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Junta de Planificación es un obstáculo para establecer un Plan serio

 

San Juan, Puerto Rico, 4 de septiembre de 2019– El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, exigió a la recién nombrada Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, a tomar medidas cautelares mientras se espera por el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

La Ley 33-2019, que estableció la política pública con relación al cambio climático, facultó a la Comisión Conjunta a examinar, investigar y evaluar todo lo concerniente a la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, incluyendo estudiar y aprobar el Plan que será sometido por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

“Ahora mismo se están tomando acciones que afectan el medio ambiente y la salud de las comunidades que no se puede esperar para detenerlas. La Comisión Conjunta debe tomar acciones urgentes, que luego se podrían revisar cuando se presente el Plan”, dijo Dalmau Ramírez.

El senador del PIP propuso detener las construcciones de hoteles en Rincón y en Río Grande, para evitar el impacto en los recursos y reservas naturales; y aprobar los proyectos de su autoría para proteger siete Reservas Naturales, que están siendo amenazadas por la Junta de Planificación (JP) ante los cambios propuestos al Mapa de Distritos de Calificación de suelos.

Para Dalmau Ramírez, la JP es el enemigo de cualquier plan sobre cambio climático que se quiera seriamente establecer.

“Hay que detener ese atropello que está cometiendo la Junta, que al parecer planifica para unos intereses que no son los del pueblo de Puerto Rico. Por eso también hay que aprobar la moratoria de construcción en la zona costanera (PS 1122) y detener la colocación de antenas en las comunidades, como los casos de Aguada y Salinas, incluyendo las 5G. Si no detenemos este desastre promovido por la JP y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), debilitará la aplicación del Plan para el Cambio Climático”, aseveró.

El líder del PIP hizo un llamado también a la Cámara de Representantes a aportar en este proceso de cambios necesarios.

“La Cámara tiene ante sí dos proyectos importantísimos que beneficiaría a mejorar nuestra situación ambiental y de salud. Uno es el proyecto del senador Seilhamer para prohibir el uso de cenizas de carbón (PS 1221), ya aprobado por unanimidad en el Senado, y el otro es nuestra propuesta (PS 130) para prohibir el uso del peligroso glifosato en las propiedades públicas”, comentó.

Dalmau finalizó señalando que cualquier Plan sobre Cambio Climático a establecerse tiene que dar participación real y surgir de las comunidades.

“Como establecí en el proyecto sobre la Ley de Resiliencia de Puerto Rico (PS 719), todo proceso debe comenzar desde las comunidades, que son las más afectadas por las malas decisiones de las agencias de gobierno y el cambio climático. La Comisión Conjunta sobre Cambio Climático de la Asamblea Legislativa puede cambiar desde ahora las acciones incorrectas del pasado”, terminó Dalmau.

San Juan. 2 de septiembre de 2019. – Extender protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima lacerada por actos de “bullying” y enmendar la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que los niños registrados en el Programa de Educación Especial que no hayan cumplido veintiún (21) años de edad deben considerarse “menores” a los efectos de la aplicación de la ley referida, son los objetivos que persiguen los proyectos del Senado 1347 y 1356, de la autoría del Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez.

El legislador independentista indicó que ambas medidas buscan hacer justicia y ampliar las protecciones de los estudiantes que forman parte del Programa de Educación Especial. En cuanto al PS 1347, el senador Dalmau Ramírez subrayó que está dirigido a atender circunstancias excepcionales que permanecieron desatendidas por “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”.

El Artículo 9 del estatuto (Ley Núm. 85–2017) determina que, en aras de que sean atendidos desde una óptica terapéutica, los casos de “bullying” en que resulten denunciados estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación se regirán por los procedimientos disciplinarios contenidos en el “Manual de Procedimiento de Educación Especial”. 

