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EL CAPITOLIO. 20 de noviembre de 2019.  –  Luego de que la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobase, a altas horas de la noche en el último día de sesión ordinaria, el nuevo Código Electoral (P. del S. 1314), el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, informó que le cursó una carta a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, solicitándole una audiencia urgente para conversar con ella sobre los peligros del proyecto y de cómo, de convertirse en ley, atentaría contra el ordenamiento y la confiabilidad del proceso electoral.

“La gobernadora Wanda Vázquez se encuentra en uno de los momentos definitorios de su incumbencia. O se presenta ante los ojos del país como una gobernadora que asume su responsabilidad ministerial de garantizar un proceso electoral pulcro y justo haciendo frente a esta barbaridad mediante el veto de este proyecto. O le da espalda al pueblo plegándose a las arbitrariedades antidemocráticas del liderato del PNP en la Asamblea Legislativa que pretenden cambiar las reglas de juego en el umbral del inicio del año electoral”, puntualizó el legislador independentista.

El senador Dalmau Ramírez le expresó, además, en su comunicación a la Gobernadora que el Proyecto del Senado 1314 transforma el proceso electoral en términos procedimentales y sustantivos, en uno antidemocrático y excluyente y que se aprobó sin el consenso de los partidos políticos representados en la Comisión Estatal de Elecciones ni de agrupaciones en vías de inscripción o candidatos independientes.

“Por lo anterior, deseo solicitarle una audiencia urgente para conversar con usted, como lo hicimos el 21 de septiembre del corriente, para expresarle específicamente qué áreas del proyecto son áreas que atentan contra nuestro ordenamiento electoral y la confiabilidad que debe existir al momento de que nuestro pueblo emita el voto en las urnas. El Representante Denis Márquez, me acompañaría en ese encuentro”, culmina expresándole en su misiva Juan Dalmau a Vázquez Garced.

Capitolio. 4 de noviembre de 2019. – A 10 días del cierre para la aprobación de medidas de la actual Sesión Legislativa, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, advirtió que el país enfrenta la amenaza de que sean consideradas de manera atropellada y a la trágala tres medidas que han sido producto del oscurantismo legislativo y las peores costumbres de exclusión ciudadana.

“El P. del S. 1314, para el cual solo se hizo una vista pública en verano, con oposición generalizada, busca cambiar las reglas del proceso electoral a pocos días del inicio de radicación de candidaturas y a un mes y medio del inicio del año electoral. El proyecto trastoca de manera arbitraria los pilares de un sistema electoral que por décadas ha velado por garantizar la inclusividad con participación de las minorías y establece un régimen que carga los topos a favor de la administración de turno”, sentención el senador del PIP, quien fue Comisionado Electoral de la colectividad.

El legislador independentista también levantó bandera sobre los riesgos de que se aprueba el P. de S. 1333. A su juicio, padece de la misma visión excluyente del PS 1314, ya que con la enmienda propuesta a la Ley de Municipios Autónomos excluiría el equivalente de los mecanismos de representación de minorías, y haría imposible la presencia de un tercer partido como el PIP en las legislaturas municipales.

“En lugar de ampliar la participación de todos los sectores a base de un mecanismo de representación proporcional, se pretende eliminar el espacio que actualmente se le reconoce al tercer partido por el voto obtenido.  Ambos proyectos demuestran la actitud anti independentista prevaleciente en los procesos de representación electoral de parte del partido de gobierno, un PNP herido en su credibilidad ante la opinión pública, al asumir como dogma o consigna la práctica que algunos de ellos mismos han calificado como el banquete total” puntualizó Dalmau Ramírez.

Otra medida que preocupa al Portavoz del PIP en el Senado es el Proyecto de la Cámara 1654, el cual crea un nuevo Código Civil. “Sería un acto de suprema irresponsabilidad legislativa el que, a 10 días del cierre para la aprobación de medidas de la actual Sesión, se apruebe un proyecto, que no ha sido llevado a vista pública ni evaluado en el Senado, que altera peligrosamente las relaciones jurídicas de contratos, herencias, propiedad y relaciones de familia, entre otros”, manifestó.

