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El Capitolio24 de octubre 2019 – Ante el Informe Positivo sometido por la Comisión de Salud del Senado recomendando la aprobación del P. del S. 1186 para establecer la “Ley de Solidaridad Anatómica de Puerto Rico”, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en dicho cuerpo, Juan Dalmau Ramírez, hizo un llamado urgente, junto a Sorimar Betancourt, de la Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt, y Carlos Negrón, padre de Karla Michelle Negrón, la quinceañera que murió tras ser herida por una bala perdida la Noche Vieja de 2011, para que la medida sea llevada a votación y aprobada con celeridad para ayudar a las más de 500 personas que en Puerto Rico hoy están esperando por un trasplante de órgano. El proyecto tiene como objetivo que toda persona mayor de 21 años domiciliada en Puerto Rico se presuma donante de órganos y tejidos.

El Portavoz senatorial del PIP puntualizó que la medida viene a subsanar la brecha existente entre la necesidad de órganos y tejidos que salvan vidas y su disponibilidad.  “No hay razón para que en un país en el que un gran por ciento de los adultos está a favor de la donación de órganos, existal un bajo por ciento figure inscrito como donante. Esta ley busca subsanar el problema sistémico y procesal que dificulta o impide que el deseo solidario de la inmensa mayoría de nuestra gente en ser donante se pueda cumplir. Sabemos que tenemos la oportunidad de salvar muchas más vidas”, puntualizó.

Autoridades en el tema advierten que la escasez de órganos para trasplante es un problema de salud pública mundial, y que la situación se ha profundizado en Puerto Rico como consecuencia del alza vertiginosa en la migración, y otros efectos negativos del huracán María, que han redundado en una disminución en la cantidad de donantes. “El estado de derecho actual requiere que los donantes, o en su defecto los familiares más cercanos, opten afirmativamente por la donación. Con esta medida propongo que emulemos los modelos europeos y latinoamericanos que se han movido a un sistema de consentimiento presumido o tácito, para que se considere a toda persona como donante, a no ser que haya hecho constar que no desea serlo. En países como España, Gales, Croacia, Portugal, Bélgica, Italia, Francia, Noruega, Argentina y Chile el efecto de una política pública como esta ha sido un aumento en las donaciones de órganos y tejidos que ha prolongado o mejorado la calidad de vida de quienes se encuentran en estado de necesidad”, apuntó el líder pipiolo.

El senador Dalmau Ramírez destacó que a quienes interesen rechazar la opción de donar órganos por cualquier consideración se les garantizará el derecho de hacerlo a través de diversos mecanismos. “Aquellas personas que no deseen figurar como donantes podrán hacer constar su oposición electrónicamente a través del Registro de Donantes de órganos, ojos y tejidos, mediante una declaración previa de voluntad o relegando esa autoridad a alguna persona autorizada por la Ley”, expresó el Senador Juan Dalmau.

El Capitolio. 6 de octubre de 2019 – El Senado de Puerto Rico aprobó en Sesión Ordinaria durante la más reciente semana la Resolución Conjunta del Senado Núm. 376, radicada por petición por los estudiantes de la Escuela Apolo San Antonio de Vega Alta con el auspicio del Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, Juan Dalmau Ramírez.

La medida aprobada tiene el propósito de ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico dar cumplimiento preciso e inmediato a lo dispuesto en la “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”. Esa legislación, vigente desde el año 2000, requiere al Departamento de Educación implementar programas de reciclaje en todas sus escuelas en coordinación con los municipios.
“Es motivo de profunda satisfacción que el Senado haya aprobado una medida que surge del reclamo de jóvenes conscientes, que ansían conservar el planeta para el disfrute de generaciones futuras, pero no han hallado el apoyo estructural para lograrlo. Ojalá, esta acción sirva de estímulo para que el gobierno, en particular aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de dirigir las agencias encargadas de estos temas, se nutra de la energía y el amor por la conservación del medio ambiente que exhiben nuestros estudiantes”, sentenció Dalmau Ramírez.
El legislador independentista subrayó que, transcurridos casi veinte años desde la aprobación de la Ley, los programas formales de reciclaje brillan por su ausencia en las escuelas públicas del país.
Ante la insistente denuncia de esta situación y el compromiso del senador Dalmau Ramírez en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, los estudiantes de la escuela Apolo San Antonio de Vega Alta se idearon presentar la Resolución Conjunta del Senado Núm. 376 por petición, la cual se suma al amplio grupo de medidas ambientales radicadas por el Portavoz senatorial del PIP.
La escuela Apolo San Antonio ha estado trabajando arduamente creando proyectos innovadores de impacto a la comunidad y se ha distinguido por desarrollar estrategias de concienciación ambiental y promoción del reciclaje como mecanismo para atender parte de la crisis que confronta el país con relación a la producción y disposición de desperdicios sólidos.

