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El Capitolio; 6 de agosto de 2020 – A días escasos del inicio virtual del nuevo año escolar, nuevamente quedan en precario los servicios de educación especial. Madres, padres, terapistas y organizaciones afiliadas a la comunidad de Educación Especial denuncian que por trabas establecidas bajo la nueva “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico”, aprobada en abril del año corriente, permanecería desatendido un sector nutrido de la niñez con diversidad funcional en el país. Así lo dejó saber el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, mediante comunicado de prensa.

 

El legislador independentista advirtió que el Artículo 13.B(5) de la Ley 48–2020 establece categóricamente que “durante la vigencia de la emergencia, los servicios a ser provistos serán de forma individual”, lo cual atenta contra los mejores intereses de los estudiantes de Educación Especial

 

“Esta disposición coloca a algunos proveedores de servicios en la posición de verse obligados a violentar los Programas Educativos Individualizados (PEIs) de estudiantes que, por designación clínica, necesitan terapias grupales. Hay terapias que, por su naturaleza, propósitos y necesidades del estudiantado, requieren el desarrollo de destrezas que no pueden cultivarse en un vacío. La intervención indebida de este estatuto con el juicio clínico de los profesionales de la salud y conducta humana implica la usurpación de prerrogativas que van en detrimento de la niñez. Durante el cierre general de la economía provocado por la pandemia, y hasta muy recientemente, diversos proveedores continuaron ofreciendo las terapias grupales de manera remota. No obstante, los servicios quedaron interrumpidos al entrar en vigor la nueva ley”, sentenció el senador pipiolo.

 

El también aspirante a la gobernación del PIP puntualizó que la imposición de terapias exclusivamente individuales a estudiantes cuyos PEIs requieren la participación en sesiones colectivas tiene, a su vez, otros efectos indeseables. “Estadísticamente, en Puerto Rico no contamos con terapistas suficientes para atender de manera individual a todos los niños y niñas que tienen derecho a recibir terapias. Consecuentemente, poner en vigencia la “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico”, según fue aprobada con mi voto EN CONTRA, implicará necesariamente el desplazamiento de niños y niñas que no tendrán acceso a los servicios”, afirmó Dalmau Ramírez.

 

“Como si esto fuera poco, la eliminación de terapias grupales tampoco es sostenible desde una perspectiva fiscal. Las terapias individuales son más costosas que las grupales, por lo cual su expansión y uso exclusivo tendrá un efecto agregado en las arcas gubernamentales que, a largo plazo, no sólo hará los tratamientos disponibles a menos estudiantes, sino que también propenderá a reducir la cantidad de terapias ofrecidas por estudiante activo en el Programa de Educación Especial”, expuso finalmente el Portavoz del PIP.

San Juan, Puerto Rico. 30 de julio de 2020. – “Otra humillación a los estadistas. A los que dicen que si no les dan la estadidad favorecen la independencia, ¿qué esperan?  ¿Que se lo dibujen con crayolas?”. Así reaccionó el senador y candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, ante la carta del Departamento de Justicia Federal sobre el referéndum Estadidad Sí o No a celebrarse en noviembre en conjunto con las Elecciones Generales.

“La carta del Departamento de Justicia Federal no es sorpresa para nadie, salvo para el liderato del PNP, que no se da cuenta que su furor asimilista solo agudiza su contradicción con los EEUU en general, así como con Trump y los republicanos en particular (luego así será también con los demócratas si ganan). A los argumentos del rechazo a la estadidad del 2017 el Departamento de Justicia Federal añade que este proceso de noviembre, levanta falsas expectativas sobre la estadidad y que ellos son “neutrales”. Ahora que el estadoísmo está herido y acorralado démosle el golpe de gracia a la anexión y al asimilismo votando NO en el referendum del  3 de noviembre. ¡Puertorriqueños Siempre!”, manifestó el líder independentista.

Capitolio. 22 de julio de .2020. – “La Asamblea Legislativa debe Investigar las imputaciones contra la Gobernadora”,  indicó hoy el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, ante las nuevas revelaciones contenidas en el informe sometido por el Departamento de Justicia al Panel del Fiscal Especial Independiente.