“Aprobar estos tres proyectos tendrá un impacto peligroso en grandes sectores de nuestra sociedad”, concluyó el senador Juan Dalmau.

San Juan, Puerto Rico. 28 de octubre de 2019. – “Resulta contradictorio, por no decir vergonzoso y preocupante que una empresa como LifeLink invierta tiempo y esfuerzos en una campaña de desinformación y mentiras sobre el Proyecto del Senado 1186 de donación de órganos y tejidos. Si fuera cierto que LifeLink tiene un compromiso con aumentar la donación de órganos, que piensa y ha manifestado que hay un déficit de órganos y tejidos para ser trasplantados y que cree que las personas tengan la última palabra al momento de decidir ser donantes de órganos, no existe razón válida para oponerse a este proyecto. A no ser, claro está, que la verdadera razón de su oposición a la medida, y espero que no lo sea, fuese su obstinado deseo en mantener un acaparamiento del mercado de la donación de órganos con una visión lucrativa en lugar de una visión salubrista y de protección de vidas”. Así reaccionó el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalamu Ramírez, autor de la medida, a las expresiones de LifeLink en oposición al proyecto.

“El Proyecto del Senado 1186 busca establecer una política pública donde toda persona mayor de 21 años sea potencialmente un donante de órganos y tejidos para salvar y garantizar la calidad de vida de personas cuyas necesidades médicas requieren un trasplante de órganos y tejidos.  La medida no obliga a que las personas sean donantes de órganos. Como cuestión de hecho, el proyecto reconoce la autoridad y derecho de toda persona  a autodeterminarse sobre su cuerpo, la manera en que quiere o no quiere ser donante de órganos, dispone múltiples instancias mediante las cuales las personas pueden manifestar que no quieren ser donantes de órganos, entre ellos, una declaración escrita,  mediante testamento, al momento de tramitar su licencia de conducir,  mediante una comunicación por Internet, entre otros. Incluso, si una persona nunca ha hecho la declaración y fallece, su familia puede determinar que no sea donante de órganos”, puntualizó el legisldor independentista.

El senador Dalmau Ramírez, además, anticipó que mañana martes llegará a Puerto Rico el Dr. Carlo Bosques, quien es parte del grupo de médicos Clinicians for Progressive Care de Johns Hopkins, NYU,  para participar de una serie de encuentros y para orientar sobre la importancia de adoptar una política pública como la que contiene el Proyecto del Senado 1186. “El Dr. Bosques es parte de un esfuerzo de múltiples profesionales y y activistas que se han sumado al reclamo de que el proyecto sea aprobado.” 

El P del S 1186 goza del apoyo, entre otros, de Sorimar Betancourt, presidenta de la Fundación Stefano Steenbakkers Bentancourt y de Carlos Negrón, padre de Karla Michelle, la última jóven víctima de una bala perdida, cuyos órganos fueron donados a petición de su familia. 

 

El Capitolio24 de octubre 2019 – Ante el Informe Positivo sometido por la Comisión de Salud del Senado recomendando la aprobación del P. del S. 1186 para establecer la “Ley de Solidaridad Anatómica de Puerto Rico”, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en dicho cuerpo, Juan Dalmau Ramírez, hizo un llamado urgente, junto a Sorimar Betancourt, de la Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt, y Carlos Negrón, padre de Karla Michelle Negrón, la quinceañera que murió tras ser herida por una bala perdida la Noche Vieja de 2011, para que la medida sea llevada a votación y aprobada con celeridad para ayudar a las más de 500 personas que en Puerto Rico hoy están esperando por un trasplante de órgano. El proyecto tiene como objetivo que toda persona mayor de 21 años domiciliada en Puerto Rico se presuma donante de órganos y tejidos.