“Sin embargo, la Ley Núm. 85–2017 y el “Manual de Procedimiento de Educación Especial” no contemplan cómo debe procederse cuando tanto la víctima como el niño denunciado se encuentren registrados en el referido Programa de Educación Especial, particularmente para proteger a la víctima de futuros actos constitutivos de hostigamiento, intimidación, agresión o “bullying”. Con este proyecto de ley buscamos atender esas circunstancias especiales no previstas por el estatuto original, extendiendo protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima lacerada por otros niños registrados en el Programa de Educación Especial y salvaguardar un balance de intereses entre los derechos de unos y otros que garantice la dignidad de todas las partes.”, puntualizó el senador pipiolo.

El Portavoz del PIP en el Senado anunció además la radicación del P. del S. 1356, una medida que busca enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 246–2011, según enmendada, denominada “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que los niños registrados en el Programa de Educación Especial que no hayan cumplido veintiún (21) años de edad deben considerarse “menores” a los efectos de la aplicación de la ley referida.

La “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” sólo protege expresamente a los menores a hasta los dieciocho (18) años de edad, sin hacer reconocimiento específico de las protecciones legales especiales que pudieran necesitar los menores con diversidad funcional entre los dieciocho (18) y los veintiún (21) años de edad ante los escenarios de maltrato y peligro previstos por ese estatuto. 

“Como parte de nuestro compromiso con la población con diversidad funcional en Puerto Rico, buscamos que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico determine extender los derechos, protecciones y cuidados que la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” antes sólo ofrecía a los menores que no hubiesen cumplido los dieciocho (18) años de edad, a toda persona registrada en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación que no hubiere cumplido los veintiún (21) años de edad. De esta manera armonizamos el ordenamiento aplicable a las personas con diversidad funcional para que ellas y ellos, que todavía se encuentran en su proceso educativo formal bajo la supervisión del Departamento de Educación, no queden desprotegidos ante situaciones de maltrato y peligro una vez cumplen los dieciocho (18) años de edad”, sentenció el senador Juan Dalmau Ramírez.

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A casi dos años del huracán María existen aún muchas áreas indefensas en el país

 

San Juan, Puerto Rico, 26 de agosto de 2019 – El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, insistió en que el gobierno de Puerto Rico tiene que invertir en la reducción del riesgo de desastres y en los planes de resiliencia, proceso que debe comenzar desde las mismas comunidades que son las más afectadas con el paso de diversos fenómenos atmosféricos.

Dalmau Ramírez sometió el 16 de noviembre de 2017, el Proyecto del Senado 716, para crear la “Ley de Resiliencia de Puerto Rico” y establecer política pública sobre la reducción del riesgo de desastres y respuesta comunitaria descentralizada como parte integral de la dimensión ambiental, social, económica y política del desarrollo sostenible.

“El PS 716 es un mapa de ruta para planificar, algo que debimos comenzar hace tiempo. Como país, no podemos seguir esperando que lleguen tormentas y huracanes sin tener preparadas a nuestras comunidades y los sectores que viven en áreas más indefensas. Actualmente, no hay un plan ni estructura e insisto que es urgente que se establezcan planes a nivel municipal, regional y nacional.  Esto mejoraría las condiciones socioeconómicas y medioambientales, incluyendo la lucha contra las variables futuras del cambio climático, y las comunidades resultarían más prósperas y seguras que antes. La reducción del riesgo de desastres es una inversión que protege la vida, las propiedades, los medios de sustento, las escuelas, los negocios y el empleo”, explicó.

Algunos de los aspectos que atiende el proyecto son: la elaboración de planes de resiliencia a nivel comunitario, municipal, regional y estatal, fomentando la participación y deliberación comunitaria, en colaboración con el gobierno, diversos sectores (educación, salud, transporte, medio ambiente, académico, empresarial y comercial) y con el apoyo de otras organizaciones internacionales; el establecimiento de un programa sostenible y permanente de capacitación del personal municipal clave, en colaboración con las comunidades, profesionales del sector social, económico e instituciones especializadas locales y nacionales.

