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El Capitolio. 27 de agosto de 2020 – El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, cursó una carta a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, con el fin de alertarle sobre irregulares administrativas que amenazan la estabilidad de la Escuela Ladislao Martínez Otero (Maestro Ladí) radicada en el Municipio de Vega Alta.

“La Escuela Maestro Ladí constituye una comunidad escolar saludable y vigorosa en el Municipio de Vega Alta, cuyo historial de servicio a las comunidades circundantes es incuestionable. No obstante, durante la tarde de ayer recibí el insumo de líderes de esa comunidad, quienes me presentaron una situación inexplicable que amerita la atención e intervención apremiante de la gobernadora”, advirtió el también aspirante a la gobernación por el PIP.

En la misiva cursada a la primera ejecutiva, el legislador independentista advirtió que, “como consecuencia de directrices emitidas bajo la autoridad del Secretario de Educación, Dr. Eligio Hernández Pérez, se pretende desmantelar esta comunidad escolar injustificadamente. Un grupo nutrido de maestros y estudiantes, entre ellos y ellas estudiantes inscritos en el programa de Educación Especial, fueron removidos de la escuela sin previo aviso, explicación, o las observancias mínimas que requiere el Debido Proceso de Ley, con la intención de ser reubicados. La decisión, que ha pretendido implementarse atropelladamente luego de ya haberse iniciado el semestre escolar, ha generado un impacto dañoso palpable entre estudiantes, padres y miembros de la facultad”.

“La Escuela Maestro Ladí merece ser restituida a su estructura organizacional original”, añadió Juan Dalmau.“Igualmente, la directriz emitida contra sus componentes amerita dejarse en suspenso, cuanto menos hasta que se cumplimente un proceso de consulta democrática con la comunidad, luego de restituida la normalidad en el país y superada la situación de emergencia actual. Los estudiantes y maestros que han visto vulnerada su estabilidad a raíz de decisiones que aparentan responder a cálculos aritméticos insensibles –que se proyectan como una continuación de la peor tradición administrativa promulgada por la exsecretaria Julia Keleher– no merecen menos”, sostuvo el legislador pipiolo.

El Secretario General del PIP solicitó a la Gobernadora tener presente el cuadro histórico en que se suscita la situación. “Nos encontramos frente a estudiantes que en poco tiempo han confrontado situaciones desastrosas sin precedentes: huracanes, inundaciones, terremotos y una pandemia inmanejable para los sectores más empobrecidos. Ahora se intenta añadir sobre todo esto un proceso abrupto de ruptura con su comunidad escolar, que es fuente primaria de sus relaciones sociales. Las consecuencias emocionales, académicas y humanas pueden ser terribles e irreparables para estos jóvenes. Por eso solicitamos la intervención inmediata de la jefa del Secretario de Educación”, expuso finalmente el Portavoz del PIP, quien se mostró confiado en que la Gobernadora tendría a bien atender la solicitud presentada en nombre de la comunidad que compone la Escuela Maestro Ladí de Vega Alta.

San Juan. 24 de agosto de 2020. – El candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, realizó un evento virtual dirigido a presentar sus propuestas para la diáspora. El evento fue coordinado por el grupo “La Diáspora con Juan Dalmau”, el cual agrupa a boricuas que residen fuera del país, particularmente en los Estados Unidos.

“Para mí es de fundamental importancia y una obligación el tener este tipo de contacto con compatriotas que, ya sean ellos o sus padres, tuvieron la necesidad de emigrar y abandonar el país porque no encontraron oportunidades ni herramientas que le permitieran permanecer aquí en su Patria”, puntualizó  Dalmau Ramírez.

En el más reciente encuentro con la organización, “La Diáspora con Juan Dalmau”, el portavoz senatorial del PIP indicó “conversamos sobre la realidad de las comunidades puertorriqueñas que están fuera de Puerto Rico. Aproveché para resaltar que mi programa de gobierno incluye una sección específica para atender los asuntos relacionados a la diáspora. Entre otras cosas, propongo el establecimiento de una oficina de enlace, no sólo para la transición del regreso de aquellos que quieran volver a Puerto Rico y ayudarlos con asuntos relacionados a empleo, vivienda, educación, salud, entre otros; sino, además, para aquellos que, aún cuando no vuelvan a Puerto Rico de manera permanente, tengan la facilidad de un enlace gubernamental apropiado que haga de su visita al país una segura, placentera, que despierte el anhelo y esperanza de un pronto regreso permanente a su patria”.

