuerpo representativo electo democráticamente por los puertorriqueños y puertorriqueñas, a nombre de Pueblo de Puerto Rico, expresa su más enérgico repudio al acuerdo propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal con el grupo de bonistas Ad Hoc y la aseguradora Assured Guaranty Corp. sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

Sección 2.- Copia de esta Resolución será enviada a la Juez Laura Taylor Swain, a los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y al gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo Rosselló Nevares.

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.