 “Se hace más urgente que nunca antes que la legislatura descargue su responsabilidad ministerial y actúe cónsono a su función  constitucional de servir de contrapeso fiscalizador a la rama ejecutiva. No hay excusas para que en esta sesión extraordinaria el Senado descargue la resolución investigativa  que radiqué sobre los posibles actos criminales y de obstrucción a la justicia que se le imputan a la Gobernadora y a funcionarios de su administración”, puntualizó el candidato a la gobernación del PIP.

El legislador independentista sentenció, que a la luz de los hechos,  la Asamblea Legislativa tiene la autoridad y el deber constitucional para actuar, y aprobar su resolución sería la forma más eficaz y contundente de cumplir con ello.

“La aprobación de la resolución significaría iniciar de inmediato esta investigación, tomar declaraciones juradas, entrevistar testigos, poder tener un expediente completo sobre los hechos imputados y, así, contar con los elementos de juicio para decidir las acciones correspondientes, como podría ser la recomendación de iniciar un proceso de residenciamiento”, subrayó Dalmau Ramírez.

El líder pipiolo también hizo un llamado al país a reflexionar profundamente sobre los acontecimientos de cara a las elecciones generales en noviembre. “Esta  situación debe servir para que el pueblo de Puerto Rico reflexione sobre  en manos de quién ha estado colocando el gobierno del país y en manos de quién lo pondrá en noviembre próximo.  Los hechos que se imputan deben provocar indignación en todos los puertorriqueños porque las acciones de estos funcionarios demuestran  falta de escrúpulos en momento en que el país más vulnerable se encontraba. A esos que anteponen sus apetitos personales en momentos en que la ciudadanía más necesitada estaba merecen que se les repudie y sean juzgados en las urnas”, concluyó.

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20 de julio de 2020. San Juan, Puerto Rico. –  Ante el anuncio hecho por la Gobernadora de que en la convocatoria a una sesión extraordinaria enviará un proyecto para regular la operación de las aseguradores de salud en Puerto Rico, el portavoz senatorial y aspirante a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, emplazó a la mandataria y a los presidentes de los cuerpos legislativos a que incluyan en la extraordinaria y aprueben con premura la medida radicada por él y su homólogo en la Cámara, Denis Márquez, que busca implantar un  Sistema de Salud Universal en Puerto Rico, así como el Proyecto del Senado 334, de su autoría, que propone como política pública el acabar con la injusticia que padecen hoy pacientes y proveedores de salud con aseguradoras privadas que actúan con actitudes tiránicas.

 

“Si la Gobernadora habla en serio y no miente, cuando expresa que ‘los tiempos en que los médicos y pacientes tienen que estar luchando para lograr un servicio médico adecuado, un servicio accesible y ágil y dónde, además, tienen que pedirle permiso en cada gestión a las aseguradoras comenzarán a ser cosas del pasado’, lo que debe hacer es instar a la mayoría parlamentaria de su partido a que apruebe en ambos cuerpos el Plan de Salud Universal y el  P. del S. 334 y ella convertirlos en ley estampando su firma inmediatamente”, manifestó el legislador independentista.

 

“Si en algo hay consenso en Puerto Rico, es en la necesidad de acabar de una vez y por todas con la tiranía que imponen los intereses económicos de las aseguradoras privadas, las cuales mediante ese control hoy dictan cuáles tratamientos autorizan basado más en preservar su ganancia que en la salud de los pacientes y ciudadanos”, sentenció el Portavoz senatorial del PIP.

 

Para el Senador independentista la aprobación del PS 334 por lo menos protegería al paciente, ya que su proveedor de servicio – sea un médico, un técnico de laboratorio, o farmacéutico- no estaría sometido a un cambio arbitrario y caprichoso en su contrato por parte de las aseguradoras. “El PS 334 es un primer paso inmediato para al menos proteger al paciente de que su proveedor de servicio no se vea afectado ante los abusos de las aseguradoras. Ese proyecto debe verse cuanto antes de manera que, en lo que se adopta un Sistema de Salud Universal, al menos se tengan unas garantías mínimas para la protección de los pacientes y los proveedores de servicios”, insistió Juan Dalmau.

 

El P del S 334 establece que los contratos entre aseguradoras y proveedores de cuidado de salud participantes no pueden ser alterados unilateralmente por las aseguradoras de manera que tengan el efecto de menoscabar la compensación o el patrimonio de los proveedores, una vez se han certificado los pagos realizados a los proveedores por diagnósticos y tratamientos debidamente autorizados por el proveedor al paciente.

