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Capitolio-26 de agosto de 2019:  El Senador independentista Juan Dalmau Ramírez reaccionó a la presentación de la medida para enmendar la Ley 75- Ley de transformación de administración de la Comisión de Servicio Público presentada por el Senador Miguel Laureano y los acontecimientos recientes en donde corrió peligro la vida de un proveedor de servicios Uber.

“Este un asunto de un alto interés público y de seguridad. Se trata de que la empresa que dijo venir a traer mejores servicios de transportación y servicio de entrega de alimentos a base de la tecnología y ha resultado que ha guardado silencio ante los eventos recientes en contra de algunos de sus proveedores de servicio y no ha brindado explicaciones sobre los protocolos de seguridad que se deben utilizar tanto por los consumidores como los que trabajan para la empresa. En estos momentos, cada vez que un proveedor de servicio Uber prende la aplicación para trabajar se está jugando la vida.  Es necesario hacer esta investigación cuanto antes y citar a la Comisión de Servicio Público, a los directivos de la empresa Uber y además representantes de los proveedores de servicios y consumidores con respecto a los problemas de seguridad de servicio. La investigación no está dirigida contra la empresa, sino a favor de quienes trabajan para la misma como un ingreso  principal o accesorio y también en defensa de los consumidores para asegurarnos que el servicio que se brinde sea uno seguro confiable y en protección de la seguridad de quienes utilizan la plataforma”.

 

 

15 de agosto de 2019. San Juan, PR– Amparados en que la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación no debe interpretarse como el punto final de la controversia, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebróny Juan Dalmau Ramírez, anunciaron la radicación de un grupo de medidas dirigidas a investigar sus últimas acciones y decisiones en Fortaleza, las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones y la creación del cargo de Fiscal con Jurisdicción Específica para investigar y procesar criminalmente a las personas que pudiesen haber cometido delitos en el chat de Telegram.

“La mera renuncia del Sr. Rosselló no puede ser la excusa para pasar la página y obviar la posibilidad de la comisión de delitos por funcionarios gubernamentales como ya se ha concluido tanto en un análisis de mi oficina como del Colegio de Abogados y la Comisión de Juristas de la Cámara. Tampoco podemos ignorar las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones por las que ya diversas organizaciones han levantado objeciones. Y de igual forma, hay que revisar minuciosamente todas las acciones y decisiones tomadas por Rosselló desde el momento en que anunció su renuncia al 2 de agosto cuando abandonó el cargo. No existe razón alguna por la que alguien se oponga a investigar estas situaciones.

Sobre la creación del Fiscal con Jurisdicción Específica (PC-2191/PS-1339), para investigar la posible comisión de delitos en el chat de Telegram, Márquez Lebrón precisó que “existe consenso en el país de que dicha investigación no debe ser realizada por los organismos tradicionales de investigación criminal para cancelar cualquier conflicto de interés o apariencia de conflicto”.

En relación a la propuesta legislativa para investigar las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones que exigieron la renuncia de Rosselló (PC-2190/PS-1338), los líderes pipiolos explicaron que la medida busca crear la “Comisión Ciudadana Especial para la Supervisión de la Gestión Policial” con la finalidad de servir como herramienta de fiscalización de la Policía, de modo que labore para tutelar el funcionamiento del cuerpo policial, como uno que genuinamente garantice la más absoluta protección de los derechos humanos.

La tercera medida radicada por los portavoces del PIP en Cámara y Senado (RC-1494/RS-1188) ordenaría a los cuerpos legislativos a realizar una investigación exhaustiva de todas las actuaciones, órdenes ejecutivas, determinaciones, autorizaciones y firmas de contratos, aumentos de sueldos, indultos y acciones realizadas por Rosselló desde el día que anunció su renuncia, hasta la fecha de efectividad de la misma.

Por su parte Dalmau Ramírez, expresó que “este nuevo paquete de medidas busca investigar violaciones a derechos civiles y humanos, investigar delitos cometidos a través del chat fuera de la estructura del Departamento de Justicia y el PFEI e investigar las últimas acciones del exgobernador Ricardo Rosselló en la otorgación de contratos multimillonarios. Si algo quedó claro de las exigencias del pueblo es pedir más transparencia y fin a la impunidad.