Como parte del encuentro se orientó del derecho que tienen los puertorriqueños en la diáspora de solicitar voto ausente. “El 19 de septiembre es la fecha límite para solicitar voto ausente. El requisito para solicitar voto ausente es estar inscrito en Puerto Rico y haber votado en cualquiera de las últimas dos elecciones. Es importante que la diáspora se active para votar por una Patria Nueva.”

Juan Dalmau resaltó que los puertorriqueños que se encuentran fuera de Puerto Rico son parte fundamental del desarrollo del país y, por lo tanto, en su propuesta de Patria Nueva hay unos elementos esenciales incluidos para que haya un puente permanente de comunicación y de intercambio entre esas comunidades puertorriqueñas fuera de Puerto Rico con sus compatriotas residentes en la isla.

 San Juan, Puerto Rico. 17 de agosto de 2020 – “Estamos viviendo una situación sin precedentes en nuestra historia electoral. Le escribo porque las circunstancias exigen del liderato político alcanzar un entendido que permita al país recuperar la confianza en el proceso electoral”. Mediante el envío de una carta a los presidentes de los partidos el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, lanza un puente al resto del liderato político del país, en la que le presenta unos puntos cardinales para un entendido político que logre devolverle la confianza al pueblo en nuestro sistema electoral.
“El fracaso en la ejecución del proceso electoral en las primarias creó un enorme golpe a la credibilidad del sistema electoral, peor que el de 1980, cuando severas irregularidades en el escrutinio de votos laceraron la confianza del país en los resultados de las elecciones generales. En las primarias recién celebradas los electores no pudieron ejercer el voto. No existe precedente en nuestra historia de semejante violación a los derechos electorales de los puertorriqueños”, puntualiza Dalmau Ramírez en su comunicación.
La crispación social vivida en las elecciones de 1980 como resultado de la interrupción en la comunicación de resultados electorales llevó a los partidos políticos en aquel entonces a sentarse en una misma mesa y rediseñar el sistema electoral, con una estructura que hasta hace pocas semanas gozó de certeza, pureza y garantías de confiabilidad.
“El trastoque de ese diseño con la aprobación de la mal llamada Reforma Electoral, sumado a la incapacidad de personajes específicos como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los Comisionados Electorales del PNP y el PPD, exige que designemos unos representantes de cada partido para que se reúnan de manera urgente para conjuntamente y de forma consensuada, tracen un plan de cara a las Elecciones Generales que le ofrezca al país garantías de pureza y confiabilidad nuevamente en el proceso electoral”, subraya en su misiva el también Portavoz del PIP en el Senado.
Los puntos cardinales que Juan Dalmau propone como parte del entendido político para lograr devolverle la confianza al país en nuestro sistema electoral son:
1.          Exigir la renuncia del actual Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y en su defecto, encaminar de manera conjunta el proceso de destitución que contempla la Ley por medio de los tribunales.
2.         Seleccionar a un sucesor del Presidente con el apoyo unánime de los Comisionados Electorales.
3.         Exigir a la gobernadora convocar la celebración de una Sesión Extraordinaria en la que se lleve a votación un proyecto de Ley para derogar la Ley 58-2020, conocida como “Código Electoral del 2020” y se restituya el lenguaje del anterior Código Electoral.
4.        Acordar que la Comisión Estatal de Elecciones se convoque en sesión permanente para asegurar el cumplimiento estricto del CalendarioElectoral yque se trabaje de forma rigurosa y eficiente el cumplimiento con los preparativos administrativos y electorales de cara a las Elecciones Generales el próximo 3 de noviembre.
“Reitero mi llamado al consenso para devolverle al país la esperanza y la confiabilidad en nuestro sistema electoral”, concluye Juan Dalmau su comunicación.

El Capitolio; 6 de agosto de 2020 – A días escasos del inicio virtual del nuevo año escolar, nuevamente quedan en precario los servicios de educación especial. Madres, padres, terapistas y organizaciones afiliadas a la comunidad de Educación Especial denuncian que por trabas establecidas bajo la nueva “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico”, aprobada en abril del año corriente, permanecería desatendido un sector nutrido de la niñez con diversidad funcional en el país. Así lo dejó saber el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, mediante comunicado de prensa.

