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San Juan, Puerto Rico. 31 de marzo de 2020–  Tras recibir información en el sentido de que la Administración de Rehabilitación Vocacional aún no ha tomado las provisiones necesarias para asegurar que estudiantes sordos continúen recibiendo los servicios que necesitan en el contexto de la educación a distancia, el portavoz senatorial de la Partido Indeendentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, le cursó una carta a la administradora del ente gubernamental, Madeline Hernández Dipini, con copia a la Gobernadora Wanda Vázquez, solicitándole  salvaguardar los derechos de la comunidad sorda y su acceso a la educación que necesitan.

“Como usted comprenderá, los estudiantes sordos y sordas requieren acomodos razonables indispensables para poder completar exitosamente sus tareas académicas y vocacionales y continuar desarrollándose. La provisión de intérpretes, fuere presencialmente o mediante recursos tecnológicos, es un servicio medular sin el cual los estudiantes sordos y sordas podrían encontrarse en la situación de sufrir un rezago insuperable. Por otro lado, esta situación que ciertamente es subsanable no parece dar indicios de corregirse oportunamente porque la Administración de Rehabilitación Vocacional no ha respondido de forma oficial a las preguntas y solicitudes planteadas por estudiantes y proveedores de servicios”, expresa el senador Dalmau Ramírez en su misiva.

La comunicación se da en el cotexto del toque de queda impuesto a todo el país mediante la orden ejecutiva firmada por la gobernadora, y en la que instituciones educativas han modificado su modelo de servicios y han comenzado a desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje de manera remota, específicamente mediante el uso de tecnología digital.

“Confío en que, una vez apercibida de la situación, usted hará todo lo que esté a su alcance para que el servicio sea provisto”, concluye Juan Dalmau su exigencia a la adminstradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional.

El portavoz del PIP en el Senado, Juan Dalmau Ramírez, emplazó al recién confirmado Secretario de Salud, Lorenzo González, a ser
transparente con el dinero del pueblo.
“La crisis le exige al nuevo Secretario ser absolutamente transparente. Así que le hago el siguiente emplazamiento: se aprobaron $500 millones, de los cuales parte de ellos se utilizarán en las respuestas de salud. La orden ejecutiva que firmó la Gobernadora exime al Departamento de Salud de la rigurosidad de subastas al momento de contratar servicios y bienes.
Mi emplazamiento al Secretario es que aunque la orden ejecutiva lo libera de estas restricciones de fiscalización, no lo exime a él de divulgar públicamente a quiénes se van a contratar para brindar servicios, a quiénes se les va a comprar bienes, las cuantías de los contratos, cómo se van a usar los fondos del país, etc. Hoy más que nunca la crisis le exige transparencia ante el pueblo”, concluyó diciendo el senador Juan Dalmau.

Capitolio. 12  de febrero de 2020. – El Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, radicó el Proyecto del Senado 1487, con el objetivo de que toda entidad contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico incluya, dentro de su cubierta especial, el uso terapéutico de un monitor continuo de glucosa (MCG) para pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1.

“Una de las preocupaciones más grandes que tienen los padres de niños con diabetes y adultos con diabetes tipo 1 es la hipoglucemia nocturna.  Muchos padres se desvelan pendientes de las glucosas de sus hijos con diabetes.  Se les hace muy difícil dormir tranquilos con el temor de que la azúcar baje en medio de la noche y el paciente no se dé cuenta. Gracias a los avances tecnológicos, se han creado sistemas que ayudan a los pacientes y padres de menores con diabetes a obtener información de los niveles de azúcar en sangre que antes era muy difícil obtener de la manera tradicional. A tales efectos, he sometido esta medida con el fin de disponer que todo asegurador y organizaciones de servicios de salud, planes de seguros que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier otra entidad contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico incluyan, dentro de su cubierta especial, el uso terapéutico de un monitor continuo de glucosa (MCG) para pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1”, puntualizó el legislador independentista.