 

 

Capitolio. 25 de junio de 2020. – “El presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa no es el presupuesto del pueblo de Puerto Rico, es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Resulta un ejercicio ridículo e indignante el que la Asamblea Legislativa continúe aprobando, mediante simulacros legislativos, un presupuesto que lo impone un ente extranjero compuesto por gente por la que nadie votó, y el cual, para añadir sal a la herida, tiene la autoridad durante el transcurso del año fiscal de hacer con el mismo lo que le venga en gana, ya que mediante los planes de ajustes pueden reducir o eliminar partidas asignadas.” Así se expresó el legislador independentista, Juan Dalmau Ramírez, al consignar su voto en contra del Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2020

“Nuevamente, queda sobre el tapete el régimen antidemocrático impuesto por el Congreso de los Estados Unidos, con su versión más reciente por medio de una Junta de Control Fiscal. Y resulta patético que quienes alegan combatir la colonia le estén haciendo el juego. La mayoría parlamentaria del PNP juega a ser estadista, pero en el fondo, al igual que el PPD, terminan complacidos administrando las migajas de la colonia”, manifestó el Portavoz senatorial del PIP.

Dalmau Ramírez insistió en que es necesario confrontar la Junta mediante un proceso político gubernamental, negándole fondos presupuestarios y generando una crisis política gubernamental que obligue al Congreso a examinar su relación política con Puerto Rico.

Capitolio, 23 de junio 2020-El Senador y candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, condenó el acuerdo para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunciado ayer por la Gobernadora y aseguró que el mismo no resolverá los problemas de la corporación pública y significará un golpe mortal para los abonados residenciales y comerciales del país.

“He dicho que en esta elección los electores deben evaluar los candidatos por historial y carácter. Siempre he sostenido que las utilidades públicas de AEE y Acueductos son un derecho humano que no deben estar sujetas al mercado y la privatización con fines lucrativos.   El acuerdo que ha hecho el gobierno con la Junta de Control para privatizar la distribución y transmisión energética es malo para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció el legislador independentista.

El portavoz senatorial del PIP puntualizó que lo anunciado ayer por la Gobernadora es el último eslabón en una larga cadena de acciones perpetradas por gobiernos populares y penepés contra la AEE para justificar su privatización. “Resulta indignante que los mismos que por años han venido destruyendo esta corporación con sus ineptas administraciones, dejándola sin personal, recursos y materiales para que sus empleados puedan realizar eficientemente su trabajo, ahora traten de justificar su privatización. Esto es el resultado perverso de la incompetencia administrativa de gobiernos populares y penepés, para entregar a manos privadas uno de los principales activos de nuestro país”.

En términos sencillos, añadió el Senador Dalmau Ramírez, “este gobierno le entregó a una corporación extranjera la administración de un servicio esencial y necesario para todos, residentes y comerciantes. El impacto será aumento en las facturas, ya no solo por la determinación del acuerdo de la Juez Swain sobre la AEE en la fase de la generación, sino porque ahora la distribución se privatiza. Son dos aumentos señalados que causan enorme daño al bolsillo de los consumidores residenciales y aumenta los costos operacionales de los pequeños y medianos comerciantes”, conluyó  el  Senador independentista.

San Juan, Puerto Rico. 13 de junio de 2020 – Ante la ola que se ha levantado a nivel mundial en repudio al racismo, a la luz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, anunció la radicación de una medida que propone instaurar un curso en las escuelas públicas del país sobre valores, derechos humanos, y la erradicación del racismo y la xenofobia.

“Aunque recibió un informe negativo la primera vez que radique esta medida en abril de 2018, he insistido en radicarla nuevamente porque pienso que es un tema importante. En momentos en donde se está debatiendo a nivel de todo el mundo el tema del racismo y la xenofobia, debe darse paso a esta propuesta para incluir en el currículo escolar un modelo de curso, diseñado por la ONU, sobre el tema de los Derechos Humanos dando énfasis en el tema de la identificación y erradicación del racismo y la xenofobia, entre otros derechos que hay que reconocer”, puntualizó el Portavoz senatorial del PIP, refiriéndose al Proyecto del Senado 1630.