 

El legislador independentista advirtió que el Artículo 13.B(5) de la Ley 48–2020 establece categóricamente que “durante la vigencia de la emergencia, los servicios a ser provistos serán de forma individual”, lo cual atenta contra los mejores intereses de los estudiantes de Educación Especial

 

“Esta disposición coloca a algunos proveedores de servicios en la posición de verse obligados a violentar los Programas Educativos Individualizados (PEIs) de estudiantes que, por designación clínica, necesitan terapias grupales. Hay terapias que, por su naturaleza, propósitos y necesidades del estudiantado, requieren el desarrollo de destrezas que no pueden cultivarse en un vacío. La intervención indebida de este estatuto con el juicio clínico de los profesionales de la salud y conducta humana implica la usurpación de prerrogativas que van en detrimento de la niñez. Durante el cierre general de la economía provocado por la pandemia, y hasta muy recientemente, diversos proveedores continuaron ofreciendo las terapias grupales de manera remota. No obstante, los servicios quedaron interrumpidos al entrar en vigor la nueva ley”, sentenció el senador pipiolo.

 

El también aspirante a la gobernación del PIP puntualizó que la imposición de terapias exclusivamente individuales a estudiantes cuyos PEIs requieren la participación en sesiones colectivas tiene, a su vez, otros efectos indeseables. “Estadísticamente, en Puerto Rico no contamos con terapistas suficientes para atender de manera individual a todos los niños y niñas que tienen derecho a recibir terapias. Consecuentemente, poner en vigencia la “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico”, según fue aprobada con mi voto EN CONTRA, implicará necesariamente el desplazamiento de niños y niñas que no tendrán acceso a los servicios”, afirmó Dalmau Ramírez.

 

“Como si esto fuera poco, la eliminación de terapias grupales tampoco es sostenible desde una perspectiva fiscal. Las terapias individuales son más costosas que las grupales, por lo cual su expansión y uso exclusivo tendrá un efecto agregado en las arcas gubernamentales que, a largo plazo, no sólo hará los tratamientos disponibles a menos estudiantes, sino que también propenderá a reducir la cantidad de terapias ofrecidas por estudiante activo en el Programa de Educación Especial”, expuso finalmente el Portavoz del PIP.

San Juan, Puerto Rico. 30 de julio de 2020. – “Otra humillación a los estadistas. A los que dicen que si no les dan la estadidad favorecen la independencia, ¿qué esperan?  ¿Que se lo dibujen con crayolas?”. Así reaccionó el senador y candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, ante la carta del Departamento de Justicia Federal sobre el referéndum Estadidad Sí o No a celebrarse en noviembre en conjunto con las Elecciones Generales.

“La carta del Departamento de Justicia Federal no es sorpresa para nadie, salvo para el liderato del PNP, que no se da cuenta que su furor asimilista solo agudiza su contradicción con los EEUU en general, así como con Trump y los republicanos en particular (luego así será también con los demócratas si ganan). A los argumentos del rechazo a la estadidad del 2017 el Departamento de Justicia Federal añade que este proceso de noviembre, levanta falsas expectativas sobre la estadidad y que ellos son “neutrales”. Ahora que el estadoísmo está herido y acorralado démosle el golpe de gracia a la anexión y al asimilismo votando NO en el referendum del  3 de noviembre. ¡Puertorriqueños Siempre!”, manifestó el líder independentista.

Capitolio. 22 de julio de .2020. – “La Asamblea Legislativa debe Investigar las imputaciones contra la Gobernadora”,  indicó hoy el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, ante las nuevas revelaciones contenidas en el informe sometido por el Departamento de Justicia al Panel del Fiscal Especial Independiente.

 “Se hace más urgente que nunca antes que la legislatura descargue su responsabilidad ministerial y actúe cónsono a su función  constitucional de servir de contrapeso fiscalizador a la rama ejecutiva. No hay excusas para que en esta sesión extraordinaria el Senado descargue la resolución investigativa  que radiqué sobre los posibles actos criminales y de obstrucción a la justicia que se le imputan a la Gobernadora y a funcionarios de su administración”, puntualizó el candidato a la gobernación del PIP.

El legislador independentista sentenció, que a la luz de los hechos,  la Asamblea Legislativa tiene la autoridad y el deber constitucional para actuar, y aprobar su resolución sería la forma más eficaz y contundente de cumplir con ello.