Agregó que las medidas radicadas “complementan la propuesta del PIP para enmendar la Constitución creando un referéndum revocatorio al Gobernador, una elección especial abierta para llenar la vacante de Gobernador, la creación de un sistema de segunda vuelta cuando un candidato a Gobernador no obtenga más del 50% de apoyo, además de la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR) al tiempo que agregó que “todas las medidas son el resultado de los eventos del verano del 19”.

Enlace a Medidas

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EL CAPITOLIO. 12 de agosto 2019. – En aras de allegar fondos adicionales a la UPR, de manera que se garantice su permanencia y sostenibilidad, ante las nefastas e inmisericordes medidas de austeridad impuestas sobre ella por la Junta de Control Fiscal y los planes fiscales propuestos por la Rama Ejecutiva local, el senador Juan Dalmau Ramírez anunció la radicación del Proyecto del Senado 1335,  que le brindaría a los conductores multados en Puerto Rico la prerrogativa de pagar las multas expedidas en alguna de las oficinas de recaudaciones de los once recintos de la UPR.

El senador Dalmau Ramírez puntualizó que el PS 1335 enmendaría varios artículos de la Ley Núm. 22–2000, según enmendada, denominada “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.

“Esta medida que proponemos  extendería a los conductores multados en Puerto Rico por violaciones a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” la prerrogativa de escoger dónde cumplirán su responsabilidad administrativa. Estos podrán pagar las multas expedidas a través de los mecanismo previamente establecidos por la Ley, como hasta ahora lo han hecho, u optar por prestar su pago en alguna de las oficinas de recaudaciones de los once recintos de la UPR; en cuyo caso el pago emitido por el conductor se considerará un “ingreso propio” del sistema universitario y la responsabilidad administrativa del conductor se entenderá cumplida.”, subrayó el Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Para el Portavoz senatorial del PIP la UPR es un motor propulsor de movilidad social que no tolera más ajustes y sería inconcebible la inacción legislativa.

“La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no puede permanecer  inerte mientras tanto la Junta de Control Fiscal como los planes fiscales propuestos, en lugar de proteger la salud institucional de la UPR, continúen vapuleando sus recursos.  Permanecer cruzados de brazos nos convertiría en cómplices e implicaría una vil e imperdonable traición a las generaciones futuras. No hacer nada ahora dificultaría la posibilidad de revertir la continua contracción económica en la que estamos sumidos y exacerbaría el alarmante flujo migratoria  entre la gente más joven del país”, sentenció Juan Dalmau.

Finalmente, el también Secretario General del PIP, hizo un llamado urgente a los miembros del Senado para que, sin dilación y con  premura,  aprueben esta ley.

San Juan – 31 julio 2019.- Para los portavoces legislativos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau y Denis Márquez, el liderato del PNP mantiene al pueblo de Puerto Rico como rehén y han antepuesto el apetito voraz electorero a su responsabilidad con el país. Al tiempo que rechazan la nominación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado por responder a los intereses de la Junta de Control Fiscal.

“Desde el instante que se divulgaron las 889 páginas de textos de Ricardo Rosselló y su camarilla, dije que el Gobernador debía renunciar e iniciar de manera inmediata un proceso transparente y ordenado de transición, designando un Secretario de Estado que fuera una persona con historial de probidad moral, sin conflictos públicos o privados aparentes, que fuese una nominación producto del diálogo inclusivo. El liderato del PNP rechazó esa invitación de avenencia y decidió la ruta de dilucidar sus pugnas partidistas internas, al precio del desasosiego de todo el pueblo. Han tratado el proceso de sucesión constitucional y la crisis gubernamental como un proceso interno del PNP. Yo no participo de procesos internos del PNP. No habré de favorecer el nombramiento de una persona, el señor Pedro Pierluisi, producto de ese proceso tóxico, siendo además un paladín de las políticas abusivas de austeridad de la Junta de Control Fiscal”, señaló el senador Juan Dalmau.

El también Secretario General del PIP indicó que votar a favor del nombramiento de Pierluisi sería favorecer el cierre de escuelas y su privatización, aumento de matrícula en la UPR y el cierre de recintos, reducir pensiones, eliminar ‪bono navideño, eliminar derechos de los empleados públicos y privados, entre tantas otras medidas abusivas de la Junta.

“Hay verdugos con buenos modales y verdugos con malos modales, pero en ambos casos no dejan de ser verdugos. Para pocas vergüenzas contra el pueblo conmigo nunca cuentan. Habré de votar en contra de su designación”, sentenció el legislador independentista.