El legislador subrayó que es urgente y necesario hacer consciente al país sobre la necesidad de que haya una discusión y debate sobre el tema del racismo, la xenofobia, la exclusión y el discrimen contra distintos sectores de nuestra sociedad. “Y tiene que partir esa discusión del salón de clases, donde la formación de nuestros jóvenes es determinante para su comportamiento en el futuro y la construcción de lo que aspiramos como sociedad.  Así que confío que, en esta ocasión, el Senado esté a la altura de los tiempos y se le dé la consideración debida a la medida, antes de que termine la última sesión de este cuatrienio “, concluyó el también candidato a gobernador.

 

Capitolio. 11 de junio de 2020 – “El contexto que vivimos ante la pandemia obliga a repensar los servicios esenciales del gobierno. La pandemia ha obligado a todas las personas en el país a observar normas estrictas de distanciamiento social y a permanecer recluidas en los hogares. Esto significa que muchas tareas que antes se hacían de manera presencial, ahora se harán por la vía remota del Internet. Esto pone de manifiesto la urgencia de que nuestro pueblo tenga acceso libre y gratuito a Internet de Banda Ancha como un servicio esencial que necesita hacerse disponible por razones educativas, económicas, laborales y morales”. Con estas palabras el portavoz senatorial del PIP, Juan Dalmau Ramírez, pone sobre la mesa de discusión su propuesta de “Ley de libre acceso al Internet”.

La medida le ordena a PREPA Networks, en colaboración con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, desarrollar e implementar un modelo público de provisión de acceso al Internet de Banda Ancha que se haga disponible, libre de costo, al pueblo en general.

“En momentos en que, para dar un ejemplo, se plantea que la mejor manera de concretar una reanudación de clases segura en el semestre que dará inicio en agosto de 2020 es mediante la implementación de metodologías educativas en línea, se hace necesario el garantizar el acceso gratuito a Internet, particularmente en un país en el que cerca del 50 por ciento de los hogares no cuenta con acceso al mismo. Si a la obligación del Estado en garantizar el derecho a la educación, hoy se impone como una verdad absoluta que el acceso al Internet dejó de ser un lujo, y se ha convertido en un derecho humano moral”, sentenció el senador Juan Dalmau.

El legislador independentista subrayó que para viabilizar el disfrute de estos derechos y la creación del modelo de provisión pública y asequible de acceso al Internet que propone la medida legislativa, es necesario derogar la Ley Núm. 80 de 6 de agosto de 2017, denominada “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”, de forma que, al revertirse el estado de derecho, las entidades gubernamentales correspondientes ostenten nuevamente las prerrogativas necesarias para insertarse en el mercado informático.

“Hago un llamado a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de Puerto Rico a que conviertan en ley esta medida y se establezca como política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer y declarar que el acceso público a Internet de Banda Ancha es un servicio esencial de alto interés público y un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al trabajo”, concluyó el también candidato a la gobernación del PIP.

El Capitolio; 30 de mayo de 2020 – El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, exigió hoy la aprobación urgente del Proyecto del Senado 1486, que busca crear la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” ante las necesidades que enfrenta esta población, en particular durante la pandemia del COVID-19.

“Aunque el gobierno ha dado pasos en la dirección correcta para atender reclamos de la comunidad sorda, es urgente que a nivel gubernamental se establezca una Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda que ofrezca orientación y servicios especializados y permanentes para atender todas las necesidades de esta población. El PS1486, de mi autoría, recoge ese reclamo histórico de la comunidad sorda”, señaló el portavoz senatorial del PIP.

Estudios recientes demuestran que la tasa de desempleo más alta entre las personas con diversidad funcional es la de las personas con alguna dificultad auditiva (50.2%), sin embargo, a pesar de haberse logrado adelantos en otras áreas, nuestras oficinas creadas a esos efectos no están preparadas para atender la población sorda.

“Los líderes de la comunidad sorda han denunciado que, por falta de intérpretes y recursos tecnológicos indispensables, hay personas sordas que no han podido solicitar ninguno de los servicios y apoyos gubernamentales extendidos en el contexto de la pandemia, pues se encuentran totalmente desorientadas y no saben cómo proceder. Incluso, han destacado que los vídeos explicativos existentes y otros materiales cibernéticos publicados por el Departamento del Trabajo no cuentan con intérpretes, por lo cual tampoco les son accesibles. Precisamente, mi medida busca establecer una estructura gubernamental que sirva de interlocutor entre la comunidad sorda y el gobierno”, puntualizó el también candidato a la Gobernación del PIP.

