GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18va Asamblea                                                                                                               2da Sesión

        Legislativa            Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

 

P. del S. 663

 

17 de octubre de 2017

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a la Comisión de Gobierno

 

LEY

 

 

Para enmendar las secciones 3.2, 3.13 y 3.14 de la Ley Núm. 38–2017, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; para añadir una nueva Regla 20.6 a las Reglas de Procedimiento Civil, enmendar la Regla 27.3 de Procedimiento Civil, añadir una nueva Regla 50.1 a las Reglas de Procedimiento Civil y añadir una nueva Regla 62.3 a las Reglas de Procedimiento Civil; para añadir una nueva Regla 4.1 a las Reglas de Procedimiento Criminal, añadir una nueva Regla 4.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal, añadir una nueva Regla 94.1 a las Reglas de Procedimiento Criminal, añadir una nueva Regla 199.1 a las Reglas de Procedimiento Criminal, enmendar las Reglas 64, 239, 240 y 241 de Procedimiento Criminal, añadir un nuevo sub-inciso (1) al inciso (e) de la Regla 188 de Procedimiento Criminal; para añadir una nueva Regla 2.18 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, añadir una nueva Regla 2.19 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, enmendar la Regla 11.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, añadir un nuevo sub-inciso (h) al inciso (2) de la Regla 6.2 de las Reglas Procedimiento para Asuntos de Menores, añadir una nueva Regla 7.9 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores; y para enmendar las Reglas 304 y 614 de Evidencia; con el fin de viabilizar el acceso a la justicia de las personas sordas.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En más de una ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que en los procedimientos de naturaleza penal, la concesión de un intérprete a una persona que no domina el idioma español constituye un imperativo constitucional que los tribunales no deben soslayar. (Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596 (1965); Pueblo v. Branch, 154 D.P.R. 575 (2001). De hecho, en Pueblo v. Branch el Tribunal destaca que dicho imperativo constitucional no es exclusivo del juicio en su fondo, sino que se extiende a etapas previas del procedimiento criminal para “evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso judicial”. (Branch, 154 D.P.R. pág. 582). Aunque en este caso el Tribunal destaca la Vista Preliminar (Regla 23 de Procedimiento Criminal) como un momento en el que tiene eficacia el derecho a un intérprete, éste no enumera taxativamente a qué otras etapas del proceso se extiende en la actualidad. Sí es oportuno notar que el Tribunal habla de su efectividad en etapas previas, en plural. 

La doctrina establece que el factor determinante para que se active el derecho a la provisión de un intérprete lo establece la necesidad de que el proceso de todo acusado reúna aquellos ingredientes del debido proceso de ley, de juicio imparcial y justo, de defensa efectiva y de igual justicia que le garantizan la Constitución y las leyes. Así lo reconoce nuestro ordenamiento porque de otra forma, la persona quedaría impedida por sus circunstancias de reclamar y ejercitar su derecho a ser informado de la naturaleza del cargo que se le imputa, a confrontarse con los testigos de cargo, a comunicarse durante el proceso con su abogado y a colaborar con su propia defensa. Para todo esto es indispensable que la persona denunciada, arrestada, imputada y/o acusada entienda lo que ocurre en el proceso. (Vea Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596 (1965). 

Añade el Tribunal que “[s]i el acusado no conoce la lengua en que se siguen los procedimientos, imperativo es, por la razón natural que fundamenta las garantías constitucionales del debido proceso de ley, de juicio justo, de defensa efectiva y de igual justicia, que se le faciliten los medios para que pueda entender y estar al tanto de los trámites del proceso en el cual su libertad puede estar en juego. Entre esos medios está la designación de traductores para poner en su idioma lo que en idioma distinto al del acusado se produzca en corte. Y dictamina que los jueces deben tomar las “medidas que resulten necesarias para que, en protección de los derechos de cualquier acusado que no conozca suficientemente nuestro idioma, se mantenga a éste y desde luego a su abogado por ser ello parte de su derecho a una defensa efectiva informado, por medio de traductores o de otro modo eficaz, de todo lo que transcurra en el proceso, y para que así lo revele el récord. (Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596, 605-606 (1965).