El Portavoz senatorial del PIP puntualizó que la medida viene a subsanar la brecha existente entre la necesidad de órganos y tejidos que salvan vidas y su disponibilidad.  “No hay razón para que en un país en el que un gran por ciento de los adultos está a favor de la donación de órganos, existal un bajo por ciento figure inscrito como donante. Esta ley busca subsanar el problema sistémico y procesal que dificulta o impide que el deseo solidario de la inmensa mayoría de nuestra gente en ser donante se pueda cumplir. Sabemos que tenemos la oportunidad de salvar muchas más vidas”, puntualizó.

Autoridades en el tema advierten que la escasez de órganos para trasplante es un problema de salud pública mundial, y que la situación se ha profundizado en Puerto Rico como consecuencia del alza vertiginosa en la migración, y otros efectos negativos del huracán María, que han redundado en una disminución en la cantidad de donantes. “El estado de derecho actual requiere que los donantes, o en su defecto los familiares más cercanos, opten afirmativamente por la donación. Con esta medida propongo que emulemos los modelos europeos y latinoamericanos que se han movido a un sistema de consentimiento presumido o tácito, para que se considere a toda persona como donante, a no ser que haya hecho constar que no desea serlo. En países como España, Gales, Croacia, Portugal, Bélgica, Italia, Francia, Noruega, Argentina y Chile el efecto de una política pública como esta ha sido un aumento en las donaciones de órganos y tejidos que ha prolongado o mejorado la calidad de vida de quienes se encuentran en estado de necesidad”, apuntó el líder pipiolo.

El senador Dalmau Ramírez destacó que a quienes interesen rechazar la opción de donar órganos por cualquier consideración se les garantizará el derecho de hacerlo a través de diversos mecanismos. “Aquellas personas que no deseen figurar como donantes podrán hacer constar su oposición electrónicamente a través del Registro de Donantes de órganos, ojos y tejidos, mediante una declaración previa de voluntad o relegando esa autoridad a alguna persona autorizada por la Ley”, expresó el Senador Juan Dalmau.

El Capitolio. 6 de octubre de 2019 – El Senado de Puerto Rico aprobó en Sesión Ordinaria durante la más reciente semana la Resolución Conjunta del Senado Núm. 376, radicada por petición por los estudiantes de la Escuela Apolo San Antonio de Vega Alta con el auspicio del Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, Juan Dalmau Ramírez.

La medida aprobada tiene el propósito de ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico dar cumplimiento preciso e inmediato a lo dispuesto en la “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”. Esa legislación, vigente desde el año 2000, requiere al Departamento de Educación implementar programas de reciclaje en todas sus escuelas en coordinación con los municipios.
“Es motivo de profunda satisfacción que el Senado haya aprobado una medida que surge del reclamo de jóvenes conscientes, que ansían conservar el planeta para el disfrute de generaciones futuras, pero no han hallado el apoyo estructural para lograrlo. Ojalá, esta acción sirva de estímulo para que el gobierno, en particular aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de dirigir las agencias encargadas de estos temas, se nutra de la energía y el amor por la conservación del medio ambiente que exhiben nuestros estudiantes”, sentenció Dalmau Ramírez.
El legislador independentista subrayó que, transcurridos casi veinte años desde la aprobación de la Ley, los programas formales de reciclaje brillan por su ausencia en las escuelas públicas del país.
Ante la insistente denuncia de esta situación y el compromiso del senador Dalmau Ramírez en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, los estudiantes de la escuela Apolo San Antonio de Vega Alta se idearon presentar la Resolución Conjunta del Senado Núm. 376 por petición, la cual se suma al amplio grupo de medidas ambientales radicadas por el Portavoz senatorial del PIP.
La escuela Apolo San Antonio ha estado trabajando arduamente creando proyectos innovadores de impacto a la comunidad y se ha distinguido por desarrollar estrategias de concienciación ambiental y promoción del reciclaje como mecanismo para atender parte de la crisis que confronta el país con relación a la producción y disposición de desperdicios sólidos.