“Además, el Departamento de Educación tendrá que incorporar a su currículo cursos educativos sobre la resiliencia, la vulnerabilidad y la reducción del riesgo de desastres; e integrar a la comunidad escolar al desarrollo de los planes de resiliencia en la comunidad donde esté ubicado el plantel escolar. Al igual que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) deberá fortalecer los medios de sustento, la disponibilidad y calidad del agua potable, el abastecimiento de alimentos y otros recursos naturales. Es un proyecto de planificación integral, completo y participativo”, manifestó Juan Dalmau.

El senador del PIP criticó las acciones del gobierno que son contrarias a lo que la realidad del cambio climático está mostrando en Puerto Rico.

“Mientras la erosión costera sigue poniendo en peligro nuestras comunidades y reservas naturales, situación que puede empeorar con el paso de fenómenos atmosféricos, el gobierno continúa dando permisos para construir en las costas o privatizarlas.  Junto con las etapas y el proceso de capacitación, educación y concienciación pública para establecer los planes comunitarios de resiliencia, hay que establecer una moratoria (PS 1122) a la construcción en la zona costanera y aprobar una ley de costas (PS 129) como parte de una planificación a largo plazo”, expresó Dalmau.

Por último, Dalmau Ramírez hizo un llamado a los municipios a tomar iniciativas propias a través de las resoluciones que sometieron los legisladores y legisladoras municipales del PIP, buscando crear planes de resiliencia municipales en conjunto con las comunidades.

 

Capitolio-26 de agosto de 2019:  El Senador independentista Juan Dalmau Ramírez reaccionó a la presentación de la medida para enmendar la Ley 75- Ley de transformación de administración de la Comisión de Servicio Público presentada por el Senador Miguel Laureano y los acontecimientos recientes en donde corrió peligro la vida de un proveedor de servicios Uber.

“Este un asunto de un alto interés público y de seguridad. Se trata de que la empresa que dijo venir a traer mejores servicios de transportación y servicio de entrega de alimentos a base de la tecnología y ha resultado que ha guardado silencio ante los eventos recientes en contra de algunos de sus proveedores de servicio y no ha brindado explicaciones sobre los protocolos de seguridad que se deben utilizar tanto por los consumidores como los que trabajan para la empresa. En estos momentos, cada vez que un proveedor de servicio Uber prende la aplicación para trabajar se está jugando la vida.  Es necesario hacer esta investigación cuanto antes y citar a la Comisión de Servicio Público, a los directivos de la empresa Uber y además representantes de los proveedores de servicios y consumidores con respecto a los problemas de seguridad de servicio. La investigación no está dirigida contra la empresa, sino a favor de quienes trabajan para la misma como un ingreso  principal o accesorio y también en defensa de los consumidores para asegurarnos que el servicio que se brinde sea uno seguro confiable y en protección de la seguridad de quienes utilizan la plataforma”.

 

 

15 de agosto de 2019. San Juan, PR– Amparados en que la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación no debe interpretarse como el punto final de la controversia, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebróny Juan Dalmau Ramírez, anunciaron la radicación de un grupo de medidas dirigidas a investigar sus últimas acciones y decisiones en Fortaleza, las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones y la creación del cargo de Fiscal con Jurisdicción Específica para investigar y procesar criminalmente a las personas que pudiesen haber cometido delitos en el chat de Telegram.

“La mera renuncia del Sr. Rosselló no puede ser la excusa para pasar la página y obviar la posibilidad de la comisión de delitos por funcionarios gubernamentales como ya se ha concluido tanto en un análisis de mi oficina como del Colegio de Abogados y la Comisión de Juristas de la Cámara. Tampoco podemos ignorar las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones por las que ya diversas organizaciones han levantado objeciones. Y de igual forma, hay que revisar minuciosamente todas las acciones y decisiones tomadas por Rosselló desde el momento en que anunció su renuncia al 2 de agosto cuando abandonó el cargo. No existe razón alguna por la que alguien se oponga a investigar estas situaciones.

Sobre la creación del Fiscal con Jurisdicción Específica (PC-2191/PS-1339), para investigar la posible comisión de delitos en el chat de Telegram, Márquez Lebrón precisó que “existe consenso en el país de que dicha investigación no debe ser realizada por los organismos tradicionales de investigación criminal para cancelar cualquier conflicto de interés o apariencia de conflicto”.