San Juan Puerto Rico. 28 de septiembre de 2019. – Ante las denuncias de miles de maestras y maestros del sistema de educación pública del país sobre el incumplimiento del Departamento de Educación (DE) con la Ley de la Carrera Magisterial, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció la radicación de la Resolución del Senado 1190 a los fines de ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria de dicho cuerpo realizar una investigación al respecto, particularmente los incentivos establecidos en la Ley para el personal docente, así como los derechos de ascenso y los procedimientos instituidos para honrarlos.

“Para aquellos participantes del Plan de Carrera Magisterial, la Ley Núm. 158-1999, según enmendada, estableció una serie de incentivos escalonados para los maestros y maestras. También definió el derecho de ascenso que cobija al personal docente e instituyó procesos legales para honrarlos. Sin embargo, los maestros y maestras han reclamado durante años que el Departamento de Educación no da cumplimiento exacto ni oportuno a las disposiciones de esa Ley o los reglamentos promulgados al amparo de ella. Denuncian que no se han llevado a consecución los acuerdos hechos con miles de maestras y maestros a quienes la agencia les aprobó su Plan de Carrera Magisterial, ni observado diligentemente los procesos que la Ley requiere, por lo cual ellos y ellas todavía esperan por que se reconozcan los beneficios y derechos adquiridos bajo dicho programa”, sentenció el legislador pipiolo.
El senador independentista subrayó que la clase magisterial ha cumplido con su responsabilidad de prepararse para impactar al estudiantado de forma efectiva y en ese esfuerzo muchos de ellos y ellas han invertido miles de dólares confiando en la promesa empeñada por su gobierno mediante legislación.
“Por tal razón, he radicado esta resolución investigativa con la certeza de que el Senado de Puerto Rico ejercerá su función fiscalizadora para asegurarse de que el Departamento de Educación cumpla con la parte que le corresponde, en atención a los derechos adquiridos de cada docente en el país”, concluyó el senador Juan Dalmau.

San Juan, Puerto Rico. 19 de septiembre de 2029.- Ante la cercanía del 1 de octubre, fecha en la que entrará en vigor la denominada “Tasa Reducida de IVU” en restaurantes y establecimientos que vendan alimentos preparados, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, informó haber radicado una medida que busca proteger los derechos de los consumidores puertorriqueños mediante un mecanismo que garantice el alivio prometido en sus bolsillos con la propuesta reducción del IVU de un once y medio por ciento (11.5%) a un siete por ciento (7%).

“Para que los restaurantes puedan reducir de 11.5% a 7% la tasa de IVU que le retiene a sus clientes deben obtener la debida autorización y certificación del Secretario de Hacienda mediante el cumplimiento de una serie de requisitos. El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea admitió recientemente que, de los cerca de 20,000 restaurantes existentes en Puerto Rico, sólo alrededor de 3,500 se encuentran en cumplimiento de lo requerido, por lo cual la inmensa mayoría de los establecimientos gastronómicos continuarán cobrando la sobretasa previa de 11.5%. El efecto indirecto de esta reglamentación de Hacienda es que el alivio prometido a los consumidores no llegará”, advirtió el legislador independentista.

El senador Dalmau Ramírez subrayó que nada en el texto de la Ley Núm. 257–2018 sugiere que la intención legislativa fuera penalizar a aquellos consumidores que, conforme a sus circunstancias, consumieran alimentos en establecimientos no certificados con una sobretasa de IVU mayor.

