GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18va Asamblea                                                                                                               2da Sesión

        Legislativa           Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 664

 

17 de octubre de 2017

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria: y de Bienestar Social 

y Asuntos de la Familia

 

 

LEY

 

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 53–2016, denominada “Ley para la Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo para Estudiantes con Impedimentos”, y enmendar el inciso (g) del Artículo 7 de la Ley 263-2006, con el fin de establecer expresamente que la Certificación que se le expide a los estudiantes de educación especial que advienen a la mayoría de edad en virtud de dichas leyes tiene los mismos efectos legales que un diploma de Escuela Superior al momento de solicitar empleo y reconocer el derecho de los referidos estudiantes a radicar un recurso de mandamus en caso de que el Departamento de Educación incumpla con esos estatutos.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El trabajo es honra. Esta expresión cultural hispanoamericana de trascendencia incalculable se elevó indirectamente a rango constitucional en el texto de la sección 20 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico que, en lo pertinente, leía: “El pueblo de Puerto Rico reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos: … El derecho de toda persona a obtener trabajo”. En nuestra Constitución este derecho quedaba gobernado por el principio de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, que funciona como el fundamento rector de toda la Carta de Derechos. De esta manera el derecho a obtener trabajo se proyectó como un valor dignificante de la condición humana. A pesar de que el Congreso de los Estados Unidos de América trastocó la voluntad de los constituyentes puertorriqueños a través de la Ley 447 de 1952, de manera que la sección 20 quedó excluida del texto constitucional, no cabe duda de que los redactores de la Constitución de Puerto Rico tenían la intención de que se reconociera este derecho como “un principio inalienable al [ser humano], preexistente a la más antigua de las constituciones conocidas”.1

En el ámbito internacional el Artículo 6 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado el 16 de diciembre de 1966, reconoce la existencia del derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”. En lo que corresponde a personas que confrontan situaciones de diversidad funcional, la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada el 13 de diciembre de 2006 consagra en su Artículo 27 “el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Este último tratado fue firmado por los Estados Unidos de América el 30 de julio de 2009, aunque aún aguarda ratificación. No obstante, el ordenamiento legal estadounidense sí reconoce que limitar el acceso de personas con impedimentos a empleos adecuados constituye un peligroso acto discriminatorio. La ley del Congreso denominada “Americans with Disabilities Act” (ADA) aprobada en el 1990, y enmendada en el 2008, prohíbe el discrimen contra personas con impedimentos y busca asegurar que ellas y ellos disfruten de igualdad de oportunidades en el empleo, en servicios gubernamentales estatales y locales, en instalaciones públicas y comerciales, y en servicios de transportación (42 U.S.C. 12101 et seq.).

La comunidad internacional y los constituyentes puertorriqueños coinciden. Cuando la política pública tácitamente restringe el acceso de personas aptas al mercado laboral, independientemente de que éstas confronten circunstancias especiales, el ordenamiento jurídico les coloca en un estado de vulnerabilidad innecesario, atenta contra su dignidad y transforma su sostenimiento económico en una carga indebida para sí mismos, sus seres queridos y/o el Estado. Este es el caso de muchos y muchas estudiantes adscritos al Programa de Educación Especial que, luego de concluir la etapa escolar, no hayan espacio en el mercado laboral y quedan condenadas al desempleo y a la dependencia porque no cuentan con la probabilidad, oportunidad, medios y/o circunstancias que les permitan cumplimentar los requisitos convencionales para obtener una Certificación de Grado (diploma) de escuela superior o tomar y/o aprobar un examen de equivalencia de grado, aunque sí tengan la aptitud para cumplir con los requisitos de su Programa Educativo Individualizado (según diseñado en virtud de la “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y desempeñarse en una inmensa diversidad de empleos conforme a su inteligencia, capacidad y empeño.