En relación a la propuesta legislativa para investigar las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones que exigieron la renuncia de Rosselló (PC-2190/PS-1338), los líderes pipiolos explicaron que la medida busca crear la “Comisión Ciudadana Especial para la Supervisión de la Gestión Policial” con la finalidad de servir como herramienta de fiscalización de la Policía, de modo que labore para tutelar el funcionamiento del cuerpo policial, como uno que genuinamente garantice la más absoluta protección de los derechos humanos.

La tercera medida radicada por los portavoces del PIP en Cámara y Senado (RC-1494/RS-1188) ordenaría a los cuerpos legislativos a realizar una investigación exhaustiva de todas las actuaciones, órdenes ejecutivas, determinaciones, autorizaciones y firmas de contratos, aumentos de sueldos, indultos y acciones realizadas por Rosselló desde el día que anunció su renuncia, hasta la fecha de efectividad de la misma.

Por su parte Dalmau Ramírez, expresó que “este nuevo paquete de medidas busca investigar violaciones a derechos civiles y humanos, investigar delitos cometidos a través del chat fuera de la estructura del Departamento de Justicia y el PFEI e investigar las últimas acciones del exgobernador Ricardo Rosselló en la otorgación de contratos multimillonarios. Si algo quedó claro de las exigencias del pueblo es pedir más transparencia y fin a la impunidad.

Agregó que las medidas radicadas “complementan la propuesta del PIP para enmendar la Constitución creando un referéndum revocatorio al Gobernador, una elección especial abierta para llenar la vacante de Gobernador, la creación de un sistema de segunda vuelta cuando un candidato a Gobernador no obtenga más del 50% de apoyo, además de la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR) al tiempo que agregó que “todas las medidas son el resultado de los eventos del verano del 19”.

Enlace a Medidas

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EL CAPITOLIO. 12 de agosto 2019. – En aras de allegar fondos adicionales a la UPR, de manera que se garantice su permanencia y sostenibilidad, ante las nefastas e inmisericordes medidas de austeridad impuestas sobre ella por la Junta de Control Fiscal y los planes fiscales propuestos por la Rama Ejecutiva local, el senador Juan Dalmau Ramírez anunció la radicación del Proyecto del Senado 1335,  que le brindaría a los conductores multados en Puerto Rico la prerrogativa de pagar las multas expedidas en alguna de las oficinas de recaudaciones de los once recintos de la UPR.

El senador Dalmau Ramírez puntualizó que el PS 1335 enmendaría varios artículos de la Ley Núm. 22–2000, según enmendada, denominada “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.

“Esta medida que proponemos  extendería a los conductores multados en Puerto Rico por violaciones a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” la prerrogativa de escoger dónde cumplirán su responsabilidad administrativa. Estos podrán pagar las multas expedidas a través de los mecanismo previamente establecidos por la Ley, como hasta ahora lo han hecho, u optar por prestar su pago en alguna de las oficinas de recaudaciones de los once recintos de la UPR; en cuyo caso el pago emitido por el conductor se considerará un “ingreso propio” del sistema universitario y la responsabilidad administrativa del conductor se entenderá cumplida.”, subrayó el Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Para el Portavoz senatorial del PIP la UPR es un motor propulsor de movilidad social que no tolera más ajustes y sería inconcebible la inacción legislativa.

“La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no puede permanecer  inerte mientras tanto la Junta de Control Fiscal como los planes fiscales propuestos, en lugar de proteger la salud institucional de la UPR, continúen vapuleando sus recursos.  Permanecer cruzados de brazos nos convertiría en cómplices e implicaría una vil e imperdonable traición a las generaciones futuras. No hacer nada ahora dificultaría la posibilidad de revertir la continua contracción económica en la que estamos sumidos y exacerbaría el alarmante flujo migratoria  entre la gente más joven del país”, sentenció Juan Dalmau.

Finalmente, el también Secretario General del PIP, hizo un llamado urgente a los miembros del Senado para que, sin dilación y con  premura,  aprueben esta ley.