Estos aparatos ofrecen una imagen completa de los niveles de glucosa, lo cual permite que se puedan realizar decisiones más adecuadas para el tratamiento y un control eficaz de la glucosa. A diferencia de un glucómetro, que sólo proporciona un instante del nivel de glucosa, los monitores continuos de glucosa miden constantemente los valores de glucosa a través de un sensor que se inserta bajo la piel.

“Es imperativo aprobar esta medida para ofrecer a los pacientes diabéticos en Puerto Rico, en especial los que padecen del tipo 1, la oportunidad de tener mejor calidad de vida y minimizar los riesgos de desarrollar otras complicaciones”, sentenció el senador Juan Dalmau Ramírez.

 

El P. del S 1487 se une a otra medida del Portavoz senatorial de PIP, el P. del S 660, que designa al Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes como el organismo responsable de ejecutar la política pública en relación con la planificación, organización, operación y administración de los servicios de investigación, orientación, prevención y tratamientos para la obesidad que han de ser rendidos en Puerto Rico. Esta medida fue aprobada hace meses de forma unánime en el Senado y aún se encuentra a la espera de que la Cámara de Representantes la atienda.

 
Capitolio. 4 de febrero de 2020. – El Senado de Puerto Rico aprobó hoy por unanimidad en su sesión ordinaria el Proyecto del Senado 1356, de la autoría del Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, que busca enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, denominada “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que los niños registrados en programas de educación especial del sistema de educación público o privado de Puerto Rico que no hayan cumplido veintiún (21) años de edad deben considerarse “menores” a los efectos de la aplicación de la ley referida.
 
La “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” sólo protege expresamente a los menores a hasta los dieciocho (18) años de edad, sin hacer reconocimiento específico de las protecciones legales especiales que pudieran necesitar los menores con diversidad funcional entre los dieciocho (18) y los veintiún (21) años de edad ante los escenarios de maltrato y peligro previstos por ese estatuto.
 
“Como parte de nuestro compromiso con la niñez y la juventud puertorriqueña, particularmente con la población con diversidad funcional registrada en el Programa de Educación Especial, la aprobación de esta medida hoy en la Senado de Puerto Rico amplía los derechos, protecciones y cuidados que la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” antes sólo ofrecía a los menores que no hubiesen cumplido los dieciocho (18) años de edad. Ahora, toda persona registrada en programas de educación especial del sistema de educación público o privado de Puerto Rico, que no hubiere cumplido los veintiún (21) años de edad, se le considerará menor. De esta manera, armonizamos el ordenamiento aplicable para que todas aquellas personas con diversidad funcional, que todavía se encuentran en su proceso educativo formal bajo el sistema de educación público como el privado, no queden desprotegidos ante situaciones de maltrato y peligro una vez cumplen los dieciocho (18) años de edad“, sentenció el senador Juan Dalmau Ramírez.
 
Finalmente, el también candidato a la gobernación del PIP hizo un llamado a los miembros de la Cámara para que atiendan con celeridad la medida y se convierta en ley.
 
 
 

https://juandalmausenador.com/p-del-s-1356-ley-para-la-seguridad-bienestar-y-proteccion-de-menores/ 

 

Capitolio. 4 de febrero de 2020. – El Senado de Puerto Rico aprobó hoy por unanimidad en su sesión ordinaria el Proyecto del Senado 1356, de la autoría del Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, que busca enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 246–2011, según enmendada, denominada “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que los niños registrados en programas de educación especial del sistema de educación público o privado de Puerto Rico que no hayan cumplido veintiún (21) años de edad deben considerarse “menores” a los efectos de la aplicación de la ley referida.
La “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” sólo protege expresamente a los menores a hasta los dieciocho (18) años de edad, sin hacer reconocimiento específico de las protecciones legales especiales que pudieran necesitar los menores con diversidad funcional entre los dieciocho (18) y los veintiún (21) años de edad ante los escenarios de maltrato y peligro previstos por ese estatuto.