“En nuestro esfuerzo por velar que, en el balance de intereses, no se vean afectados los derechos de los consumidores y estos no paguen los platos rotos de un asunto que deben dirimir Hacienda y los respetivos restaurantes, he radicado la Resolución Conjunta del Senado 416 del 16 de septiembre del 2019 para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda que establezca mediante reglamento algún mecanismo mediante el cual los consumidores, siempre que medie prueba de la transacción,  reciban un reembolso mensual por la sobretasa pagada en exceso del siete por ciento (7%) fijado por ley cuando realicen compras en establecimientos no certificados que vendan alimentos preparados”, concluyó indicando el Portavoz del PIP en el Senado.

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 EL CAPITOLIO. 17 de septiembre de 2019 – En el marco del Mes de la Comunidad Sorda en Puerto Rico, el Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció  la consideración mañana en vista pública del Proyecto del Senado 1025, medida que radicó a petición de una joven sorda, dirigida a que se incluya el símbolo internacional de los sordos en toda  licencia de conducir correspondiente a ciudadanos cuya certificación médica así lo establezca.
 
“La consideración y eventual aprobación de esta medida significará para la comunidad sorda otra importante herramienta para hacer valer sus derechos y de gran ayuda para lo que les toca enfrentar diariamente. Con esta medida buscamos que a toda persona sorda que vaya a sacar o renovar su licencia de conducir, se le añada de forma automática el símbolo internacional de los sordos en la parte frontal de dicha identificación, a menos, que este exprese que no la desea”, subrayó el líder del PIP. 
 
Para el senador Dalmau Ramírez esta medida ayudaría inmensamente a subsanar la falta de comunicación entre la comunidad sorda y distintos sectores de la sociedad y evitaría situaciones lamentables que día a día sufren por el mero hecho de ser sordos.  
 
“El símbolo de sordera ya es utilizado en estados como Texas y Florida por lo que esta identificación le podría servir al ciudadano a identificarse como sordo en otras jurisdicciones. Además, podría ayudar al ciudadano a identificarse en agencias de gobierno y más adelante, según se oriente al país, podría ayudarle a obtener una mejor comunicación y por ende un mejor servicio en otros establecimientos públicos y privados”, puntualizó el Portavoz del PIP en el Senado.
 
Finalmente, el senador Juan Dalmau indicó que la vista se celebrará mañana miércoles, 18 de septiembre a la 1:00 pm en el Salón María Martínez, Anexo del Senado.

San Juan, Puerto Rico. 16 de septiembre de 2019. – Ante lo reseñado en la prensa del país sobre la solicitud que le hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que presente un plan de transición que permita dejar sin efecto el crédito federal al arbitrio a las empresas foráneas, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, expresó no estar sorprendido ante la noticia e insistió en que la mejor manera de hacer frente al asunto es dando paso a una Reforma Contributiva Integral que, entre otras cosas, estructure la tributación a las foráneas  a base de una contribución sobre la ganancia neta que sea competitiva, permanente de al menos un 10% a las ganancias netas, y que esté bajo el control de los puertorriqueños, no al amparo de las locuras e intereses del Presidente o gobierno de turno en los Estados Unidos .

 

“Eso nos permite recaudar más. Así no hay que depender de un efímero y vulnerable trato especial a base del 4% del arbitrio especial. El contra argumento del menoscabo contractual por razón de los decretos de exención no resiste agua en un país arruinado. Condiciones extraordinarias permiten ese menoscabo. Ahora estamos amenazados por empezar el conteo regresivo del Tesoro EEUU para eliminar el crédito por arbitrio del 4% a las foráneas. Ese ingreso representa el 20% del Fondo General”, sentenció el legislador independentista.

 

Para Juan Dalmau  una reforma contributiva integral, en particular del sector corporativo, que elimine la distinción entre empresas exentas y no exentas, y una política fiscal que incremente modestamente la responsabilidad contributiva de las corporaciones foráneas, se hace urgente y permitirá al gobierno obtener los ingresos que hoy no tiene para realizar aquellos gastos de inversión social en la salud, la transportación colectiva, el medioambiente, la educación y la cultura que eleve la calidad de vida de los puertorriqueños.