San Juan – 31 julio 2019.- Para los portavoces legislativos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau y Denis Márquez, el liderato del PNP mantiene al pueblo de Puerto Rico como rehén y han antepuesto el apetito voraz electorero a su responsabilidad con el país. Al tiempo que rechazan la nominación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado por responder a los intereses de la Junta de Control Fiscal.

“Desde el instante que se divulgaron las 889 páginas de textos de Ricardo Rosselló y su camarilla, dije que el Gobernador debía renunciar e iniciar de manera inmediata un proceso transparente y ordenado de transición, designando un Secretario de Estado que fuera una persona con historial de probidad moral, sin conflictos públicos o privados aparentes, que fuese una nominación producto del diálogo inclusivo. El liderato del PNP rechazó esa invitación de avenencia y decidió la ruta de dilucidar sus pugnas partidistas internas, al precio del desasosiego de todo el pueblo. Han tratado el proceso de sucesión constitucional y la crisis gubernamental como un proceso interno del PNP. Yo no participo de procesos internos del PNP. No habré de favorecer el nombramiento de una persona, el señor Pedro Pierluisi, producto de ese proceso tóxico, siendo además un paladín de las políticas abusivas de austeridad de la Junta de Control Fiscal”, señaló el senador Juan Dalmau.

El también Secretario General del PIP indicó que votar a favor del nombramiento de Pierluisi sería favorecer el cierre de escuelas y su privatización, aumento de matrícula en la UPR y el cierre de recintos, reducir pensiones, eliminar ‪bono navideño, eliminar derechos de los empleados públicos y privados, entre tantas otras medidas abusivas de la Junta.

“Hay verdugos con buenos modales y verdugos con malos modales, pero en ambos casos no dejan de ser verdugos. Para pocas vergüenzas contra el pueblo conmigo nunca cuentan. Habré de votar en contra de su designación”, sentenció el legislador independentista.

Por su parte, Márquez Lebrón también expresó su oposición al nombramiento de Pierluisi.

“Nos oponemos férreamente al nombramiento de Pedro Pierluisi. Estamos frente a una nominación que representa el traslado de los grandes intereses de la milla de oro a La Fortaleza, como la carbonera tóxica AES, planes médicos y otros. Es el cabildero de todos esos grupos, los conflictos de intereses son insalvables. Por otro lado, su trayectoria choca frontalmente con los mejores intereses del pueblo. Recordemos que bajo el mandato de Fortuño avaló la nefasta Ley 7, convirtiéndose en el verdugo de decenas de miles de trabajadores. Además, fue cómplice del enorme endeudamiento público de dicho gobierno mientras fungió como Comisionado Residente. Más recientemente, actuó como promotor de la Ley Promesa y padrino de la Junta de Control Fiscal cuyo contubernio lo convierte en enemigo de los pensionados, la Universidad de Puerto Rico y de la clase trabajadora en general. Su nombramiento, por último, descubre el secuestro del PNP del proceso de identificar a una persona que represente, al menos mínimamente, los mejores intereses del país. Una vez más, falta en el PNP la voluntad para hacer las cosas correctamente”.

 

Capitolio, Puerto Rico. 17 de junio de 2019.- Ante el grave problema de salud que representa el continuo y dramático aumento del trastorno de obesidad en Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico aprobó unánimemente hoy el Proyecto del Senado 660, de la autoría del Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en dicho cuerpo, Juan Dalmau, para que el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes también sea el organismo responsable de ejecutar la política pública en relación con la planificación, organización, operación y administración de los servicios de investigación, orientación, prevención y tratamientos para la obesidad que han de ser rendidos en Puerto Rico.

“Aunque previamente la obesidad se consideraba un problema propio de los países ricos, actualmente la incidencia de este trastorno continúa aumentando en los países de ingresos bajos y medianos. En Puerto Rico la obesidad representa un grave problema. Según datos de la División de Control y Prevención de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud, entre 1996 y 2015 la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre adultos aumentó de 16.8  a 29.5 por ciento. Entre las edades de 45 y 54 años, un alarmante 79.1 por ciento de la población padecen situaciones de sobrepeso u obesidad”, puntualizó el legislador independentista.