“Como parte de nuestro compromiso con la niñez y la juventud puertorriqueña, particularmente con la población con diversidad funcional registrada en el Programa de Educación Especial, la aprobación de esta medida hoy en la Senado de Puerto Rico amplía los derechos, protecciones y cuidados que la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” antes sólo ofrecía a los menores que no hubiesen cumplido los dieciocho (18) años de edad. Ahora, toda persona registrada en programas de educación especial del sistema de educación público o privado de Puerto Rico, que no hubiere cumplido los veintiún (21) años de edad, se le considerará menor. De esta manera, armonizamos el ordenamiento aplicable para que todas aquellas personas con diversidad funcional, que todavía se encuentran en su proceso educativo formal bajo el sistema de educación público como el privado, no queden desprotegidos ante situaciones de maltrato y peligro una vez cumplen los dieciocho (18) años de edad”, sentenció el senador Juan Dalmau Ramírez.

Finalmente, el también candidato a la gobernación del PIP hizo un llamado a los miembros de la Cámara para que atiendan con celeridad la medida y se convierta en ley.

https://juandalmausenador.com/senado-aprueba-medida-de-jua…/

https://juandalmausenador.com/p-del-s-1356-ley-para-la-seg…/

“Presentamos esta medida legislativa para acabar con el ‘estado de segregación’ en el que las agencias públicas han colocado a esta población”.

 Capitolio. 29 de enero de 2020. – En su esfuerzo por acabar con las barreras estructurales de un andamiaje de servicios gubernamentales que se diseñó no tomando en cuenta las necesidades de la comunidad sorda, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, celebró hoy el Segundo Encuentro Ciudadano para presentar lo que a su juico es la medida legislativa más importante en beneficio de esta población.

En el Encuentro, el senador Juan Dalmau puntualizó que, de convertirse en Ley la medida, se crearía la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de ayudar a erradicar una falta de accesibilidad a los servicios gubernamentales que pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad de vida y la vida propiamente de las personas sordas a diario.

“La Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” se establece como un enlace efectivo entre ellos y las agencias públicas para coordinar los servicios a los que tienen derecho de manera sistemática y enfocada en sus necesidades. Tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa en el desempeño de sus responsabilidades y prerrogativas, y brindará servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo y/o sordera, quede excluida de recibir los servicios básicos del gobierno”, subrayó el Portavoz del PIP en el Senado.

La medida establece, además, que la Oficina Enlace brindará servicios de capacitación y adiestramiento de personal a dichas agencias para que la persona sorda que acuda a solicitar servicios pueda ser atendida, además de recopilar informes a ser producidos por las agencias públicas sobre las necesidades específicas de los sordos en cada dependencia, documentar la prestación de servicios y preparar y ofrecer talleres de capacitación a la comunidad sorda sobre cómo interactuar efectivamente con las agencias de gobierno, entre otras facultades y responsabilidades. Por último, la oficina enlace creada en virtud de esta Ley se convertirá en el “Intérprete Oficial del Gobierno de Puerto Rico”, con el objetivo de integrar a la comunidad sorda a los mensajes de estado, debates, informes fiscales, actividades públicas y otros foros pertinentes.

“El Primer Encuentro Ciudadano por la Comunidad Sorda produjo la aprobación de dos leyes importantes. La ley que establece la enseñanza de lenguaje de señas en las escuelas y la ley de acceso a la Justicia de personas sordas. Ambas fundamentadas en la inclusión y protección de derechos de la comunidad sorda. De este Segundo Encuentro surge una ley que garantizará servicios gubernamentales efectivos y accesibles para los sordos, y acabará de una vez y por todas con el anacrónico e indignante ‘estado de segregación’ en el que las agencias gubernamentales han colocado a esta población”, concluyó el también aspirante a la gobernación del PIP.

“Presentaremos la medida legislativa más importante en beneficio de esta población”

 

Capitolio. 28 de enero de 2020. – En su esfuerzo por trabajar junto a la comunidad sorda y atender sus necesidades, derechos e iniciativas, el senador Juan Dalmau anunció hoy la celebración del Segundo Encuentro Ciudadano para discutir lo que sería la medida legislativa más abarcadora en beneficio de esta población.