“La aprobación de la resolución significaría iniciar de inmediato esta investigación, tomar declaraciones juradas, entrevistar testigos, poder tener un expediente completo sobre los hechos imputados y, así, contar con los elementos de juicio para decidir las acciones correspondientes, como podría ser la recomendación de iniciar un proceso de residenciamiento”, subrayó Dalmau Ramírez.

El líder pipiolo también hizo un llamado al país a reflexionar profundamente sobre los acontecimientos de cara a las elecciones generales en noviembre. “Esta  situación debe servir para que el pueblo de Puerto Rico reflexione sobre  en manos de quién ha estado colocando el gobierno del país y en manos de quién lo pondrá en noviembre próximo.  Los hechos que se imputan deben provocar indignación en todos los puertorriqueños porque las acciones de estos funcionarios demuestran  falta de escrúpulos en momento en que el país más vulnerable se encontraba. A esos que anteponen sus apetitos personales en momentos en que la ciudadanía más necesitada estaba merecen que se les repudie y sean juzgados en las urnas”, concluyó.

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20 de julio de 2020. San Juan, Puerto Rico. –  Ante el anuncio hecho por la Gobernadora de que en la convocatoria a una sesión extraordinaria enviará un proyecto para regular la operación de las aseguradores de salud en Puerto Rico, el portavoz senatorial y aspirante a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, emplazó a la mandataria y a los presidentes de los cuerpos legislativos a que incluyan en la extraordinaria y aprueben con premura la medida radicada por él y su homólogo en la Cámara, Denis Márquez, que busca implantar un  Sistema de Salud Universal en Puerto Rico, así como el Proyecto del Senado 334, de su autoría, que propone como política pública el acabar con la injusticia que padecen hoy pacientes y proveedores de salud con aseguradoras privadas que actúan con actitudes tiránicas.

 

“Si la Gobernadora habla en serio y no miente, cuando expresa que ‘los tiempos en que los médicos y pacientes tienen que estar luchando para lograr un servicio médico adecuado, un servicio accesible y ágil y dónde, además, tienen que pedirle permiso en cada gestión a las aseguradoras comenzarán a ser cosas del pasado’, lo que debe hacer es instar a la mayoría parlamentaria de su partido a que apruebe en ambos cuerpos el Plan de Salud Universal y el  P. del S. 334 y ella convertirlos en ley estampando su firma inmediatamente”, manifestó el legislador independentista.

 

“Si en algo hay consenso en Puerto Rico, es en la necesidad de acabar de una vez y por todas con la tiranía que imponen los intereses económicos de las aseguradoras privadas, las cuales mediante ese control hoy dictan cuáles tratamientos autorizan basado más en preservar su ganancia que en la salud de los pacientes y ciudadanos”, sentenció el Portavoz senatorial del PIP.

 

Para el Senador independentista la aprobación del PS 334 por lo menos protegería al paciente, ya que su proveedor de servicio – sea un médico, un técnico de laboratorio, o farmacéutico- no estaría sometido a un cambio arbitrario y caprichoso en su contrato por parte de las aseguradoras. “El PS 334 es un primer paso inmediato para al menos proteger al paciente de que su proveedor de servicio no se vea afectado ante los abusos de las aseguradoras. Ese proyecto debe verse cuanto antes de manera que, en lo que se adopta un Sistema de Salud Universal, al menos se tengan unas garantías mínimas para la protección de los pacientes y los proveedores de servicios”, insistió Juan Dalmau.

 

El P del S 334 establece que los contratos entre aseguradoras y proveedores de cuidado de salud participantes no pueden ser alterados unilateralmente por las aseguradoras de manera que tengan el efecto de menoscabar la compensación o el patrimonio de los proveedores, una vez se han certificado los pagos realizados a los proveedores por diagnósticos y tratamientos debidamente autorizados por el proveedor al paciente.

 

 

Capitolio. 25 de junio de 2020. – “El presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa no es el presupuesto del pueblo de Puerto Rico, es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Resulta un ejercicio ridículo e indignante el que la Asamblea Legislativa continúe aprobando, mediante simulacros legislativos, un presupuesto que lo impone un ente extranjero compuesto por gente por la que nadie votó, y el cual, para añadir sal a la herida, tiene la autoridad durante el transcurso del año fiscal de hacer con el mismo lo que le venga en gana, ya que mediante los planes de ajustes pueden reducir o eliminar partidas asignadas.” Así se expresó el legislador independentista, Juan Dalmau Ramírez, al consignar su voto en contra del Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2020

“Nuevamente, queda sobre el tapete el régimen antidemocrático impuesto por el Congreso de los Estados Unidos, con su versión más reciente por medio de una Junta de Control Fiscal. Y resulta patético que quienes alegan combatir la colonia le estén haciendo el juego. La mayoría parlamentaria del PNP juega a ser estadista, pero en el fondo, al igual que el PPD, terminan complacidos administrando las migajas de la colonia”, manifestó el Portavoz senatorial del PIP.