Como medida para atender esta situación se aprobó la Ley 53–2016, denominada “Ley para la Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo para Estudiantes con Impedimentos”. Esta ley creó la Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre Empleo para estudiantes que reciben servicios del Programa de Educación Especial, pero no logran cumplir con los estándares y requisitos académicos del Departamento de Educación para obtener un diploma de escuela superior. Su finalidad es viabilizar la oportunidad de estos estudiantes para conseguir empleo una vez culminan la etapa escolar y advienen a la mayoría de edad. No obstante las virtudes de esta pieza legislativa, entendemos que es menester enmendarla para establecer de forma indiscutible que la Certificación objeto de esta Ley tendrá el mismo valor y efecto legal que un diploma de Escuela Superior al momento de solicitar empleo, por lo que canalizará su derecho a auto-sostenerse y a aportar a la sociedad –con la dignidad que esto comprende según su interés, inteligencia, capacidad y empeño les permita. Además se enmienda la Ley 263-2006 para garantizar la existencia de un recurso judicial asequible, en caso de que el Departamento de Educación incumpla con las disposiciones de este estatuto.

Esta medida complementará y llevará a cumplimiento lo que el ordenamiento ya reconoce a través de la “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”; que las metas académicas de cada niño y niña deben ajustarse a la dignidad, necesidades particulares y diversidad funcional que exhiban; y que el programa de estudios de los niños y niñas partícipes de los servicios de educación especial debe ser individualizado, ajustado a su realidad, sensible, diverso e inclusivo (18 L.P.R.A. 1351).

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 53–2016, conocida como “Ley para la Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo para Estudiantes con

Impedimentos”, para que lea como sigue:

“Artículo 5.- Identificación de candidatos a la Certificación

Los candidatos a esta certificación serán todos aquellos estudiantes con impedimentos que reciban servicios del Programa de Educación Especial del Departamento y que no obtengan un diploma de escuela superior.

El consejero u orientador escolar, debidamente adiestrado en evaluación vocacional o los evaluadores vocacionales con maestría o consejeros en rehabilitación licenciados o la persona que el Secretario designe para estos propósitos utilizará instrumentos de cernimiento vocacional, avalúo y diagnóstico, válidos y adaptados para esta población con impedimentos. El Protocolo de Avalúo, puede incluir, sin que se limite a: el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V, por sus siglas en inglés) y en conjunto con el “International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF, por sus siglas en inglés), que se utiliza para establecer metas y objetivos, planificar tratamiento y para monitorear y medir resultados funcionales.

Cuando un(a) estudiante que cumpla con los criterios establecidos en esta Ley solicite la realización de un cernimiento vocacional y la expedición de una Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo, el Departamento tendrá un término de cumplimiento estricto de noventa (90) días para realizar el referido cernimiento y remitir el documento correspondiente. Si el Departamento no realiza el cernimiento vocacional y/o no remite el documento dentro del término establecido, el(la) estudiante tendrá derecho a presentar (libre del pago de aranceles o sellos de Rentas Internas), ante la sala del Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial en que se encuentre su domicilio, un recurso de Mandamus.

Artículo 2.-  Se enmienda el inciso (g) del Artículo 7 de la Ley 263-2006 para que lea como sigue:

“Artículo 7.- A los efectos de la implantación de esta Ley, el Departamento de Educación tendrá el deber de garantizar unos procedimientos mínimos, pero no limitados, en la evaluación de los estudiantes con impedimentos. Estos son:

a)…

b)…

c)…

d)…

e)…

f)…

g) Todo estudiante que culmine el Programa de Educación Especial sin haber podido obtener el diploma de escuela superior, tendrá derecho a que se le realice un cernimiento vocacional y se le expida una Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo. Esta Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo tendrá el mismo valor y efecto legal que un diploma de Escuela Superior al momento de solicitar empleo, sin perjuicio de otros requisitos lícitos que resulten indispensables para ocupar la plaza disponible o que sean estrictamente necesarios para desempeñar las tareas del cargo.

Artículo 3.-  Cláusula de separabilidad

Si cualquiera de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

Artículo 4.-  Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.

1

 Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1985).