Por su parte, Márquez Lebrón también expresó su oposición al nombramiento de Pierluisi.

“Nos oponemos férreamente al nombramiento de Pedro Pierluisi. Estamos frente a una nominación que representa el traslado de los grandes intereses de la milla de oro a La Fortaleza, como la carbonera tóxica AES, planes médicos y otros. Es el cabildero de todos esos grupos, los conflictos de intereses son insalvables. Por otro lado, su trayectoria choca frontalmente con los mejores intereses del pueblo. Recordemos que bajo el mandato de Fortuño avaló la nefasta Ley 7, convirtiéndose en el verdugo de decenas de miles de trabajadores. Además, fue cómplice del enorme endeudamiento público de dicho gobierno mientras fungió como Comisionado Residente. Más recientemente, actuó como promotor de la Ley Promesa y padrino de la Junta de Control Fiscal cuyo contubernio lo convierte en enemigo de los pensionados, la Universidad de Puerto Rico y de la clase trabajadora en general. Su nombramiento, por último, descubre el secuestro del PNP del proceso de identificar a una persona que represente, al menos mínimamente, los mejores intereses del país. Una vez más, falta en el PNP la voluntad para hacer las cosas correctamente”.

 

Capitolio, Puerto Rico. 17 de junio de 2019.- Ante el grave problema de salud que representa el continuo y dramático aumento del trastorno de obesidad en Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico aprobó unánimemente hoy el Proyecto del Senado 660, de la autoría del Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en dicho cuerpo, Juan Dalmau, para que el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes también sea el organismo responsable de ejecutar la política pública en relación con la planificación, organización, operación y administración de los servicios de investigación, orientación, prevención y tratamientos para la obesidad que han de ser rendidos en Puerto Rico.

“Aunque previamente la obesidad se consideraba un problema propio de los países ricos, actualmente la incidencia de este trastorno continúa aumentando en los países de ingresos bajos y medianos. En Puerto Rico la obesidad representa un grave problema. Según datos de la División de Control y Prevención de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud, entre 1996 y 2015 la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre adultos aumentó de 16.8  a 29.5 por ciento. Entre las edades de 45 y 54 años, un alarmante 79.1 por ciento de la población padecen situaciones de sobrepeso u obesidad”, puntualizó el legislador independentista.

Para el  Portavoz senatorial del PIP la prevención y el tratamiento de la obesidad exigen un enfoque en el que participen todas las instancias gubernamentales y en el que las políticas de todos los sectores tengan en cuenta sistemáticamente la salud, eviten los efectos sanitarios nocivos y, por tanto, mejoren la salud de la población y la equidad en el ámbito sanitario.

“A la luz de estas consideraciones, con la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa da un paso necesario para que el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes coordine e integre, además, todos los servicios educativos, clínicos e investigaciones relacionadas con la obesidad, en particular entre nuestra población. Esto servirá como vector para el desarrollo de nuevas políticas públicas que fomenten la salubridad y bienestar de nuestra gente”, concluyó Juan Dalmau.

“Urjo a la mayoría parlamentaria a dar paso a otras medidas de protección ambiental”

Capitolio. 21de mayo de 2019. – El senador del Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, agradeció la aprobación hoy en la sesión ordinaria del Senado de una medida de su autoría que tiene el fin de delimitar el área exacta a ser protegida del Humedal de la Playa Lucía del Municipio de Yabucoa, declarada Reserva Natural de Puerto Rico. El senador del PIP aprovechó el momento para exhortar a la mayoría parlamentaria a darle la misma atención a otro paquete de medidas de protección ambiental radicadas por él.

“Con la aprobación del Proyecto del Senado 1068 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación, en coordinación con la Administración de Terrenos y el municipio de Yabucoa, delimitarán el área exacta a ser protegida que comprenderá la “Reserva Natural de Puerto Rico Humedal de la Playa Lucía de Yabucoa”. Mediante la aprobación de esta Ley la presente Asamblea Legislativa, en el ejercicio responsable de sus funciones constitucionales, reafirma su compromiso de velar por la protección y preservación de nuestros recursos naturales, para el disfrute y el desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones”, expresó el portavoz senatorial del PIP.