Para el  Portavoz senatorial del PIP la prevención y el tratamiento de la obesidad exigen un enfoque en el que participen todas las instancias gubernamentales y en el que las políticas de todos los sectores tengan en cuenta sistemáticamente la salud, eviten los efectos sanitarios nocivos y, por tanto, mejoren la salud de la población y la equidad en el ámbito sanitario.

“A la luz de estas consideraciones, con la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa da un paso necesario para que el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes coordine e integre, además, todos los servicios educativos, clínicos e investigaciones relacionadas con la obesidad, en particular entre nuestra población. Esto servirá como vector para el desarrollo de nuevas políticas públicas que fomenten la salubridad y bienestar de nuestra gente”, concluyó Juan Dalmau.

“Urjo a la mayoría parlamentaria a dar paso a otras medidas de protección ambiental”

Capitolio. 21de mayo de 2019. – El senador del Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, agradeció la aprobación hoy en la sesión ordinaria del Senado de una medida de su autoría que tiene el fin de delimitar el área exacta a ser protegida del Humedal de la Playa Lucía del Municipio de Yabucoa, declarada Reserva Natural de Puerto Rico. El senador del PIP aprovechó el momento para exhortar a la mayoría parlamentaria a darle la misma atención a otro paquete de medidas de protección ambiental radicadas por él.

“Con la aprobación del Proyecto del Senado 1068 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación, en coordinación con la Administración de Terrenos y el municipio de Yabucoa, delimitarán el área exacta a ser protegida que comprenderá la “Reserva Natural de Puerto Rico Humedal de la Playa Lucía de Yabucoa”. Mediante la aprobación de esta Ley la presente Asamblea Legislativa, en el ejercicio responsable de sus funciones constitucionales, reafirma su compromiso de velar por la protección y preservación de nuestros recursos naturales, para el disfrute y el desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones”, expresó el portavoz senatorial del PIP.

Dalmau Ramírez urgió a la Asamblea Legislativa a aprobar otros de sus proyectos ambientales para reafirmar su compromiso con la protección de nuestro ambiente.

“Hay un catálogo de proyectos dirigidos a dar pasos directos hacia combatir el Calentamiento Global, establecer la Ley de Costas y minimizar la erosión costera (PS 129-2017) y establecer una moratoria a la incineración de desperdicios sólidos para establecer la “Ley para el Desarrollo del Plan de Manejo de Recursos Post Consumo” (PS 444-2017)”, explicó.

Otros proyectos presentados por el senador Dalmau junto al representante Denis Márquez que buscan proteger los recursos del país son crear la “Ley para la Conservación y Protección de los Canales de Riego de Puerto Rico” (PS 344-2017), enmendar la “Ley de las 500 acres” para recuperar terrenos en exceso que se han apoderado las semilleras transgénicas (PS 441-2017) y crear la “Ley para la prohibición del uso del glifosato en el desyerbado de caminos y carreteras estatales o municipales, canales de riego y cualquier propiedad pública” (PS 130-2017).

El líder independentista hizo un llamado a las diversas organizaciones y activistas ecológicos a no cejar de luchar por forjar una mejor calidad de vida.

 

Capitolio. 9 de mayo de 2019. – El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció hoy la radicación de la Resolución del Senado 1090  para que dicho cuerpo repudie el acuerdo propuesto por la

Junta de Supervisión Fiscal con el grupo de bonistas Ad Hoc y la aseguradora Assured Guaranty Corp. sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, por considerarlo un acuerdo nefasto para la AEE y otro golpe que empobrecerá aún más al país.