San Juan Puerto Rico. 28 de septiembre de 2019. – Ante las denuncias de miles de maestras y maestros del sistema de educación pública del país sobre el incumplimiento del Departamento de Educación (DE) con la Ley de la Carrera Magisterial, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció la radicación de la Resolución del Senado 1190 a los fines de ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria de dicho cuerpo realizar una investigación al respecto, particularmente los incentivos establecidos en la Ley para el personal docente, así como los derechos de ascenso y los procedimientos instituidos para honrarlos.

“Para aquellos participantes del Plan de Carrera Magisterial, la Ley Núm. 158-1999, según enmendada, estableció una serie de incentivos escalonados para los maestros y maestras. También definió el derecho de ascenso que cobija al personal docente e instituyó procesos legales para honrarlos. Sin embargo, los maestros y maestras han reclamado durante años que el Departamento de Educación no da cumplimiento exacto ni oportuno a las disposiciones de esa Ley o los reglamentos promulgados al amparo de ella. Denuncian que no se han llevado a consecución los acuerdos hechos con miles de maestras y maestros a quienes la agencia les aprobó su Plan de Carrera Magisterial, ni observado diligentemente los procesos que la Ley requiere, por lo cual ellos y ellas todavía esperan por que se reconozcan los beneficios y derechos adquiridos bajo dicho programa”, sentenció el legislador pipiolo.
El senador independentista subrayó que la clase magisterial ha cumplido con su responsabilidad de prepararse para impactar al estudiantado de forma efectiva y en ese esfuerzo muchos de ellos y ellas han invertido miles de dólares confiando en la promesa empeñada por su gobierno mediante legislación.
“Por tal razón, he radicado esta resolución investigativa con la certeza de que el Senado de Puerto Rico ejercerá su función fiscalizadora para asegurarse de que el Departamento de Educación cumpla con la parte que le corresponde, en atención a los derechos adquiridos de cada docente en el país”, concluyó el senador Juan Dalmau.

San Juan, Puerto Rico. 19 de septiembre de 2029.- Ante la cercanía del 1 de octubre, fecha en la que entrará en vigor la denominada “Tasa Reducida de IVU” en restaurantes y establecimientos que vendan alimentos preparados, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, informó haber radicado una medida que busca proteger los derechos de los consumidores puertorriqueños mediante un mecanismo que garantice el alivio prometido en sus bolsillos con la propuesta reducción del IVU de un once y medio por ciento (11.5%) a un siete por ciento (7%).

“Para que los restaurantes puedan reducir de 11.5% a 7% la tasa de IVU que le retiene a sus clientes deben obtener la debida autorización y certificación del Secretario de Hacienda mediante el cumplimiento de una serie de requisitos. El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea admitió recientemente que, de los cerca de 20,000 restaurantes existentes en Puerto Rico, sólo alrededor de 3,500 se encuentran en cumplimiento de lo requerido, por lo cual la inmensa mayoría de los establecimientos gastronómicos continuarán cobrando la sobretasa previa de 11.5%. El efecto indirecto de esta reglamentación de Hacienda es que el alivio prometido a los consumidores no llegará”, advirtió el legislador independentista.

El senador Dalmau Ramírez subrayó que nada en el texto de la Ley Núm. 257–2018 sugiere que la intención legislativa fuera penalizar a aquellos consumidores que, conforme a sus circunstancias, consumieran alimentos en establecimientos no certificados con una sobretasa de IVU mayor.