Dalmau Ramírez urgió a la Asamblea Legislativa a aprobar otros de sus proyectos ambientales para reafirmar su compromiso con la protección de nuestro ambiente.

“Hay un catálogo de proyectos dirigidos a dar pasos directos hacia combatir el Calentamiento Global, establecer la Ley de Costas y minimizar la erosión costera (PS 129-2017) y establecer una moratoria a la incineración de desperdicios sólidos para establecer la “Ley para el Desarrollo del Plan de Manejo de Recursos Post Consumo” (PS 444-2017)”, explicó.

Otros proyectos presentados por el senador Dalmau junto al representante Denis Márquez que buscan proteger los recursos del país son crear la “Ley para la Conservación y Protección de los Canales de Riego de Puerto Rico” (PS 344-2017), enmendar la “Ley de las 500 acres” para recuperar terrenos en exceso que se han apoderado las semilleras transgénicas (PS 441-2017) y crear la “Ley para la prohibición del uso del glifosato en el desyerbado de caminos y carreteras estatales o municipales, canales de riego y cualquier propiedad pública” (PS 130-2017).

El líder independentista hizo un llamado a las diversas organizaciones y activistas ecológicos a no cejar de luchar por forjar una mejor calidad de vida.

 

Capitolio. 9 de mayo de 2019. – El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció hoy la radicación de la Resolución del Senado 1090  para que dicho cuerpo repudie el acuerdo propuesto por la

Junta de Supervisión Fiscal con el grupo de bonistas Ad Hoc y la aseguradora Assured Guaranty Corp. sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, por considerarlo un acuerdo nefasto para la AEE y otro golpe que empobrecerá aún más al país.

 

“El acuerdo con el grupo de bonistas Ad Hoc y con la aseguradora Assured Guaranty Corp. anunciado por la Junta de Control Fiscal, en relación a la deuda de la AEE,   tiene como fin perverso viabilizar la entrega acelerada de nuestra red energética a manos privadas  y sentar las bases para la emisión de nueva deuda. Si indignante es la entrega de uno de los principales activos del país a un grupito de privilegiados para su enriquecimiento, más insultante resulta ser que el pago de estos nuevos bonos será sufragado por los abonados del sistema -entiéndase, el Pueblo de Puerto Rico- mediante la imposición de un “cargo de transición” a incluirse en la factura durante los próximos 47 años”, manifestó el legislador independentista.

 

El senador Dalmau Ramírez indicó que, de acuerdo a lo comunicado por la Junta,  el “cargo de transición”  iniciará en 2.7 centavos por kilovatio hora, pero aumentará por los primeros 23 años hasta aproximadamente 4.5 centavos por kilovatio hora; cantidad que se pagará hasta que finalice el término establecido.

 

“El efecto eventual en la factura de este “cargo de transición”, será un aumento en la tarifa mínimo de aproximadamente 26%. Este es un acuerdo nefasto que compromete uno de los motores más importantes para el desarrollo económico del país durante casi 50 años. De implementarse, veremos las manos de la próxima generación atadas y la posibilidad de crecimiento doblegada por las herramientas de la dictadura colonial que representa la Junta de Supervisión Fiscal. Un aumento vertiginoso, como el propuesto, sin duda tendrá un efecto económico agregado sobre la economía incalculable. El costo de operar negocios, pequeños y grandes, se disparará, al igual que los costos de producción. Por esta razón veremos nuevas oleadas de empleados despedidos y aumentos en los precios -desde la canasta básica, hasta artículos de lujo- realizados por empresas que buscan subsanar los efectos del alza en el costo de energía. Esta es una cadena cuyo efecto será el aumento en el costo de vida para una población desempleada y dependiente de programas de asistencia social, que también hemos visto reducidos en años recientes. De forma que este acuerdo se vislumbra como la receta perfecta para la precarización del sector asalariado y la profundización de la depresión económica imperante en la actualidad”, sentenció y advirtió Juan Dalmau.

 

El también Secretario General del PIP expresó que si de algo sirvió la trágica experiencia confrontada por nuestro pueblo en las postrimerías de los huracanes Irma y María, fue para dejar meridianamente claro que la falta de acceso oportuno al servicio de energía eléctrica cuesta vidas.