 

“Si le hubiéramos impuesto las tasas contributivas que en justicia esas empresas deberían haber pagado en Puerto Rico, los recaudos en los pasados 30 años hubiesen superado los $50,000 millones. Suficientes para que la clase media trabajadora hubiese estado disfrutando desde hace mucho tiempo de justicia contributiva, el gobierno no tuviese la crisis fiscal que actualmente sufre, no fuera necesario la imposición de un IVU, la UPR no tuviese problemas presupuestarios y decenas de miles de trabajadores no hubiesen perdido derechos ni beneficios laborales o tenido que ser despedidos”, puntualizó el líder independentista.
Finalmente, reiteró su llamado a que la Legislatura apruebe las medidas que ha radicado sobre el particular. “Sólo así podrá atenderse adecuadamente el déficit fiscal y garantizar de cara al futuro un andamiaje económico y fiscal más estable y próspero que haga justicia a la mayoría de nuestro pueblo”, concluyó Dalmau.

 

EL CAPITOLIO. 10de septiembre de 2019. –  “Si bochornoso e indignante es el último legado del ex gobernador Ricardo Rosselló, al firmar una ley que obliga a los jóvenes puertorriqueños a inscribirse en el servicio militar obligatorio para poder obtener la licencia de conducir, más vergonzoso es que dicho servicio militar obligatorio sea impuesto por el gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico debido nuestra relación de subordinación colonial”. Así se expresó el senador Juan Dalmau Ramírez al anunciar la radicación de una Resolución Concurrente que le exige al Congreso de los Estados Unidos de América que excluya a Puerto Rico del ámbito de aplicación del Military Selective Service Act, 50 U.S.C. 3801, et seq., según enmendado.

“Cuando se pretenden imponer responsabilidades sin reconocer los derechos inalienables más elementales, como el derecho a la autodeterminación, se atenta contra la dignidad. El Servicio Selectivo es un sistema diseñado por el Congreso de los Estados Unidos para generar una lista de candidatos disponibles para el servicio militar en la eventualidad de que se decrete un estado de emergencia bélica y el gobierno determine reclutar soldados forzosamente. Es de particular importancia subrayar que, según expone el estatuto federal, a los jóvenes que no se inscriban se les podría imponer una pena de reclusión de cinco (5) años o una multa de hasta doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00)”, sentenció el Portavoz senatorial del PIP.

“Resultaría ofensivo e imperdonable que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, como cuerpo representativo de un pueblo amante de la paz, auspicie con su inacción o silencio el uso de nuestros jóvenes como carne de cañón en escenarios de conflictos bélicos presentes o futuros, particularmente cuando dichos conflictos no tienen absolutamente nada que ver con Puerto Rico, nuestra seguridad o nuestra subsistencia. Por estas razones y muchas otras he radicado esta  Resolución Concurrente, con el fin de exigir al Congreso de los Estados Unidos de América que excluya a Puerto Rico del ámbito de aplicación del Military Selective Service Act.”, concluyó Dalmau Ramírez.

 

San Juan, Puerto Rico. 7 de septiembre de 2019. – Para el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, a un mes de la renuncia del exgobernador. Ricardo Rosselló, y de haber tomado posesión Wanda Vázquez, la nueva gobernadora se ha caracterizado por buscar “oportunidades de fotos” y no asumir posiciones claras sobre temas medulares.

“El único esfuerzo visible que ha hecho es el de un montaje propagandístico para dar la impresión ante el país de que es, entre comillas, “una nueva administración”. Pues ni una cosa ni la otra. En los temas medulares de criminalidad, salud, desarrollo económico, educación no hay acciones concretas que se hayan comunicado al pueblo.”

El líder pipiolo criticó que el gabinete del exgobernador Ricardo Rosselló prácticamente permanezca intacto, incluyendo a algunos de los participantes del infame Telegram que le costó el cargo de gobernador al Sr. Rosselló, mientras, por otra parte, prevalecen las determinaciones de Rosselló Nevares ante la Junta de Control Fiscal.

“La actitud de la gobernadora Vázquez es la misma de Ricardo Rosselló. Por un lado, Wanda Vázquez titubea con respecto al recorte de las pensiones y la posible eliminación del pago del bono navideño, que resulta ser complemento salarial importante para una clase trabajadora empobrecida. Por otra parte, apoya sin titubear lo negativo para el país, como lo es apoyar los términos del acuerdo de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) y continuar con la política de privatización de servicios energéticos y servicios esenciales que impulsaba (el expulsado gobernador) Ricardo Rosselló”, sentenció.