“Luego de semanas de trabajo en mi oficina legislativa, en colaboración con entidades y organizaciones vinculadas a la comunidad sorda, anuncio la celebración del Segundo Encuentro Ciudadano para discutir lo que será la medida legislativa más abarcadora e impactante en beneficio de esta población. Se evaluará un Anteproyecto de Ley de mi autoría que romperá las barreras que históricamente han existido entre la comunidad sorda y todas las agencias gubernamentales que tienen la responsabilidad y el deber ministerial de brindarles servicios”, manifestó el Portavoz senatorial del PIP.

El senador Juan Dalmau puntualizó que el Segundo Encuentro Ciudadano tendrá, además, el propósito de recoger el insumo y las enmiendas sugeridas de la comunidad sorda, para ser evaluadas e incluir aquellas que ayuden a completar el Proyecto de Ley antes de someterlo. “El Primer Encuentro Ciudadano por la Comunidad Sorda produjo la aprobación de dos leyes importantes. La ley que establece la enseñanza de lenguaje de señas en las escuelas y la ley de acceso a la Justicia de personas sordas. Ambas fundamentadas en la inclusión y protección de derechos de la comunidad sorda. Este Segundo Encuentro se enfoca en la necesidad de garantizar servicios gubernamentales efectivos y accesibles para los sordos. Estoy muy entusiasmado y satisfecho con el trabajo realizado en este nuevo anteproyecto y la discusión que se puede producir en el encuentro que será mañana miércoles, 29 de enero de 2020 a las 10:00 am en el Salón de Audiencia María Martínez”, informó Dalmau Ramírez.

23 de enero de 2020. San Juan, Puerto Rico – El Senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, insistió hoy en llevar a cabo vistas públicas para que se discutan las propuestas de su colectividad para establecer enmiendas constitucionales en el contexto de la protesta convocada hoy ante la crisis política, económica y social que enfrenta el país.

“Aunque lo ideal es que a largo plazo se convoque a una Asamblea para un Nuevo Puerto Rico para redactar una nueva Constitución, como ha propuesto el PIP, hay que dar pasos inmediatos. Para atender la situación actual la iniciativa del PIP, contenida en el R.Conc.S.85 consiste en que el pueblo, cuanto antes, pueda aprobar unas enmiendas de emergencia a la actual constitución que entren en vigor para las elecciones. Dichas enmiendas son, para autorizar el referéndum revocatorio para que el pueblo pueda destituir a un gobernador, una elección especial abierta para elegir un nuevo Gobernador cuando ocurra una vacante permanente en el cargo y disponer para una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos a gobernador con mayor número de votos cuando ninguno de los candidatos hubiere obtenido una mayoría absoluta”, explicó el también candidato a la Gobernación independentista.

“Hace meses me reuní con Wanda Vázquez y le expliqué esta propuesta que responde al reclamo del pueblo durante el verano del 2019. Los reclamos eran, además de la renuncia de Ricardo Rosselló, más poder democrático para el pueblo, transparencia absoluta en asuntos de gobierno y fin a la impunidad cuando se abusa del país. La Gobernadora entonces reconoció que el pueblo quería cambios, pero ahora como candidata se ha resistido cayendo en lo mismo que su predecesor.” manifestó el líder independentista

“En el día de hoy, estas propuestas son más pertinentes que antes, no sólo para enfrentar la crisis inmediata, sino para encaminar la voluntad soberana de nuestro pueblo para construir una Patria nueva.” concluyó Dalmau Ramírez

Los proyectos del Senado P. Del S. 1334   y R. Conc. del S 85 y del representante Denis Márquez en la Cámara  R. Conc. de la C S 108 y P. de la C. 2179 aún no han sido evaluados en vistas públicas.

Escuelas tendrán que tomar medidas adicionales cuando ambos menores sean estudiantes de educación especial.

El Capitolio, 21 de septiembre de 2019 – El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1347, de la autoría del senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, que enmienda la Ley Núm. 85–2017, conocida como “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de extender protecciones adicionales a los niños y niñas con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima lacerada por actos de “bullying”, cometidos por menores que también se encuentren registrados en el Programa de Educación Especial.

