San Juan, Puerto Rico. 25de abril de 2020. – Por entender, entre otras cosas, que la gobernadora Wanda Vázquez Garced, se ha abrogado poderes ilimitados inherentes y autoridades omnímodas que ninguna ley ni Constitución le otorgan en Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) le ha salido al paso al anunciar que combatirá en los tribunales la orden ejecutiva firmada por ésta el pasado miércoles, otorgando inmunidad a los hospitales privados sobre daños a personas en el contexto de la epidemia en Puerto Rico.

“La Orden Ejecutiva emitida por la Gobernadora no va dirigida a proteger pacientes, va dirigida a quitarle derechos a personas cuyo tratamiento médico sea negligente. Le quita derechos al pueblo. Y lo hace violentando la separación de poderes de la Constitución, ya que está legislando por decreto. La Gobernadora no comprende, como tampoco comprendía Ricky Rosselló, que nuestro sistema de gobierno es de pesos y contrapesos. Legislar y quitar derechos por decretos emitidos desde una torre de marfil en Fortaleza es antidemocrático y dictatorial. Si quieren aprobar ese regalo a las aseguradoras y hospitales privados, que lo lleven a la Legislatura y que, en el pase de lista de la votación, quede claro dónde está parado cada cual”, puntualizó el portavoz senatorial de la colectividad, Juan Dalmau Ramírez. Al tiempo que informó que tan pronto como este fin de semana estarán radicando el escrito al Tribunal.

El también candidato a la gobernación del PIP subrayó que lo que están haciendo con esta acción judicial “es proteger los derechos y reclamos del pueblo, al tiempo que dan a respetar la separación de poderes necesaria para evitar que la autoridad de poder recaiga en el capricho de una sola persona, la Gobernadora.”

Por su parte la vicepresidente y aspirante al Senado por acumulación del PIP, María de Lourdes Santiago, manifestó que la Orden Ejecutiva no es para proteger a las y los trabajadores de Salud que están en primera línea. “Lo que busca es darle impunidad a las aseguradoras y hospitales privados que niegan servicios, que no han admitido pacientes de COVID que llegan hasta sus puertas, y que en medio de una pandemia tiran a la calle a cientos de médicos enfermeras, terapistas y técnicos. Es, de nuevo, un toallazo al fracaso de la privatización de la salud”, sentenció.

En tanto, el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, expresó que  “con esta Orden se sigue usando el estado de emergencia y el sufrimiento del pueblo para garantizar los privilegios de unos cuantos: las empresas amigas, así se dediquen a construcción,  venden suministros médicos, y el que sí se dedica a los servicios médicos no tiene que responder por los daños que cause. Para esa gente, la pandemia es otra piñata.”

“Hay quienes creen que el gobierno es un juego de cartas y confunden la realidad con la fantasía. El arte de gobernar es muy serio y real y debe estar enfocado en defender la vida y derechos de todos, no el lucro de unos pocos poderosos.”, concluyó Juan Dalmau.