 

“El acuerdo con el grupo de bonistas Ad Hoc y con la aseguradora Assured Guaranty Corp. anunciado por la Junta de Control Fiscal, en relación a la deuda de la AEE,   tiene como fin perverso viabilizar la entrega acelerada de nuestra red energética a manos privadas  y sentar las bases para la emisión de nueva deuda. Si indignante es la entrega de uno de los principales activos del país a un grupito de privilegiados para su enriquecimiento, más insultante resulta ser que el pago de estos nuevos bonos será sufragado por los abonados del sistema -entiéndase, el Pueblo de Puerto Rico- mediante la imposición de un “cargo de transición” a incluirse en la factura durante los próximos 47 años”, manifestó el legislador independentista.

 

El senador Dalmau Ramírez indicó que, de acuerdo a lo comunicado por la Junta,  el “cargo de transición”  iniciará en 2.7 centavos por kilovatio hora, pero aumentará por los primeros 23 años hasta aproximadamente 4.5 centavos por kilovatio hora; cantidad que se pagará hasta que finalice el término establecido.

 

“El efecto eventual en la factura de este “cargo de transición”, será un aumento en la tarifa mínimo de aproximadamente 26%. Este es un acuerdo nefasto que compromete uno de los motores más importantes para el desarrollo económico del país durante casi 50 años. De implementarse, veremos las manos de la próxima generación atadas y la posibilidad de crecimiento doblegada por las herramientas de la dictadura colonial que representa la Junta de Supervisión Fiscal. Un aumento vertiginoso, como el propuesto, sin duda tendrá un efecto económico agregado sobre la economía incalculable. El costo de operar negocios, pequeños y grandes, se disparará, al igual que los costos de producción. Por esta razón veremos nuevas oleadas de empleados despedidos y aumentos en los precios -desde la canasta básica, hasta artículos de lujo- realizados por empresas que buscan subsanar los efectos del alza en el costo de energía. Esta es una cadena cuyo efecto será el aumento en el costo de vida para una población desempleada y dependiente de programas de asistencia social, que también hemos visto reducidos en años recientes. De forma que este acuerdo se vislumbra como la receta perfecta para la precarización del sector asalariado y la profundización de la depresión económica imperante en la actualidad”, sentenció y advirtió Juan Dalmau.

 

El también Secretario General del PIP expresó que si de algo sirvió la trágica experiencia confrontada por nuestro pueblo en las postrimerías de los huracanes Irma y María, fue para dejar meridianamente claro que la falta de acceso oportuno al servicio de energía eléctrica cuesta vidas.

 

“Hoy no podemos permitir que la disponibilidad de este servicio esencial se coloque en entredicho para nuestra población más empobrecida. Sanamente administrada, y en manos del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica no sólo constituye una herramienta de desarrollo económico, sino que además permite la ejecución de políticas dirigidas a asegurar la vida y dignidad de sectores otrora desprotegidos. Avalar la nueva carga que pretende imponérsele a este pueblo, según propuesta en el acuerdo ante la consideración del país y de la juez Laura Taylor Swain, sería colocar las vidas de nuestros envejecidos y enfermos al arbitrio del mercado durante los próximos 47 años. La vida y la dignidad son nuestras primeras prioridades, no las ganancias de un sector desvinculado del sufrimiento de nuestra población. Por eso el Senado de Puerto Rico, cuerpo representativo  electo democráticamente por los puertorriqueños y puertorriqueñas, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, debe repudiar este acuerdo enérgicamente”, finalizó diciendo el senador Juan Dalmau.

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Capitolio, Puerto Rico. 6 de mayo de 2019 .- El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un primer informe parcial que da cuenta de la investigación que realiza la comisión de Hacienda de dicho Cuerpo, a la luz de la Resolución del Senado 5, de la autoría del Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, sobre la efectividad de los decretos de exención contributiva concedidos a empresas que se acogen a los beneficios de la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico.

“Esta investigación del Senado, confirma nuestras sospechas, que la política de decretos de exención está por la libre. La investigación, hasta el momento, ha destapado que las agencias obligadas por ley a rendir cuenta a la Asamblea Legislativa no han sometido desde el año 2014 los informes anuales correspondientes, ni tampoco han hecho evaluación alguna sobre los informes previos al 2014 en cuanto a si las empresas que se han acogido a estos beneficios están cumpliendo con las condiciones impuestas por los decretos de exención. Es decir, si crean los empleos y estimulan la economía a cambio de la exención otorgada”, puntualizó el Senador Juan Dalmau.