 

“Hoy no podemos permitir que la disponibilidad de este servicio esencial se coloque en entredicho para nuestra población más empobrecida. Sanamente administrada, y en manos del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica no sólo constituye una herramienta de desarrollo económico, sino que además permite la ejecución de políticas dirigidas a asegurar la vida y dignidad de sectores otrora desprotegidos. Avalar la nueva carga que pretende imponérsele a este pueblo, según propuesta en el acuerdo ante la consideración del país y de la juez Laura Taylor Swain, sería colocar las vidas de nuestros envejecidos y enfermos al arbitrio del mercado durante los próximos 47 años. La vida y la dignidad son nuestras primeras prioridades, no las ganancias de un sector desvinculado del sufrimiento de nuestra población. Por eso el Senado de Puerto Rico, cuerpo representativo  electo democráticamente por los puertorriqueños y puertorriqueñas, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, debe repudiar este acuerdo enérgicamente”, finalizó diciendo el senador Juan Dalmau.

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Capitolio, Puerto Rico. 6 de mayo de 2019 .- El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un primer informe parcial que da cuenta de la investigación que realiza la comisión de Hacienda de dicho Cuerpo, a la luz de la Resolución del Senado 5, de la autoría del Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, sobre la efectividad de los decretos de exención contributiva concedidos a empresas que se acogen a los beneficios de la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico.

“Esta investigación del Senado, confirma nuestras sospechas, que la política de decretos de exención está por la libre. La investigación, hasta el momento, ha destapado que las agencias obligadas por ley a rendir cuenta a la Asamblea Legislativa no han sometido desde el año 2014 los informes anuales correspondientes, ni tampoco han hecho evaluación alguna sobre los informes previos al 2014 en cuanto a si las empresas que se han acogido a estos beneficios están cumpliendo con las condiciones impuestas por los decretos de exención. Es decir, si crean los empleos y estimulan la economía a cambio de la exención otorgada”, puntualizó el Senador Juan Dalmau.

“¿Cómo es posible que en momentos que se evalúa un Código de Incentivos no tengamos información certera y disponible sobre los resultados de los decretos de exención otorgados? Estamos legislando política pública a ciegas”, sentenció el legislador independentista.

Para el  Portavoz senatorial del PIP,  “ante la nebulosidad y falta de transparencia que provoca el incumplimiento gubernamental con la Sección 15 de la Ley 73-2008 sobre la radicación de informes anuales,  ante la ausencia de un análisis sobre la efectividad o beneficios para el país de la inversión del gobierno en esta política de decretos de exención, y ante la falta de explicaciones sobre  el proceso de otorgación de las exenciones, es necesario exigir cuentas para que el país conozca, si las exenciones otorgadas se justifican por el bien de los empleos o desarrollo económico, o si se trata de un beneficio corporativo cuyo único resultado es enriquecer aún más a estos mogules extranjeros multimillonarios,  a costa de un mayor empobrecimiento de los puertorriqueños”, concluyó Juan Dalmau.

EL CAPITOLIO. 23 de abril de 2019.  –Justo en la vista pública en la que se discutía hoy la designación del militar Elmer Román González para dirigir el Departamento de Seguridad Pública,  el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, le dejó saber de frente al funcionario su rechazo al tronar en contra de su nombramiento.

El legislador independentista manifestó en declaraciones escritas posteriores a la vista que su oposición a la designación del Sr. Román se fundamenta en su repudio a que se continúe importando gente para dirigir agencias en el país, “y para colmo militares para manejo de seguridad, en claro menosprecio e insulto a los muchos funcionarios capaces y comprometidos en Puerto Rico que conocen mejor que cualquiera de afuera la idiosincrasia del grave problema de criminalidad que arropa al país”.

“Las motivaciones de mi oposición son la existencia de una de estructura supra burocrática  que desmoviliza los componentes que están bajo esa sombrilla, que ha demostrado ser totalmente ineficaz y,  como ya dije, el que se repita la idea de que mientras más estrellas en el hombro del uniforme militar lleve el designado y de más lejos venga, mayor la garantía de seguridad en el país. Me parece que esa es una ruta que aquí ha fracasado y que no estoy dispuesto a apoyar”, subrayó Juan Dalmau.

Dalmau Ramírez recordó que la designación de agentes federales o militares al cargo no ha demostrado que estos sean la solución a los problemas de criminalidad de la Isla. Como ejemplo, mencionó el mandato de José Figueroa Sancha y el del saliente Héctor Pesquera, así como el breve interinato de James Tuller.