“En nuestro esfuerzo por velar que, en el balance de intereses, no se vean afectados los derechos de los consumidores y estos no paguen los platos rotos de un asunto que deben dirimir Hacienda y los respetivos restaurantes, he radicado la Resolución Conjunta del Senado 416 del 16 de septiembre del 2019 para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda que establezca mediante reglamento algún mecanismo mediante el cual los consumidores, siempre que medie prueba de la transacción,  reciban un reembolso mensual por la sobretasa pagada en exceso del siete por ciento (7%) fijado por ley cuando realicen compras en establecimientos no certificados que vendan alimentos preparados”, concluyó indicando el Portavoz del PIP en el Senado.

https://files.constantcontact.com/336c01b3201/1a62b57d-17b5-4760-a1e7-6f5006df976a.pdf

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 EL CAPITOLIO. 17 de septiembre de 2019 – En el marco del Mes de la Comunidad Sorda en Puerto Rico, el Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció  la consideración mañana en vista pública del Proyecto del Senado 1025, medida que radicó a petición de una joven sorda, dirigida a que se incluya el símbolo internacional de los sordos en toda  licencia de conducir correspondiente a ciudadanos cuya certificación médica así lo establezca.
 
“La consideración y eventual aprobación de esta medida significará para la comunidad sorda otra importante herramienta para hacer valer sus derechos y de gran ayuda para lo que les toca enfrentar diariamente. Con esta medida buscamos que a toda persona sorda que vaya a sacar o renovar su licencia de conducir, se le añada de forma automática el símbolo internacional de los sordos en la parte frontal de dicha identificación, a menos, que este exprese que no la desea”, subrayó el líder del PIP. 
 
Para el senador Dalmau Ramírez esta medida ayudaría inmensamente a subsanar la falta de comunicación entre la comunidad sorda y distintos sectores de la sociedad y evitaría situaciones lamentables que día a día sufren por el mero hecho de ser sordos.  
 
“El símbolo de sordera ya es utilizado en estados como Texas y Florida por lo que esta identificación le podría servir al ciudadano a identificarse como sordo en otras jurisdicciones. Además, podría ayudar al ciudadano a identificarse en agencias de gobierno y más adelante, según se oriente al país, podría ayudarle a obtener una mejor comunicación y por ende un mejor servicio en otros establecimientos públicos y privados”, puntualizó el Portavoz del PIP en el Senado.
 
Finalmente, el senador Juan Dalmau indicó que la vista se celebrará mañana miércoles, 18 de septiembre a la 1:00 pm en el Salón María Martínez, Anexo del Senado.

San Juan, Puerto Rico. 16 de septiembre de 2019. – Ante lo reseñado en la prensa del país sobre la solicitud que le hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que presente un plan de transición que permita dejar sin efecto el crédito federal al arbitrio a las empresas foráneas, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, expresó no estar sorprendido ante la noticia e insistió en que la mejor manera de hacer frente al asunto es dando paso a una Reforma Contributiva Integral que, entre otras cosas, estructure la tributación a las foráneas  a base de una contribución sobre la ganancia neta que sea competitiva, permanente de al menos un 10% a las ganancias netas, y que esté bajo el control de los puertorriqueños, no al amparo de las locuras e intereses del Presidente o gobierno de turno en los Estados Unidos .

 

“Eso nos permite recaudar más. Así no hay que depender de un efímero y vulnerable trato especial a base del 4% del arbitrio especial. El contra argumento del menoscabo contractual por razón de los decretos de exención no resiste agua en un país arruinado. Condiciones extraordinarias permiten ese menoscabo. Ahora estamos amenazados por empezar el conteo regresivo del Tesoro EEUU para eliminar el crédito por arbitrio del 4% a las foráneas. Ese ingreso representa el 20% del Fondo General”, sentenció el legislador independentista.

 

Para Juan Dalmau  una reforma contributiva integral, en particular del sector corporativo, que elimine la distinción entre empresas exentas y no exentas, y una política fiscal que incremente modestamente la responsabilidad contributiva de las corporaciones foráneas, se hace urgente y permitirá al gobierno obtener los ingresos que hoy no tiene para realizar aquellos gastos de inversión social en la salud, la transportación colectiva, el medioambiente, la educación y la cultura que eleve la calidad de vida de los puertorriqueños.

