GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va Asamblea5ta Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.  1185

 

01  de febrero de 2018

 

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a la Comisión de

 

LEY

 

Para establecer la “Ley de Transparencia Gubernamental en las Comunicaciones”;
requerir que en toda entrevista o comparecencia oral, visual o escrita de un funcionario público ante medios masivos de comunicación y/o digitales en la que se utilicen, eroguen o inviertan fondos públicos se identifiquen el uso de tales fondos y a la persona o empresa gestora, solicitante, intermediaria o coordinadora correspondiente al final y principio de la transmisión; y para decretar otras disposiciones complementarias.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico dispone que “[s]olo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”.1 Con relación a esta disposición, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dictaminado que “[d]icho mandato constitucional obliga a todo organismo gubernamental, tanto a nivel estatal como municipal, a velar y asegurar el desembolso legítimo de todos los fondos públicos”.2 De hecho, tanto la Rama Legislativa como la Judicial coinciden en que el objetivo de proteger la gestión y los fondos públicos de prácticas y actos ilícitos, antiéticos o impropios de sus funcionarios, designados o electos, constituye un interés apremiante del Estado.3

El presente estatuto requiere que en toda entrevista o comparecencia oral, visual o escrita de un funcionario público ante medios masivos de comunicación y/o digitales en la que se utilicen, eroguen o inviertan fondos públicos se identifiquen el uso de tales fondos y a la persona o empresa gestora, solicitante, intermediaria o coordinadora de tal entrevista o comparecencia al final y principio de la transmisión. La medida se presenta en la consecución del objetivo apremiante previamente invocado: Que no se evada el mandato constitucional que exige que los fondos públicos se utilicen para fines públicos cuando alguna persona natural o jurídica coordine la comparecencia de algún funcionario ante los medios de comunicación con el fin de resaltar su imagen ante el país o, de alguna otra manera, beneficiarle de forma particular. No debe permitirse la confusión del beneficio público con el de una persona específica que ocupa una posición de servicio, sea por elección o designación. Lo que es más, el Estado no necesita esperar que se produzcan solicitudes formales de información para ser proactivo en la diseminación de información que demuestra el sano uso de los fondos allegados al fisco mediante la prestación de contribuciones. El pueblo tiene un derecho constitucional a acceder la información pública.4 Con esta ley, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico viabiliza ese acceso de forma proactiva en el contexto de la erogación de fondos para la comunicación gubernamental.

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título

Esta Ley se denomina “Ley de Transparencia Gubernamental en las Comunicaciones”.

Artículo 2.- Requerimiento de divulgación

En toda entrevista o comparecencia oral, visual o escrita de un funcionario público ante medios masivos de comunicación y/o digitales en la que se utilicen, eroguen o inviertan fondos públicos se identificarán el uso de tales fondos y a la persona o empresa gestora, solicitante, intermediaria o coordinadora de tal entrevista o comparecencia al final y principio de la transmisión.

Artículo 3.- Penalidad

Toda persona natural o jurídica que fallare en divulgar la información requerida por el Artículo 2 de esta ley incurrirá en un delito menos grave y, convicta que fuere, se le impondrá una multa no menor de tres mil dólares ($3,000) ni mayor de cinco mil dólares ($5,000) por cada transmisión, a discreción del tribunal.

Artículo 4.- Cláusula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

Artículo 5.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

1

 Const. P.R., Art. VI § 9.

2

 E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 D.P.R. 464, 474 (2012) (Sentencia).

3

 Véase, por ejemplo, RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 D.P.R. 424, 463 (1996) (J. Negrón García, Opinión Concurrente); In Re: Hon. Sergio L. Torres Torres, Alcalde Municipio De Corozal, 2016 T.A. 2143; Ley Núm. 1-2003 (Exposición de Motivos).

4

 Soto v. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982); Ortiz Rivera v. Bauermeister, 152 D.P.R. 161 (2000).