GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va. Asamblea3 ra. Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 215

2 de abril de 2018

 

Presentada por el señor Dalmau Ramírez 

 

Referida a la Comisión de

 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA

 

 

Para ordenarle al Secretario de Hacienda que durante el año fiscal en curso, y los dos años fiscales subsiguientes, no realice desembolsos por concepto de pagos de salarios, gastos operacionales y/o contratación de servicios destinados a la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por la Ley P.R.O.M.E.S.A.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La imposición de una Junta de Supervisión Fiscal sin representación legítima ni el aval del gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico, diseñada para la consecución de intereses económicos ajenos a las necesidades contextuales del país y en perjuicio de nuestro desarrollo auto-sostenible constituye un ejercicio imperial bochornoso y vedado por el ordenamiento internacional. La situación precaria del erario público es innegable. No obstante esta Junta, lejos de fungir como un organismo que viabilice la reestructuración y/o condonación de la deuda en términos favorables para el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico, se ha formulado como una agencia de cobros supra-estructural que auspicia el desmantelamiento objetivo de todo nuestro andamiaje laboral y de justicia social. Así, se ha convertido en fuente de ingresos injustificados para quienes pretenden enriquecerse a costa del fisco territorial. 

La Junta, que en su primer año procuró un presupuesto de $31 millones, elevó su presupuesto a $60 millones para el año fiscal en curso y solicita la adjudicación de $80 millones para el año subsiguiente. Este patrón de malbaratación de fondos, sin beneficio alguno para el pueblo es inaceptable en cualquier país, pero especialmente ofensivo para un sistema en quiebra. Igualmente injustificados resultan los salarios que sus componentes devengan. Según expuesto en la página web de la Junta, el costo anual de esos salarios para el pueblo de Puerto Rico es de $1,695,000 anuales, lo que incluye el sueldo exorbitante de $625,000 al año atribuido a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

En una carta cursada por el gobernador de Puerto Rico el pasado 1 de abril de 2018 a la Junta éste afirmó que ese organismo no puede utilizar el Plan Fiscal como subterfugio para usurpar o restringir el ámbito de operación del Gobierno electo de Puerto Rico en lo correspondiente a legislación y asignación de fondos, y que las “recomendaciones” emitidas más recientemente por la Junta interfieren impermisiblemente con sus poderes. “The Government will not allow the takeover of these powers, and therefore cannot be compelled to implement many of the suggested revisions”, concluyó el gobernador. Mientras que el chairman del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Rob Bishop, insiste en que a la Junta “[s]e le ha delegado un deber estatutario para ordenar cualesquiera reformas –sean fiscales o estructurales–, al gobierno de Puerto Rico para asegurar cumplir con el propósito de P.R.O.M.E.S.A..

Es tiempo de que el gobierno de Puerto Rico, en todas sus ramas y dependencias, actúe ante los abusos de la Junta de Supervisión Fiscal colonial y tome pasos afirmativos –más allá de expresiones epistolares– para garantizar la defensa de nuestros intereses. Por tanto, a través de esta Resolución Conjunta, el Gobierno de Puerto Rico, como garante de la seguridad y bienestar general de este pueblo, le ordena al Secretario de Hacienda que durante el año fiscal en curso y los dos años fiscales subsiguientes no realice desembolsos por concepto de pagos de salarios, gastos operacionales y/o contratación de servicios destinados a la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por la Ley P.R.O.M.E.S.A.

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se le ordena al Secretario de Hacienda que durante el año fiscal en curso, y los dos años fiscales subsiguientes, no realice desembolsos por concepto de pagos de salarios, gastos operacionales y/o contratación de servicios destinados a la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por la Ley P.R.O.M.E.S.A.

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta tendrá vigencia inmediata después de su aprobación.