El senador independentista condenó que la gobernadora Vázquez haya dicho que no impugnará la validez de las determinaciones y acciones de la JSF en los pasados tres años.

“La Gobernadora le ha solicitado al Tribunal Supremo federal, al igual que lo ha hecho el liderato del Partido Popular, que valide las acciones abusivas que ha impuesto la Junta de Control contra el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Dalmau, también secretario general del PIP.

“Estamos ante una Gobernadora que aparenta estar ciega ante el reclamo de un pueblo durante el Verano del ’19. El pueblo exigió mayor participación democrática en la gobernanza, mayor transparencia en el uso de fondos públicos y las acciones del gobierno, y el fin a la impunidad de aquellos funcionarios públicos que incurren en corrupción. Sobre esos temas impera el silencio de Wanda Vázquez. La Gobernadora tiene que actuar.  Yo he presentado el plan correspondiente para unas enmiendas constitucionales claras de manera inmediata. Y también he hecho una propuesta para más a largo plazo de una nueva constitución. Ya pasó el mes de gracia, estamos a la espera de acciones y posturas claras de su parte, Sra. Gobernadora”, concluyó

Capitolio- 5 de septiembre 2019- Para el Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, resulta indignante y vergonzoso la actitud de sumisión asumida por la Gobernadora frente a la Junta de Control Fiscal (JCF), al punto de no atreverse a confrontar directamente al ente fiscal y optar por mostrar sus cartas por voz de Omar Marrero tercer Director Ejecutivo de la Autoridad Asesoría Financiera y agencia fiscal. La Gobernadora asume una actitud de sumisión frente a la Junta de Control Fiscal (JCF)

“La actitud que describe el señor Marrero de la Gobernadora con respecto a la JCF es de sumisión, sencillamente  ‘mediar’ aunque eso signifique para  el pueblo el negarle servicios  esenciales y  necesarios. Con su actitud camaleónica, la Gobernadora,  por una parte, muestra incertidumbre con respecto al recorte de las pensiones  así como  con la posible eliminación  del pago del bono navideño, que resulta ser complemento salarial importante  para una clase trabajadora empobrecida. Por otra parte, muestra certeza en lo negativo para el país, como lo es plegarse a los  términos del acuerdo de la AEE y  continuar con la política de privatización de servicios energéticos y servicios esenciales que impulsaba Ricardo Rosselló, sentenció el Senador Independentista”.

Finalmente, el también Secretario General del PIP  condenó el  que la Gobernadora haya  dicho que no impugnará  la validez de las determinaciones y acciones de la JCF en los pasados tres años.

“La Gobernadora se  allana así a la posición que ha  asumido el ente fiscal federal que es compartida por el liderato del Partido Popular (PPD) en su comparecencia ante el Tribunal Supremo Federal. Ciertamente,  Wanda Vázquez ha mostrado sus cartas y sus cartas son todas de complacencia y sumisión ante la Junta de Control Fiscal, dando la espalda al mejor interés del pueblo de Puerto Rico”:,  concluyó el Senador Juan Dalmau.

 

Junta de Planificación es un obstáculo para establecer un Plan serio

 

San Juan, Puerto Rico, 4 de septiembre de 2019– El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, exigió a la recién nombrada Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, a tomar medidas cautelares mientras se espera por el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

La Ley 33-2019, que estableció la política pública con relación al cambio climático, facultó a la Comisión Conjunta a examinar, investigar y evaluar todo lo concerniente a la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, incluyendo estudiar y aprobar el Plan que será sometido por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

“Ahora mismo se están tomando acciones que afectan el medio ambiente y la salud de las comunidades que no se puede esperar para detenerlas. La Comisión Conjunta debe tomar acciones urgentes, que luego se podrían revisar cuando se presente el Plan”, dijo Dalmau Ramírez.