“El aumento dramático en los asesinatos, la ausencia de seguridad en el país, el atropello, abandono  y trato injusto a la Policía de Puerto Rico por parte de distintas administraciones, imponen sobre el Senado la urgencia y obligación de ejercer con más rigurosidad nuestra función ministerial de consejo y consentimiento. Desde ya advierto que avalar nuevamente el nombramiento de otro de afuera, totalmente ajeno a la realidad del país y a lo que sucede en la Policía, con la misma visión paramilitar fracasada, sería un gravísimo error que repercutirá gravemente en el pueblo”, sentenció Dalmau.

El hecho de que se resaltarán como las principales virtudes de Elmer Román su carrera en el Departamento de la Defensa y su vínculo a la Marina de los Estados Unidos abonan a las razones del líder pipiolo para oponerse a su nombramiento. “Quien dirija la seguridad del país debe ser una persona con una visión de la Policía comunitaria y de prevención. La idea del policía militar es una de intervención directa y declaración de guerra. Lejos de la función civil de traer serenidad y paz. Por eso la American Civil Liberty Union, así como el propio monitor federal, tuvo enfrentamientos con el anterior Secretario de Seguridad pública  debido a su visión de azotar primero, y preguntar después.   Ese no debe ser el rol de la Policía. Esta visión es peligrosa para el Policía y para el ciudadano”, concluyó.

El Capitolio. 22 de abril de 2019 – Tas recibir el apoyo de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y el Departamento de Educación, el Senado aprobó hoy el Proyecto de Senado Núm. 1139, radicado por el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, que busca fortalecer las Cooperativas Juveniles Escolares.

“Me complace sobremanera que en este asunto medular para el desarrollo económico del país y la formación integral de nuestra niñez, no solo el Senado de Puerto Rico haya aprobado el P. del S. 1139, sino que previamente la mediada hubiese recibido el apoyo de importantes agencias gubernamentales y entidades vinculadas al cooperativismo”, afirmó el senador y Secretario General del PIP. “El cooperativismo ha demostrado ser uno de los sectores de mayor fortaleza, dinamismo y sustentabilidad de la economía puertorriqueña, por lo que es vital promoverlo desde temprana edad”, añadió Dalmau Ramírez.

La medida impulsada por el senador pipiolo detalla que durante el año fiscal 2017-2018, aún con los trastornos demográficos y económicos sufridos por el país tras el paso de los huracanes Irma y María, las Cooperativas Juveniles Escolares se mantuvieron a flote. Estas “agruparon a 25,891 socios, emplearon a 127 personas, generaron un volumen de negocio de $3,871,000, reflejaron una participación de los socios de $2,122,000 (en términos de capital, reservas y sobrantes) y contaron con $2,484,000 en activos totales”.

“La política pública del Gobierno de Puerto Rico es clara en cuanto al sitial prioritario que el modelo cooperativo tiene en nuestra economía. Las cooperativas juveniles, en particular, ofrecen un espacio donde los jóvenes ensayan valores y destrezas como el respeto por los demás, la solidaridad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el liderazgo y la toma de  decisiones. De hecho, la experiencia demuestra que las cooperativas juveniles escolares propician la retención del estudiantado en el entorno escolar, lo cual redunda en bajas en la incidencia de deserción escolar y fomentan el desarrollo parlamentario del estudiantado, así como el entrenamiento en administración de empresas, entre otras virtudes. Por esto es importante que insistamos en la expansión de un programa que sí funciona y le sirve bien al país”, sentenció Dalmau Ramírez.

 

Capitolio, 13 de marzo 2019– Los Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)  Senador Juan Dalmau Ramírez,  y el Representante Denis Márquez Lebrón presentaron hoy ante la Asamblea Legislativa las Resoluciones Concurrentes (R. del S 73 / R. de la C. 98) con el propósito de exigir al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de   Representantes de los Estados Unidos que se respete la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico manifestada el 6 de noviembre de 2012 para repudiar el régimen colonial y del mismo modo exige que se atienda con urgencia y celeridad el tema del estatus de Puerto Rico en el contexto de la visita del Comité de Recursos Naturales del Congreso sesiona en San Juan, Puerto Rico los días 16, 17 y 18 de marzo de 2019.