Dalmau Ramírez explicó que la Ley Núm. 85–2017, conocida también como “Ley Alexander Santiago Martínez” –joven que fue homenajeado en el 2013 por convertirse en un “héroe” al mediar entre dos jóvenes en un incidente de acoso escolar (bullying) en Ponce, y quien posteriormente falleció– no contempla escenarios en los que ambos menores se encuentran registrados en el Programa de Educación Especial.

“A pesar de los propósitos loables reflejados en la intención y texto de la Ley contra el “bullying”, en el entorno escolar surgen de tiempo en tiempo circunstancias excepcionales que permanecieron desatendidas por ella y que ahora atendemos con esta pieza legislativa.  Ni la Ley Núm. 85–2017, ni el “Manual de Procedimiento de Educación Especial”, contemplan cómo debe procederse cuando tanto la víctima como el niño denunciado se encuentren registrados en el referido Programa de Educación Especial, particularmente para proteger a la víctima de futuros actos constitutivos de hostigamiento, intimidación, agresión o “bullying””, explicó.

El senador del PIP comentó que las instituciones académicas deben prioritariamente proteger a la víctima en esos casos.

“La escuela tomará de inmediato aquellas medidas que resulten necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional del menor querellante o denunciante, en la manera menos onerosa para él o ella, preservándose su ubicación y honrándose las disposiciones de su Programa Educativo Individualizado (PEI) independientemente de la adjudicación final del caso, mientras se da cause al procedimiento requerido. De no tomar las diligencias necesarias para proteger a la víctima, la institución tendrá que responder por el daño sufrido por la víctima”, dijo Dalmau Ramírez.

20 de enero de 2020 – San Juan, Puerto Rico – El Senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, propuso hoy la creación de un ente independiente que investigue los malos manejos de los suministros para damnificados en los momentos de crisis desde la respuesta al huracán María hasta el presente y que se encauce criminalmente a los que hayan fallado al país. La propuesta surge ante el hallazgo de almacenes llenos de suministros que nunca fueron entregados a personas necesitadas luego del huracán María y durante la actual crisis de movimientos sísmicos.

“Yo siento, al igual que todo el país, coraje, rabia e indignación ante el hallazgo de suministros en el almacén de Ponce. Cada uno de esos suministros tiene rostro. Cada artículo que no se entregó es una persona, una familia, un niño, un anciano, un enfermo, que no recibió asistencia ni ayuda en el momento de mayor necesidad. Eso constituye negligencia criminal y no puede quedar impune. No puede haber crimen sin castigo”, indicó el también candidato del PIP a la gobernación.
Dalmau Ramírez agregó, además, que ante lo ocurrido, la respuesta de la Gobernadora Wanda Vázquez es insuficiente y sigue el viejo libreto de que si fallas en la función pública, te destituyo para efectos publicitarios de campaña, pero no enfrentas consecuencias legales.
“Esa cultura del mangoneo con los que abusan del pueblo y violentan la ley y su responsabilidad pública tiene que acabar. Al igual que el país, yo no confío en las administraciones populares y penepés para realizar una investigación seria, profunda e imparcial sobre sus propias violaciones de ley. Ante esa realidad de desconfianza justificada propongo que se cree una Comisión Especial, con fuerza de ley, para que investigue todo lo relacionado al manejo de los suministros y asistencia en respuesta al fenómeno del huracán María y hasta la respuesta actual por los sismos en el sur. Esta Comisión, similar como en el pasado fueron Comisiones Especiales como la del Cerro Maravilla y la que investigó el llamado Cartel del Petróleo, tendrá como propósito investigar de manera independiente el manejo de los suministros y las actuaciones negligentes e intencionales la posibilidad de delitos e ilegalidades que pudieron cometerse en el manejo de los mismos luego del huracán María”, detalló Dalmau Ramírez.
La Comisión, según explicó el senador pipiolo, estará dirigida por un investigador representante del interés público, designado por el consenso de las facultades de las Escuelas de Derecho y el Colegio de Abogados y Abogadas. La Comisión propuesta tendrá, además, un investigador en representación de cada delegación representada en el Senado y del senador independiente con igualdad de acceso a información y poder de investigación a base de la más absoluta transparencia. La Comisión tendrá facultad para citar testigos y tomar testimonio bajo juramento. El resultado de su investigación será referido a los foros pertinentes.
El líder independentista precisó también que su propuesta busca romper con la cultura de impunidad que ha prevalecido en el país, en la que el funcionario público que viola la ley y le falla al país no enfrenta consecuencias.
“Mi propuesta busca que, mediante un ente autónomo, no controlado por el partido de gobierno, se investigue y se procese criminal, civil y administrativamente a los que han fallado. En Puerto Rico hay que romper con la cultura de impunidad y comenzar a construir un sistema en el que haya consecuencias por los actos. Aquí el abuso y el relajo con el pueblo se va acabar el día que un funcionario de gobierno pase la primera noche en Las Cucharas”, finalizó.