El legislador independentista indicó que ante la falta de personal idóneo y acomodos razonables en la agencias de gobierno, la ley que propone establecería lazos permanentes de comunicación con la comunidad sorda, no sólo en el contexto de las crisis pasadas y presente, sino en la vida diaria de cada persona sorda en el país. “Se trata de una población vigorosa que se aproxima a las 200,000 personas en el Archipiélago y que, tras una larga historia de marginación merece ocupar un sitial prioritario en la reorganización de la estructura gubernamental”, añadió.

La medida radicada el 4 de febrero de 2020 propone la creación de una oficina especializada, con presencia regional, que brindará servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo y/o sordera, quede excluida de recibir los servicios básicos a los que tiene derecho.

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Empresa Bayer enfrenta 125,000 demandas por casos de cáncer en Estados Unidos por el uso del herbicida

 

Capitolio, Puerto Rico26 de mayo de 2020 – El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, hizo un llamado a la Cámara de Representantes a aprobar un proyecto de su autoría para prohibir el uso público del peligroso glifosato, en momentos donde la empresa Bayer anunció que llegó a acuerdos que cubren entre 50,000 a 85,000 demandas por casos de cáncer en Estados Unidos por el uso del herbicida.

El Senado aprobó hace un año el PS 130-2017, el cual prohíbe el uso del glifosato en el desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riego y cualquier propiedad pública, al cual se añadieron como co-autores senadores de todos los partidos políticos y el independiente. Sin embargo, la Cámara de Representantes no tomó acción sobre el mismo.

Para el senador del PIP, este es el momento justo para que la Cámara apruebe el proyecto.

“En este momento que estamos batallando para proteger la salud del pueblo, ante la pandemia del COVID-19, se hace necesario que también la defendamos de otros elementos peligrosos como lo es el glifosato. La empresa Bayer enfrenta 125,000 demandas en Estados Unidos debido al cáncer que le causó este producto a miles de personas, y han propuesto gastar $10,000 millones para poner fin a una costosa batalla legal que la compañía heredó cuando adquirió Monsanto en 2018. Esto debe enviarnos un mensaje claro de la necesidad de prohibir el glifosato en Puerto Rico”, explicó Dalmau.

Para Dalmau Ramírez, quien también es candidato a la gobernación por el PIP, el gasto multi millonario de Baxter se debe a una estrategia para evitar que salga a la luz pública más información negativa sobre el glifosato.

“La empresa quiere hacer ver que estos acuerdos son parte de una estrategia meramente económica y corporativa, dirigida a los accionistas. La realidad es que, luego que perdieron en corte tres casos importantes, quieren evitar que se siga discutiendo públicamente los efectos negativos que tiene el glifosato, bajo su marca de Round Up, en la salud de las personas. Así como queremos evitar que los residentes en el país se contagien con el coronavirus, la Cámara de Representantes y el gobierno de Puerto Rico tienen que tomar acciones para proteger la salud de nuestra gente”, manifestó.

En la Cámara, el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón, también sometió un proyecto similar al de Dalmau, pero tampoco fue considerado y quedó engavetado en la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que preside el representante Joel Franqui Atiles.

 

San Juan, Puerto Rico. 24 de mayo de 2020. – Con el objetivo de lograr de forma inmediata un alivio en el bolsillo del consumidor puertorriqueño, el Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció la radicación de sendas resoluciones conjuntas que ofrecen un método  que haría frente al dramático y abusivo aumento que han sufrido los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en su factura de luz.

Para proteger el bolsillo del consumidor de  manera inmediata, el también candidato a la gobernación anunció la radicación de la Resolución Conjunta del Senado 552, que ordena a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica realizar ajustes a las facturas equivalentes al periodo de cuarentena, de sus clientes residenciales, como medida de justicia para afrontar la crisis económica producida por el Coronavirus (COVID–19) y su correspondiente desfase en el consumo de energía eléctrica.

“Desde el toque de queda impuesto por el gobierno el consumo energético residencial ha aumentado dramáticamente. El encierro familiar, a su vez acompañado por el aumento del uso de electrónicos para estudios y trabajo remoto, cocinar, y el entretenimiento, entre otros,  obliga a consumir más electricidad. La Resolución Conjunta 552 ordena a la Junta de Gobierno de la AEE a realizar ajustes a las facturas residenciales de los meses de marzo, abril y mayo, utilizando como referente el consumo menor que haya sido facturado al consumidor residencial antes del toque de queda. Esto brinda un alivio inmediato, no sólo económico, sino mental y emocional a cientos de miles de familias puertorriqueñas”, puntualizó el legislador independentista.

