GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18va. Asamblea3ra. Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 234

25 de abril de 2018

 

Presentada por el señor Dalmau Ramírez 

Referida a la Comisión de

 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA

 

 

Para ordenarle al Secretario de Transportación y Obras Públicas de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico que no imponga, autorice o permita aumentos en el cobro de peajes autorizados, requeridos o sugeridos por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A., o derivados del Plan Fiscal generado al amparo de dicho estatuto.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Ley P.R.O.M.E.S.A. le impone a Puerto Rico una Junta de Supervisión Fiscal que afecta todos los ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, económico y social. Es el ejemplo más descarado del colonialismo en Puerto Rico, ya que le brinda el poder de imponer las decisiones de política pública a siete individuos no electos por el pueblo, sino impuestos por el Congreso de los Estados Unidos. La Junta es –para todos los fines prácticos- una agencia de cobros que auspicia el desmantelamiento de todo nuestro andamiaje laboral y de justicia social, con el único objetivo de salvaguardar los intereses de los bonistas.

En la consecución de ese interés, la Junta aprobó recientemente un plan fiscal desarrollado para la Autoridad de Carreteras y Transportación, en el que se contempla un aumento de 5% en el cobro de los peajes establecidos en Puerto Rico. El secretario del Departamento del Transportación y Obras Públicas (DTOP) expuso que ese aumento no debe ejecutarse porque aunque, en teoría, un aumento en los peajes produciría más dinero, eso “es algo que pone demasiada carga en la gente”. “Ese dinero va a terminar en los bolsillos de los peajes de la Florida Central”, apuntó en alusión a la gigantesca ola migratoria que sufrimos actualmente. La directora ejecutiva de la Junta Fiscal, Natalie Jaresko, intentó justificar el aumento aludiendo a que “La PR-22 está debajo de la media de Estados Unidos para peajes”. No obstante quedó desmentida por el Secretario, quien aclaró que cuando uno lo normaliza por el ingreso en Puerto Rico, comparado al ingreso de los estados, somos de los lugares con los peajes más caros” Explicó que la PR-66, PR-53 y PR-20 están por encima de la mediana, mientras la PR-52 está prácticamente igual que la mediana. “Si se aumentan los peajes, todos van a estar por encima de la mediana”, sostuvo.

Quienes asumirán el incremento en el costo per cápita de la transportación en Puerto Rico nuevamente serán los sectores intencionalmente excluidos de las estructuras de poder socioeconómico. Las clases asalariadas, desposeídas y desempleadas verán su movilidad y sus pocos ingresos aplastados por la Junta anti-democrática creada por el Congreso y continuarán siendo empujados a abandonar el país. Al verse reducida la base contributiva, continuaremos hundiéndonos en un espiral económico descendiente y descontrolado. Esta política fiscal es reflejo del patrón, cada vez más evidente, diseñado por las autoridades de la metrópoli hacia el territorio, que condena a las clases desposeídas y asalariadas a asumir el costo económico y la carga social de la contracción, mientras que distribuye el crecimiento existente entre los representantes de sus intereses. Hoy Puerto Rico resulta duramente penalizado por el resultado ineludible de políticas exógenamente controladas. Quienes impusieron las leyes de Cabotaje a Puerto Rico no verán sus derechos afectados. Quienes controlan las aduanas y las fronteras no recibirán recortes. Quienes incluyeron a Puerto Rico en el ámbito de aplicación de la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución Federal para que no pudiéramos proteger nuestras industrias, servicios y recursos no verán sus intereses menoscabados. Para quienes caprichosa y arbitrariamente juegan con el ordenamiento que restringe la inversión internacional en Puerto Rico, hoy es un día más.

La existencia de la Junta de Supervisión Fiscal, sin representación legítima ni el aval del gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico, diseñada para la consecución de intereses económicos ajenos a las necesidades reales del país y en perjuicio de nuestro desarrollo auto-sostenible, condena a Puerto Rico a la más paupérrima de las condiciones sin que haya consecuencias para quienes cometen esta transgresión internacional. Esta agencia de cobros supra-estructural debe ser confrontada con palabras y hechos. El gobernador de Puerto Rico ha afirmado una y otra vez que la Junta no puede utilizar sus alegadas prerrogativas como subterfugio para usurpar o restringir el ámbito de operación del Gobierno electo de Puerto Rico, y que las “recomendaciones” emitidas más recientemente por esa, interfieren impermisiblemente con sus poderes. “The Government will not allow the takeover of these powers, and therefore cannot be compelled to implement many of the suggested revisions”, expuso.

Es tiempo de que el gobierno de Puerto Rico actúe contra los abusos de la Junta de Supervisión Fiscal colonial y tome pasos afirmativos para garantizar la dignidad de cada ser humano en la Isla y el desarrollo sostenible de la economía. Por tanto, a través de esta Resolución Conjunta, el Gobierno de Puerto Rico, como catalizador del desarrollo responsable y solidario de Puerto Rico, le ordena al Secretario de Transportación y Obras Públicas de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico que no imponga, autorice o permita aumentos en el cobro de peajes autorizados, requeridos o sugeridos por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A., o derivados del Plan Fiscal generado al amparo de dicho estatuto.

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se le ordena al Secretario de Transportación y Obras Públicas de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico que no imponga, autorice o permita aumentos en el cobro de peajes autorizados, requeridos o sugeridos por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A., o derivados del Plan Fiscal generado al amparo de dicho estatuto.

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta tendrá vigencia inmediata después de su aprobación.