Dalmau Ramírez insistió en que es necesario confrontar la Junta mediante un proceso político gubernamental, negándole fondos presupuestarios y generando una crisis política gubernamental que obligue al Congreso a examinar su relación política con Puerto Rico.

Capitolio, 23 de junio 2020-El Senador y candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, condenó el acuerdo para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunciado ayer por la Gobernadora y aseguró que el mismo no resolverá los problemas de la corporación pública y significará un golpe mortal para los abonados residenciales y comerciales del país.

“He dicho que en esta elección los electores deben evaluar los candidatos por historial y carácter. Siempre he sostenido que las utilidades públicas de AEE y Acueductos son un derecho humano que no deben estar sujetas al mercado y la privatización con fines lucrativos.   El acuerdo que ha hecho el gobierno con la Junta de Control para privatizar la distribución y transmisión energética es malo para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció el legislador independentista.

El portavoz senatorial del PIP puntualizó que lo anunciado ayer por la Gobernadora es el último eslabón en una larga cadena de acciones perpetradas por gobiernos populares y penepés contra la AEE para justificar su privatización. “Resulta indignante que los mismos que por años han venido destruyendo esta corporación con sus ineptas administraciones, dejándola sin personal, recursos y materiales para que sus empleados puedan realizar eficientemente su trabajo, ahora traten de justificar su privatización. Esto es el resultado perverso de la incompetencia administrativa de gobiernos populares y penepés, para entregar a manos privadas uno de los principales activos de nuestro país”.

En términos sencillos, añadió el Senador Dalmau Ramírez, “este gobierno le entregó a una corporación extranjera la administración de un servicio esencial y necesario para todos, residentes y comerciantes. El impacto será aumento en las facturas, ya no solo por la determinación del acuerdo de la Juez Swain sobre la AEE en la fase de la generación, sino porque ahora la distribución se privatiza. Son dos aumentos señalados que causan enorme daño al bolsillo de los consumidores residenciales y aumenta los costos operacionales de los pequeños y medianos comerciantes”, conluyó  el  Senador independentista.

San Juan, Puerto Rico. 13 de junio de 2020 – Ante la ola que se ha levantado a nivel mundial en repudio al racismo, a la luz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, anunció la radicación de una medida que propone instaurar un curso en las escuelas públicas del país sobre valores, derechos humanos, y la erradicación del racismo y la xenofobia.

“Aunque recibió un informe negativo la primera vez que radique esta medida en abril de 2018, he insistido en radicarla nuevamente porque pienso que es un tema importante. En momentos en donde se está debatiendo a nivel de todo el mundo el tema del racismo y la xenofobia, debe darse paso a esta propuesta para incluir en el currículo escolar un modelo de curso, diseñado por la ONU, sobre el tema de los Derechos Humanos dando énfasis en el tema de la identificación y erradicación del racismo y la xenofobia, entre otros derechos que hay que reconocer”, puntualizó el Portavoz senatorial del PIP, refiriéndose al Proyecto del Senado 1630.

El legislador subrayó que es urgente y necesario hacer consciente al país sobre la necesidad de que haya una discusión y debate sobre el tema del racismo, la xenofobia, la exclusión y el discrimen contra distintos sectores de nuestra sociedad. “Y tiene que partir esa discusión del salón de clases, donde la formación de nuestros jóvenes es determinante para su comportamiento en el futuro y la construcción de lo que aspiramos como sociedad.  Así que confío que, en esta ocasión, el Senado esté a la altura de los tiempos y se le dé la consideración debida a la medida, antes de que termine la última sesión de este cuatrienio “, concluyó el también candidato a gobernador.