El senador del PIP propuso detener las construcciones de hoteles en Rincón y en Río Grande, para evitar el impacto en los recursos y reservas naturales; y aprobar los proyectos de su autoría para proteger siete Reservas Naturales, que están siendo amenazadas por la Junta de Planificación (JP) ante los cambios propuestos al Mapa de Distritos de Calificación de suelos.

Para Dalmau Ramírez, la JP es el enemigo de cualquier plan sobre cambio climático que se quiera seriamente establecer.

“Hay que detener ese atropello que está cometiendo la Junta, que al parecer planifica para unos intereses que no son los del pueblo de Puerto Rico. Por eso también hay que aprobar la moratoria de construcción en la zona costanera (PS 1122) y detener la colocación de antenas en las comunidades, como los casos de Aguada y Salinas, incluyendo las 5G. Si no detenemos este desastre promovido por la JP y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), debilitará la aplicación del Plan para el Cambio Climático”, aseveró.

El líder del PIP hizo un llamado también a la Cámara de Representantes a aportar en este proceso de cambios necesarios.

“La Cámara tiene ante sí dos proyectos importantísimos que beneficiaría a mejorar nuestra situación ambiental y de salud. Uno es el proyecto del senador Seilhamer para prohibir el uso de cenizas de carbón (PS 1221), ya aprobado por unanimidad en el Senado, y el otro es nuestra propuesta (PS 130) para prohibir el uso del peligroso glifosato en las propiedades públicas”, comentó.

Dalmau finalizó señalando que cualquier Plan sobre Cambio Climático a establecerse tiene que dar participación real y surgir de las comunidades.

“Como establecí en el proyecto sobre la Ley de Resiliencia de Puerto Rico (PS 719), todo proceso debe comenzar desde las comunidades, que son las más afectadas por las malas decisiones de las agencias de gobierno y el cambio climático. La Comisión Conjunta sobre Cambio Climático de la Asamblea Legislativa puede cambiar desde ahora las acciones incorrectas del pasado”, terminó Dalmau.

San Juan. 2 de septiembre de 2019. – Extender protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima lacerada por actos de “bullying” y enmendar la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que los niños registrados en el Programa de Educación Especial que no hayan cumplido veintiún (21) años de edad deben considerarse “menores” a los efectos de la aplicación de la ley referida, son los objetivos que persiguen los proyectos del Senado 1347 y 1356, de la autoría del Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez.

El legislador independentista indicó que ambas medidas buscan hacer justicia y ampliar las protecciones de los estudiantes que forman parte del Programa de Educación Especial. En cuanto al PS 1347, el senador Dalmau Ramírez subrayó que está dirigido a atender circunstancias excepcionales que permanecieron desatendidas por “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”.

El Artículo 9 del estatuto (Ley Núm. 85–2017) determina que, en aras de que sean atendidos desde una óptica terapéutica, los casos de “bullying” en que resulten denunciados estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación se regirán por los procedimientos disciplinarios contenidos en el “Manual de Procedimiento de Educación Especial”. 

“Sin embargo, la Ley Núm. 85–2017 y el “Manual de Procedimiento de Educación Especial” no contemplan cómo debe procederse cuando tanto la víctima como el niño denunciado se encuentren registrados en el referido Programa de Educación Especial, particularmente para proteger a la víctima de futuros actos constitutivos de hostigamiento, intimidación, agresión o “bullying”. Con este proyecto de ley buscamos atender esas circunstancias especiales no previstas por el estatuto original, extendiendo protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima lacerada por otros niños registrados en el Programa de Educación Especial y salvaguardar un balance de intereses entre los derechos de unos y otros que garantice la dignidad de todas las partes.”, puntualizó el senador pipiolo.

El Portavoz del PIP en el Senado anunció además la radicación del P. del S. 1356, una medida que busca enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 246–2011, según enmendada, denominada “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que los niños registrados en el Programa de Educación Especial que no hayan cumplido veintiún (21) años de edad deben considerarse “menores” a los efectos de la aplicación de la ley referida.

La “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” sólo protege expresamente a los menores a hasta los dieciocho (18) años de edad, sin hacer reconocimiento específico de las protecciones legales especiales que pudieran necesitar los menores con diversidad funcional entre los dieciocho (18) y los veintiún (21) años de edad ante los escenarios de maltrato y peligro previstos por ese estatuto. 