 

“Si le hubiéramos impuesto las tasas contributivas que en justicia esas empresas deberían haber pagado en Puerto Rico, los recaudos en los pasados 30 años hubiesen superado los $50,000 millones. Suficientes para que la clase media trabajadora hubiese estado disfrutando desde hace mucho tiempo de justicia contributiva, el gobierno no tuviese la crisis fiscal que actualmente sufre, no fuera necesario la imposición de un IVU, la UPR no tuviese problemas presupuestarios y decenas de miles de trabajadores no hubiesen perdido derechos ni beneficios laborales o tenido que ser despedidos”, puntualizó el líder independentista.
Finalmente, reiteró su llamado a que la Legislatura apruebe las medidas que ha radicado sobre el particular. “Sólo así podrá atenderse adecuadamente el déficit fiscal y garantizar de cara al futuro un andamiaje económico y fiscal más estable y próspero que haga justicia a la mayoría de nuestro pueblo”, concluyó Dalmau.

 

EL CAPITOLIO. 10de septiembre de 2019. –  “Si bochornoso e indignante es el último legado del ex gobernador Ricardo Rosselló, al firmar una ley que obliga a los jóvenes puertorriqueños a inscribirse en el servicio militar obligatorio para poder obtener la licencia de conducir, más vergonzoso es que dicho servicio militar obligatorio sea impuesto por el gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico debido nuestra relación de subordinación colonial”. Así se expresó el senador Juan Dalmau Ramírez al anunciar la radicación de una Resolución Concurrente que le exige al Congreso de los Estados Unidos de América que excluya a Puerto Rico del ámbito de aplicación del Military Selective Service Act, 50 U.S.C. 3801, et seq., según enmendado.

“Cuando se pretenden imponer responsabilidades sin reconocer los derechos inalienables más elementales, como el derecho a la autodeterminación, se atenta contra la dignidad. El Servicio Selectivo es un sistema diseñado por el Congreso de los Estados Unidos para generar una lista de candidatos disponibles para el servicio militar en la eventualidad de que se decrete un estado de emergencia bélica y el gobierno determine reclutar soldados forzosamente. Es de particular importancia subrayar que, según expone el estatuto federal, a los jóvenes que no se inscriban se les podría imponer una pena de reclusión de cinco (5) años o una multa de hasta doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00)”, sentenció el Portavoz senatorial del PIP.

“Resultaría ofensivo e imperdonable que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, como cuerpo representativo de un pueblo amante de la paz, auspicie con su inacción o silencio el uso de nuestros jóvenes como carne de cañón en escenarios de conflictos bélicos presentes o futuros, particularmente cuando dichos conflictos no tienen absolutamente nada que ver con Puerto Rico, nuestra seguridad o nuestra subsistencia. Por estas razones y muchas otras he radicado esta  Resolución Concurrente, con el fin de exigir al Congreso de los Estados Unidos de América que excluya a Puerto Rico del ámbito de aplicación del Military Selective Service Act.”, concluyó Dalmau Ramírez.

 

San Juan, Puerto Rico. 7 de septiembre de 2019. – Para el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, a un mes de la renuncia del exgobernador. Ricardo Rosselló, y de haber tomado posesión Wanda Vázquez, la nueva gobernadora se ha caracterizado por buscar “oportunidades de fotos” y no asumir posiciones claras sobre temas medulares.

“El único esfuerzo visible que ha hecho es el de un montaje propagandístico para dar la impresión ante el país de que es, entre comillas, “una nueva administración”. Pues ni una cosa ni la otra. En los temas medulares de criminalidad, salud, desarrollo económico, educación no hay acciones concretas que se hayan comunicado al pueblo.”