“¿Cómo es posible que en momentos que se evalúa un Código de Incentivos no tengamos información certera y disponible sobre los resultados de los decretos de exención otorgados? Estamos legislando política pública a ciegas”, sentenció el legislador independentista.

Para el  Portavoz senatorial del PIP,  “ante la nebulosidad y falta de transparencia que provoca el incumplimiento gubernamental con la Sección 15 de la Ley 73-2008 sobre la radicación de informes anuales,  ante la ausencia de un análisis sobre la efectividad o beneficios para el país de la inversión del gobierno en esta política de decretos de exención, y ante la falta de explicaciones sobre  el proceso de otorgación de las exenciones, es necesario exigir cuentas para que el país conozca, si las exenciones otorgadas se justifican por el bien de los empleos o desarrollo económico, o si se trata de un beneficio corporativo cuyo único resultado es enriquecer aún más a estos mogules extranjeros multimillonarios,  a costa de un mayor empobrecimiento de los puertorriqueños”, concluyó Juan Dalmau.

EL CAPITOLIO. 23 de abril de 2019.  –Justo en la vista pública en la que se discutía hoy la designación del militar Elmer Román González para dirigir el Departamento de Seguridad Pública,  el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, le dejó saber de frente al funcionario su rechazo al tronar en contra de su nombramiento.

El legislador independentista manifestó en declaraciones escritas posteriores a la vista que su oposición a la designación del Sr. Román se fundamenta en su repudio a que se continúe importando gente para dirigir agencias en el país, “y para colmo militares para manejo de seguridad, en claro menosprecio e insulto a los muchos funcionarios capaces y comprometidos en Puerto Rico que conocen mejor que cualquiera de afuera la idiosincrasia del grave problema de criminalidad que arropa al país”.

“Las motivaciones de mi oposición son la existencia de una de estructura supra burocrática  que desmoviliza los componentes que están bajo esa sombrilla, que ha demostrado ser totalmente ineficaz y,  como ya dije, el que se repita la idea de que mientras más estrellas en el hombro del uniforme militar lleve el designado y de más lejos venga, mayor la garantía de seguridad en el país. Me parece que esa es una ruta que aquí ha fracasado y que no estoy dispuesto a apoyar”, subrayó Juan Dalmau.

Dalmau Ramírez recordó que la designación de agentes federales o militares al cargo no ha demostrado que estos sean la solución a los problemas de criminalidad de la Isla. Como ejemplo, mencionó el mandato de José Figueroa Sancha y el del saliente Héctor Pesquera, así como el breve interinato de James Tuller.

“El aumento dramático en los asesinatos, la ausencia de seguridad en el país, el atropello, abandono  y trato injusto a la Policía de Puerto Rico por parte de distintas administraciones, imponen sobre el Senado la urgencia y obligación de ejercer con más rigurosidad nuestra función ministerial de consejo y consentimiento. Desde ya advierto que avalar nuevamente el nombramiento de otro de afuera, totalmente ajeno a la realidad del país y a lo que sucede en la Policía, con la misma visión paramilitar fracasada, sería un gravísimo error que repercutirá gravemente en el pueblo”, sentenció Dalmau.

El hecho de que se resaltarán como las principales virtudes de Elmer Román su carrera en el Departamento de la Defensa y su vínculo a la Marina de los Estados Unidos abonan a las razones del líder pipiolo para oponerse a su nombramiento. “Quien dirija la seguridad del país debe ser una persona con una visión de la Policía comunitaria y de prevención. La idea del policía militar es una de intervención directa y declaración de guerra. Lejos de la función civil de traer serenidad y paz. Por eso la American Civil Liberty Union, así como el propio monitor federal, tuvo enfrentamientos con el anterior Secretario de Seguridad pública  debido a su visión de azotar primero, y preguntar después.   Ese no debe ser el rol de la Policía. Esta visión es peligrosa para el Policía y para el ciudadano”, concluyó.