 

Capitolio. 11 de junio de 2020 – “El contexto que vivimos ante la pandemia obliga a repensar los servicios esenciales del gobierno. La pandemia ha obligado a todas las personas en el país a observar normas estrictas de distanciamiento social y a permanecer recluidas en los hogares. Esto significa que muchas tareas que antes se hacían de manera presencial, ahora se harán por la vía remota del Internet. Esto pone de manifiesto la urgencia de que nuestro pueblo tenga acceso libre y gratuito a Internet de Banda Ancha como un servicio esencial que necesita hacerse disponible por razones educativas, económicas, laborales y morales”. Con estas palabras el portavoz senatorial del PIP, Juan Dalmau Ramírez, pone sobre la mesa de discusión su propuesta de “Ley de libre acceso al Internet”.

La medida le ordena a PREPA Networks, en colaboración con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, desarrollar e implementar un modelo público de provisión de acceso al Internet de Banda Ancha que se haga disponible, libre de costo, al pueblo en general.

“En momentos en que, para dar un ejemplo, se plantea que la mejor manera de concretar una reanudación de clases segura en el semestre que dará inicio en agosto de 2020 es mediante la implementación de metodologías educativas en línea, se hace necesario el garantizar el acceso gratuito a Internet, particularmente en un país en el que cerca del 50 por ciento de los hogares no cuenta con acceso al mismo. Si a la obligación del Estado en garantizar el derecho a la educación, hoy se impone como una verdad absoluta que el acceso al Internet dejó de ser un lujo, y se ha convertido en un derecho humano moral”, sentenció el senador Juan Dalmau.

El legislador independentista subrayó que para viabilizar el disfrute de estos derechos y la creación del modelo de provisión pública y asequible de acceso al Internet que propone la medida legislativa, es necesario derogar la Ley Núm. 80 de 6 de agosto de 2017, denominada “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”, de forma que, al revertirse el estado de derecho, las entidades gubernamentales correspondientes ostenten nuevamente las prerrogativas necesarias para insertarse en el mercado informático.

“Hago un llamado a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de Puerto Rico a que conviertan en ley esta medida y se establezca como política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer y declarar que el acceso público a Internet de Banda Ancha es un servicio esencial de alto interés público y un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al trabajo”, concluyó el también candidato a la gobernación del PIP.

El Capitolio; 30 de mayo de 2020 – El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, exigió hoy la aprobación urgente del Proyecto del Senado 1486, que busca crear la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” ante las necesidades que enfrenta esta población, en particular durante la pandemia del COVID-19.

“Aunque el gobierno ha dado pasos en la dirección correcta para atender reclamos de la comunidad sorda, es urgente que a nivel gubernamental se establezca una Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda que ofrezca orientación y servicios especializados y permanentes para atender todas las necesidades de esta población. El PS1486, de mi autoría, recoge ese reclamo histórico de la comunidad sorda”, señaló el portavoz senatorial del PIP.

Estudios recientes demuestran que la tasa de desempleo más alta entre las personas con diversidad funcional es la de las personas con alguna dificultad auditiva (50.2%), sin embargo, a pesar de haberse logrado adelantos en otras áreas, nuestras oficinas creadas a esos efectos no están preparadas para atender la población sorda.

“Los líderes de la comunidad sorda han denunciado que, por falta de intérpretes y recursos tecnológicos indispensables, hay personas sordas que no han podido solicitar ninguno de los servicios y apoyos gubernamentales extendidos en el contexto de la pandemia, pues se encuentran totalmente desorientadas y no saben cómo proceder. Incluso, han destacado que los vídeos explicativos existentes y otros materiales cibernéticos publicados por el Departamento del Trabajo no cuentan con intérpretes, por lo cual tampoco les son accesibles. Precisamente, mi medida busca establecer una estructura gubernamental que sirva de interlocutor entre la comunidad sorda y el gobierno”, puntualizó el también candidato a la Gobernación del PIP.

El legislador independentista indicó que ante la falta de personal idóneo y acomodos razonables en la agencias de gobierno, la ley que propone establecería lazos permanentes de comunicación con la comunidad sorda, no sólo en el contexto de las crisis pasadas y presente, sino en la vida diaria de cada persona sorda en el país. “Se trata de una población vigorosa que se aproxima a las 200,000 personas en el Archipiélago y que, tras una larga historia de marginación merece ocupar un sitial prioritario en la reorganización de la estructura gubernamental”, añadió.

La medida radicada el 4 de febrero de 2020 propone la creación de una oficina especializada, con presencia regional, que brindará servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo y/o sordera, quede excluida de recibir los servicios básicos a los que tiene derecho.

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