GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va. Asamblea3 ra. Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 233

25 de abril de 2018

 

Presentada por el señor Dalmau Ramírez 

 

Referida a la Comisión de

 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA

 

 

Para ordenarle a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que no imponga el alza en los costos de matrícula, ni el cierre y/o consolidación de recintos, así como ninguna otra recomendación, medida, plan fiscal o directriz generada por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A., u ordenada al amparo de ese estatuto, que trastoque el costo per cápita de los servicios educativos, los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente o de los estudiantes, la oferta y programación académicas y/o sociales de la institución o cualquier otro asunto inherente a la Universidad.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Quienes asumirán el incremento en el costo per cápita de los servicios educativos de implementarse el Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), directa e indirectamente, serán los sectores que no fueron consultados en proceso de elaboración de ese instrumento fraguado al amparo de la Ley P.R.O.M.E.S.A. y ordenado por la Junta anti-democrática creada por el Congreso a través de ella: los estudiantes, los asalariados de mediano y bajo nivel y los pensionados. Este fenómeno –que incluye recortes presupuestarios, despidos, consolidación de recintos, aumentos en el costo de la matrícula y el trastoque de los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente y estudiantes, así como de la oferta académico-social de la institución–  no es más que un ejemplo adicional en el patrón, cada vez más evidente, esbozado por las autoridades de la metrópoli hacia el territorio, que condena a las clases desposeídas y asalariadas a asumir el costo económico y la carga social de la contracción, mientras que distribuye el crecimiento existente entre los representantes de sus intereses. Hoy Puerto Rico, y su universidad, resultan duramente penalizados por el resultado de políticas exógenamente controladas. Quienes impusieron las leyes de Cabotaje a Puerto Rico no verán sus derechos afectados. Quienes controlan las aduanas y las fronteras no recibirán recortes. Quienes incluyeron a Puerto Rico en el ámbito de aplicación de la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución Federal para que no pudiéramos proteger nuestras industrias, servicios y recursos no verán sus intereses menoscabados. Para quienes caprichosa y arbitrariamente juegan con el ordenamiento que restringe la inversión internacional en Puerto Rico, hoy es un día más.

La existencia de la Junta de Supervisión Fiscal, sin representación legítima ni el aval del gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico, diseñada para la consecución de intereses económicos ajenos a las necesidades contextuales del país y en perjuicio de nuestro desarrollo auto-sostenible, condena a Puerto Rico a la más paupérrima de las condiciones sin que haya consecuencias para quienes cometen esta transgresión internacional. Esta agencia de cobros supra-estructural, que auspicia el desmantelamiento objetivo de todo nuestro andamiaje laboral y de justicia social, hoy ha puesto la mirilla sobre la UPR. Empero, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no abandonará su primer centro docente ni lo entregará a los buitres. La UPR es un organismo productor de profesionales de calibre mundial. Y constituye, a su vez, el único mecanismo asequible de movilidad social para muchos jóvenes pobres de nuestro país. Si la Junta de Supervisión Fiscal se ha fijado como meta la destrucción de una estructura vital para el desarrollo y la sostenibilidad del país, no lo hará sin nuestra más acérrima oposición.

  

El gobernador de Puerto Rico ha afirmado una y otra vez que la Junta no puede utilizar sus alegadas prerrogativas como subterfugio para usurpar o restringir el ámbito de operación del Gobierno electo de Puerto Rico, y que las “recomendaciones” emitidas más recientemente por ese verdugo del desarrollo equitativo, interfieren impermisiblemente con sus poderes. “The Government will not allow the takeover of these powers, and therefore cannot be compelled to implement many of the suggested revisions”, expuso.

Es tiempo de que el gobierno de Puerto Rico actúe contra los abusos de la Junta de Supervisión Fiscal colonial y tome pasos afirmativos para garantizar la defensa y permanencia democrática de la Universidad. Por tanto, a través de esta Resolución Conjunta, el Gobierno de Puerto Rico, como catalizador del desarrollo educativo y profesional de este pueblo, le ordena a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que no imponga el alza en los costos de matrícula, ni el cierre y/o consolidación de recintos, así como ninguna otra recomendación, medida, plan fiscal o directriz fraguada por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A., u ordenada al amparo de ese estatuto, que trastoque el costo per cápita de los servicios educativos, los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente o de los estudiantes, la oferta y programación académicas y/o sociales de la institución o cualquier otro asunto inherente a la Universidad.

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se le ordena a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que no imponga el alza en los costos de matrícula, ni el cierre y/o consolidación de recintos, así como ninguna otra recomendación, medida, plan fiscal o directriz generada por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A., u ordenada al amparo de ese estatuto, que trastoque el costo per cápita de los servicios educativos, los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente o de los estudiantes, la oferta y programación académicas y/o sociales de la institución o cualquier otro asunto inherente a la Universidad.

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta tendrá vigencia inmediata después de su aprobación.