 

18 de enero de 2020. San Juan, Puerto Rico – Como una negligencia criminal catalogó el senador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, el hallazgo reciente de suministros almacenados desde el huracán María y que nunca llegaron a las personas damnificadas.

“El reciente hallazgo de suministros que no fueron distribuidos a los damnificados luego de María es prueba acumulativa de la negligencia criminal en la que incurrieron los gobiernos municipal y estatal con respecto a la respuesta ante el fenómeno atmosférico y la crisis que enfrentaba Puerto Rico. En estos momentos que el país enfrenta la crisis de los movimientos telúricos en la zona sur, donde se han afectado miles de familias, este hallazgo es indignante, no se puede confiar en el gobierno. A la ausencia de un plan de respuesta se suma la incompetencia y negligencia criminal en el manejo de suministros”, manifestó Dalmau Ramírez.

El líder independentista destacó, además, la ausencia de credibilidad en las instituciones de gobierno para investigar esta situación.

“El país sabe que esto ocurre porque los que actúan ilegalmente se sienten impunes. No hay consecuencias. Tanto con los vagones ilegalmente manejados en la Comisión Estatal de Elecciones, como los fondos destinados al proyecto Unidos por Puerto Rico que ahí no se sabe ni la hora que es, al igual que los suministros de agua abandonados en la base Rooselvet Roads en Ceiba, como también en el caso de Telegram y los manejos irregulares de fondos en el Departamento de Educación, todos fueron denunciados en su momento y ninguna institución gubernamental actuó conforme a las denuncias. No podemos pensar que en manos del cabro va estar velar las lechugas.”

San Juan, Puerto Rico. 2 de enero de 2020.- “Ha triunfado una lucha de muchos años, sudor y sacrificios por la justicia, la salud y la vida. La constancia y valentía de las comunidades de Peñuelas, Salinas y Guayama, entre tantas otras, luchando contra el Goliat económico de la empresa carbonera AES ha rendido frutos y con regocijo celebramos el que finalmente se convierte en ley la prohibición del depósito de cenizas en Puerto Rico. Esta protección no solo beneficia a los residentes de esa zona, sino a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que se encontraban amenazados de que en algún momento sus comunidades y hogares sufrieran el embate venenoso del depósito de cenizas”.  Así reaccionó el senador y candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, ante la noticia de la firma de la ley. 

“El momento no sólo deber ser motivo de regocijo, sino también de reflexión. ¡Vale la pena luchar! El triunfo es de la perseverancia. La lucha de unos cuantos captó la imaginación de muchos y triunfó la justicia. Que esa lección sirva de faro para iluminar el camino y la acción ante los retos que tenemos por delate como país”, puntualizó el Portavoz senatorial del PIP.

El legislador independentista finalmente hizo reconocimiento a quienes en el transcurso de la lucha fallecieron sin ver la prohibición del depósito de cenizas hecha realidad.

“Particularmente, merecen mención dos personas cuya tarea fue fundamental en esta lucha, los compañeros del PIP Luis Martínez y José ‘Pepo’ Hernández, quienes en vida lucharon para que este triunfo se hiciera realidad. Hoy deben sentir alegría y satisfacción más allá de las puertas del misterio”, culminó expresando el líder pipiolo.