“Como parte de nuestro compromiso con la población con diversidad funcional en Puerto Rico, buscamos que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico determine extender los derechos, protecciones y cuidados que la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” antes sólo ofrecía a los menores que no hubiesen cumplido los dieciocho (18) años de edad, a toda persona registrada en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación que no hubiere cumplido los veintiún (21) años de edad. De esta manera armonizamos el ordenamiento aplicable a las personas con diversidad funcional para que ellas y ellos, que todavía se encuentran en su proceso educativo formal bajo la supervisión del Departamento de Educación, no queden desprotegidos ante situaciones de maltrato y peligro una vez cumplen los dieciocho (18) años de edad”, sentenció el senador Juan Dalmau Ramírez.

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A casi dos años del huracán María existen aún muchas áreas indefensas en el país

 

San Juan, Puerto Rico, 26 de agosto de 2019 – El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, insistió en que el gobierno de Puerto Rico tiene que invertir en la reducción del riesgo de desastres y en los planes de resiliencia, proceso que debe comenzar desde las mismas comunidades que son las más afectadas con el paso de diversos fenómenos atmosféricos.

Dalmau Ramírez sometió el 16 de noviembre de 2017, el Proyecto del Senado 716, para crear la “Ley de Resiliencia de Puerto Rico” y establecer política pública sobre la reducción del riesgo de desastres y respuesta comunitaria descentralizada como parte integral de la dimensión ambiental, social, económica y política del desarrollo sostenible.

“El PS 716 es un mapa de ruta para planificar, algo que debimos comenzar hace tiempo. Como país, no podemos seguir esperando que lleguen tormentas y huracanes sin tener preparadas a nuestras comunidades y los sectores que viven en áreas más indefensas. Actualmente, no hay un plan ni estructura e insisto que es urgente que se establezcan planes a nivel municipal, regional y nacional.  Esto mejoraría las condiciones socioeconómicas y medioambientales, incluyendo la lucha contra las variables futuras del cambio climático, y las comunidades resultarían más prósperas y seguras que antes. La reducción del riesgo de desastres es una inversión que protege la vida, las propiedades, los medios de sustento, las escuelas, los negocios y el empleo”, explicó.

Algunos de los aspectos que atiende el proyecto son: la elaboración de planes de resiliencia a nivel comunitario, municipal, regional y estatal, fomentando la participación y deliberación comunitaria, en colaboración con el gobierno, diversos sectores (educación, salud, transporte, medio ambiente, académico, empresarial y comercial) y con el apoyo de otras organizaciones internacionales; el establecimiento de un programa sostenible y permanente de capacitación del personal municipal clave, en colaboración con las comunidades, profesionales del sector social, económico e instituciones especializadas locales y nacionales.

“Además, el Departamento de Educación tendrá que incorporar a su currículo cursos educativos sobre la resiliencia, la vulnerabilidad y la reducción del riesgo de desastres; e integrar a la comunidad escolar al desarrollo de los planes de resiliencia en la comunidad donde esté ubicado el plantel escolar. Al igual que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) deberá fortalecer los medios de sustento, la disponibilidad y calidad del agua potable, el abastecimiento de alimentos y otros recursos naturales. Es un proyecto de planificación integral, completo y participativo”, manifestó Juan Dalmau.

El senador del PIP criticó las acciones del gobierno que son contrarias a lo que la realidad del cambio climático está mostrando en Puerto Rico.

“Mientras la erosión costera sigue poniendo en peligro nuestras comunidades y reservas naturales, situación que puede empeorar con el paso de fenómenos atmosféricos, el gobierno continúa dando permisos para construir en las costas o privatizarlas.  Junto con las etapas y el proceso de capacitación, educación y concienciación pública para establecer los planes comunitarios de resiliencia, hay que establecer una moratoria (PS 1122) a la construcción en la zona costanera y aprobar una ley de costas (PS 129) como parte de una planificación a largo plazo”, expresó Dalmau.

Por último, Dalmau Ramírez hizo un llamado a los municipios a tomar iniciativas propias a través de las resoluciones que sometieron los legisladores y legisladoras municipales del PIP, buscando crear planes de resiliencia municipales en conjunto con las comunidades.