“Resulta insultante que el Comité con jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos realice unas vistas en la Isla y que no atiendan como tema prioritario el asunto del estatus colonial de Puerto Rico.  Resulta una hipocresía que se convoque a ese  Comité con Demócratas y Republicanos que vienen como capataz de finca a supervisar a sus esclavos, pero que el tema de la esclavitud no sea el tema sobre el tapete en la discusión. El venir a Puerto Rico como han hecho típicamente los políticos estadounidenses a mascar varias palabras en español, a fingir empatía con las necesidades de los puertorriqueños, sin atender el problema de raíz que sufre el país, un problema antidemocrático de subordinación política. Por lo tanto, corresponde a la Asamblea Legislativa repudiar el que en estos momentos en  Puerto Rico se reúna este comité con jurisdicción sobre los asuntos esenciales del país sin que se atienda el  tema prioritario, el tema colonial. La Asamblea Legislativa tiene  la obligación de expresar su repudio a que se ignore el tema colonial de Puerto Rico en esta sesión y  al mismo tiempo exigir que este comité que se reúne en San Juan tenga  como prioridad  el atender el problema del estatus” expresó  Juan Dalmau.

Por su parte, Márquez Lebrón expresó que “todos los problemas que enfrenta el país como la crisis económica y social, la Junta de Control y sus políticas de austeridad y Promesa son síntomas del colonialismo y no la enfermedad” por lo que anticipó que si el Comité de Recursos Naturales ignora el tema de estatus “no pasará nada y seguiremos padeciendo las consecuencias de un colonialismo que al final de cuentas seguirá siendo una responsabilidad de los americanos y un gran dolor de cabeza para los puertorriqueños y por eso nuestro llamado a que se atienda.

Ambos líderes independentistas reiteraron, además, la importancia de la manifestación convocada por el PIP, abierta a otras organizaciones y en carácter individual, para el viernes 15 de marzo a las 4:00pm en contra de la Junta de Control y para exigir la descolonización la sesión de congresistas en el Coliseo Roberto Clemente.

EL CAPITOLIO. 19 de febrero de 2019. – El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, reiteró hoy su apoyo incondicional a la Universidad de Puerto Rico (UPR) e hizo un llamado al Gobernador de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal (JCF) a dar un paso atrás en su afán de estrangular al principal centro docente del país.

El legislador independentista anunció hoy la radicación de la Resolución del Senado 999 (R.S.999) para que el Senado de Puerto Rico, en atención y deferencia al principio de autonomía universitaria, exprese su más enérgico apoyo a la comunidad universitaria y solicite al Gobernador de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal que enmienden su Plan Fiscal para la institución, de forma que se garantice su acreditación y que, además, determinen que la Universidad presta un servicio esencial al pueblo de Puerto Rico.

“Luego de administraciones penepés y populares haberla tomado por asalto y menoscabado sus recursos por décadas, el actual Gobierno de Puerto Rico avaló sumisamente una decisión desacertada y arbitraria, que raya en lo criminal, de la Junta de Control Fiscal que priva a la UPR de recursos sustanciales y necesarios para su funcionamiento. Según el Plan aprobado por la Junta de Control Fiscal, para el 2026 la UPR contará con $512 millones menos en la asignación gubernamental. Eso es un recorte abusivo que amenaza la existencia de la UPR. Respetadas figuras de la comunidad universitaria han advertido que la amenaza mayor a la estabilidad de la institución en estos momentos es precisamente ese nefasto plan fiscal, al punto de poner en riesgo su acreditación”, sentenció el senador Dalmau Ramírez.

“Yo espero que el Senado de Puerto Rico no asuma un actitud de indiferencia y avale con su aprobación esta resolución para exigirle al Gobernador y a la Junta que enmienden el Plan Fiscal impuesto para la institución y se detenga este criminal recorte presupuestario que pone en riesgo a nuestro principal centro docente”, concluyó Juan Dalmau.

Para hacer frente a esta situación el liderato del movimiento estudiantil de la UPR convocó para una movilización mañana viernes, 22 de febrero a partir de las 9:00am desde el parque Luis Muñoz Rivera hasta la tercera Conferencia de Promesa que se va a estar llevando a cabo en el Hotel Sheraton

Nos solidarizamos con la convocatoria hecha por el movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras. Exhortamos a toda la comunidad universitaria y no universitaria a participar de la marcha en contra de las medidas de austeridad que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el primer centro docente del país.

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