El líder pipiolo criticó que el gabinete del exgobernador Ricardo Rosselló prácticamente permanezca intacto, incluyendo a algunos de los participantes del infame Telegram que le costó el cargo de gobernador al Sr. Rosselló, mientras, por otra parte, prevalecen las determinaciones de Rosselló Nevares ante la Junta de Control Fiscal.

“La actitud de la gobernadora Vázquez es la misma de Ricardo Rosselló. Por un lado, Wanda Vázquez titubea con respecto al recorte de las pensiones y la posible eliminación del pago del bono navideño, que resulta ser complemento salarial importante para una clase trabajadora empobrecida. Por otra parte, apoya sin titubear lo negativo para el país, como lo es apoyar los términos del acuerdo de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) y continuar con la política de privatización de servicios energéticos y servicios esenciales que impulsaba (el expulsado gobernador) Ricardo Rosselló”, sentenció.

El senador independentista condenó que la gobernadora Vázquez haya dicho que no impugnará la validez de las determinaciones y acciones de la JSF en los pasados tres años.

“La Gobernadora le ha solicitado al Tribunal Supremo federal, al igual que lo ha hecho el liderato del Partido Popular, que valide las acciones abusivas que ha impuesto la Junta de Control contra el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Dalmau, también secretario general del PIP.

“Estamos ante una Gobernadora que aparenta estar ciega ante el reclamo de un pueblo durante el Verano del ’19. El pueblo exigió mayor participación democrática en la gobernanza, mayor transparencia en el uso de fondos públicos y las acciones del gobierno, y el fin a la impunidad de aquellos funcionarios públicos que incurren en corrupción. Sobre esos temas impera el silencio de Wanda Vázquez. La Gobernadora tiene que actuar.  Yo he presentado el plan correspondiente para unas enmiendas constitucionales claras de manera inmediata. Y también he hecho una propuesta para más a largo plazo de una nueva constitución. Ya pasó el mes de gracia, estamos a la espera de acciones y posturas claras de su parte, Sra. Gobernadora”, concluyó

Capitolio- 5 de septiembre 2019- Para el Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, resulta indignante y vergonzoso la actitud de sumisión asumida por la Gobernadora frente a la Junta de Control Fiscal (JCF), al punto de no atreverse a confrontar directamente al ente fiscal y optar por mostrar sus cartas por voz de Omar Marrero tercer Director Ejecutivo de la Autoridad Asesoría Financiera y agencia fiscal. La Gobernadora asume una actitud de sumisión frente a la Junta de Control Fiscal (JCF)

“La actitud que describe el señor Marrero de la Gobernadora con respecto a la JCF es de sumisión, sencillamente  ‘mediar’ aunque eso signifique para  el pueblo el negarle servicios  esenciales y  necesarios. Con su actitud camaleónica, la Gobernadora,  por una parte, muestra incertidumbre con respecto al recorte de las pensiones  así como  con la posible eliminación  del pago del bono navideño, que resulta ser complemento salarial importante  para una clase trabajadora empobrecida. Por otra parte, muestra certeza en lo negativo para el país, como lo es plegarse a los  términos del acuerdo de la AEE y  continuar con la política de privatización de servicios energéticos y servicios esenciales que impulsaba Ricardo Rosselló, sentenció el Senador Independentista”.

Finalmente, el también Secretario General del PIP  condenó el  que la Gobernadora haya  dicho que no impugnará  la validez de las determinaciones y acciones de la JCF en los pasados tres años.

“La Gobernadora se  allana así a la posición que ha  asumido el ente fiscal federal que es compartida por el liderato del Partido Popular (PPD) en su comparecencia ante el Tribunal Supremo Federal. Ciertamente,  Wanda Vázquez ha mostrado sus cartas y sus cartas son todas de complacencia y sumisión ante la Junta de Control Fiscal, dando la espalda al mejor interés del pueblo de Puerto Rico”:,  concluyó el Senador Juan Dalmau.