Por otra parte, para lograr un alivio a mediano y largo plazo, el senador Dalmau Ramírez presentó la Resolución Conjunta del Senado 551 que ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico que revisen las tarifas vigentes de la Autoridad de Energía Eléctrica a los fines de determinar si ha traspasado al consumidor las reducciones que han ocurrido en el precio del combustible a nivel internacional y para tomar las medidas compensatorias correspondientes en caso de que no haya ocurrido ese traspaso.

“Todos en Puerto Rico estamos muy conscientes de la drástica reducción en el precio del petróleo y sus derivados que ha ocurrido en los pasados meses. Ese cambio debió afectar el precio del combustible que compra la Autoridad de Energía Eléctrica para algunas de sus plantas generatrices. No obstante, ha habido muchas quejas de la clientela residencial y comercial de la AEE en el sentido de que no ven el impacto de la reducción en ese costo en la tarifa que mensualmente deben pagar. La presente medida le ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico que realice una investigación para con el fin de determinar si la reducción en el costo del combustible que compra la AEE se refleja debidamente en las tarifas que han estado vigentes y puedan estar vigentes al momento de la medida entrar en vigor. En caso de que se determine que la tarifa debió ser menor se ordena al Negociado que fije una tarifa compensatoria”, subrayó  Juan Dalmau.

“Con la aprobación de estas medidas el consumidor puertorriqueño contaría con un mecanismo de protección inmediata, para ahora, a corto y mediano plazo, que le supondría un alivio en su bolsillo ante los aumentos inmisericordes que ha sufrido en su factura de luz”, concluyó el Portavoz senatorial del PIP.

 

San Juan, Puerto Rico. 20 de mayo de 2020 – Tras participar hoy de una vista pública convocada por la comisión senatorial de Hacienda para atender el tema del Presupuesto, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, acuso a la Junta de Control Fiscal de impulsar nuevas acciones abusivas contra el pueblo. La denuncia surge a raíz de una respuesta que, a preguntas suyas, brindara la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en la que admite que la propuesta de presupuesto hecha por el ente fiscal es una que afectaría a miles de trabajadores del sector público ya que reduciría en 8.5% la nómina del gobierno de Puerto Rico.

“El problema en las colonias es que los países colonizadores hacen lo que quieren y los territorios lo que pueden. En el caso de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal hace lo que quiere y el gobierno lo que puede. Lo que ha reconocido la directora de OGP, a preguntas mías, es que la propuesta presupuestaria que desea imponer la Junta es una que reduciría la nómina con la consecuencia nefasta de que haya despidos o jornada parcial para empleados públicos en momentos de necesidad económica y de pandemia. Pero no solo eso, la funcionaria me admite, además, que están muy conscientes que dicha reducción presupuestaria en nómina afectaría dramáticamente servicios gubernamentales esenciales y necesarios ya que de 90 agencias, 40 se verían impactadas. O sea, casi un 50% del gobierno. La perversidad de esa Junta dictatorial, que opera en contubernio con un gobierno que se doblega sumisamente a sus caprichos insensibles y abusivos, no tiene límites”, sentenció el Portavoz senatorial del PIP.

El también aspirante a la gobernación manifestó que esta reducción en nómina no tiene otro propósito que destinar un dinero a los bonistas, que hubiese correspondido a miles de trabajadores que se lo ganaron con el sudor de su frente.

“Ante este atropello que la Junta pretende perpetrar tiene que haber una respuesta contundente de parte de esta Asamblea Legislativa. Reitero mi llamado a la mayoría parlamentaria de la Cámara de Representantes para que le den paso a la Resolución Conjunta del Senado Núm. 215, de mi autoría y aprobada unánimemente en el Senado, que ordena al secretario de Hacienda a no hacer desembolsos del presupuesto a la Junta de Control Fiscal, que asciende a $57 millones. No pueden continuar cruzados de brazos en momentos en que el país más necesita que los representantes del pueblo saquen la cara y den la batalla por el pueblo”, concluyó Juan Dalmau.

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