En cuanto a este último asunto, la Ley de La Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 establece que el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones serán tribunales “de récord”. (Ley de La Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, según enmendada, artículos 4.001, 5.001 y 5.006–5.007). La existencia de un récord es lo que permite que las partes en un pleito preserven objeciones, levanten planteamientos de error y ejerciten su derecho a apelar. También asegura que los tribunales apelativos puedan descargar sus facultades revisoras. (Vea las Reglas de Evidencia 104–106).

Este marco jurídico reconoce en forma genérica la deseabilidad y el derecho de toda persona en situaciones de asimetría lingüística a tener un(a) intérprete en escenarios judiciales. Sin embargo ninguna de las disposiciones legales citadas, ni la jurisprudencia, han atendido de manera clara, específica y orgánica las necesidades y barreras que confronta la comunidad sorda en su interacción directa con los tribunales de justicia, sea en casos criminales, civiles o administrativos. En ciertas etapas del proceso penal, por ejemplo, el ejercicio de un derecho tan elemental como el de comunicarse efectivamente con su abogado, se le hace imposible a las persona sordas que utilizan el lenguaje de señas porque no existe un procedimiento establecido que permita retirarle las esposas y –simultáneamente– garantizar la seguridad de los presentes. Tampoco existen medidas efectivas para la preservación de un récord de equivalencia dinámica que resulte manejable para las personas sordas. Es menester recordar que por la naturaleza gesticular y visual del lenguaje de señas, un récord meramente escrito o auditivo de la interacción en sala no conserva la integridad de los procedimientos y resulta deficiente para esta comunidad. Consecuentemente las personas sordas se enfrentan a un sistema judicial que no ha sido preparado con ellas en mente, en el que en ocasiones resulta obstruido el ejercicio de sus derechos constitucionales.

La falta de un intérprete adecuado en cualquier etapa de un procedimiento criminal, incluida la vista de causa probable para arrestar, coloca a la persona sorda en una desventaja sustancial frente a la maquinaria penal del Estado, y representa un menoscabo inaceptable de su derecho fundamental a no ser privado de su libertad sin el Debido Proceso de Ley. Igualmente, la carencia de un medio de comunicación eficaz en procesos administrativos y civiles implica violaciones a derechos constitucionales y estatutarios cuando, entre otros ejemplos, la oportunidad de apelar, la vida familiar, la continuidad de relaciones paterno-filiares, la seguridad de un techo o el sustento mismo de una persona sorda, y de sus parientes, está en controversia. Por otra parte la falta de un récord íntegro, correcto e inteligible para la parte sorda limita innecesariamente las probabilidades de que ésta realice planteamientos de error con éxito en los niveles apelativos. Esto podría implicar, incluso, un desempeño defectuoso de las prerrogativas judiciales de revisión.

 Como consecuencia de esta falta de especificidad jurídica conocemos de casos en que personas sordas han sufrido desahucios, la remoción de sus hijos(as) menores de edad y la pérdida de su libertad sin la intervención oportuna de un(a) intérprete, en detrimento de sus derechos constitucionales y estatutarios. La “Americans with Disabilities Act” (P.L. 101-336, 1990), según enmendada, establece inequívocamente que “no qualified individual with a disability shall, by reason of such disability, be excluded from participation in or be denied the benefits of services, programs, or activities of a public entity, or be subjected to discrimination by any such entity (supra, sec. 12132). En este contexto la frase “public entity incluye: any State or local government; any department, agency, special purpose district, or other instrumentality of a State or States or local government” (supra, sec. 12131). Consecuentemente, como cuestión de justicia, es imperativo que adoptemos legislación para viabilizar el acceso de la comunidad sorda a nuestros tribunales y otros foros adjudicativos, y que generemos garantías sistémicas que concreticen el reconocimiento de la inviolabilidad de su dignidad y su derecho a la igual protección de las leyes.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título:

Esta Ley se conocerá como la Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas sordas.

Artículo 2.- Casos de naturaleza administrativa: 

Se enmienda la Sección 3.2 de la Ley Núm. 38–2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

Sección 3.2.  Procedimiento Adjudicativo.

Excepto cuando por ley se establezca de otro modo el procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá iniciarse por la propia agencia o con la presentación de una querella, solicitud o petición, ya sea personalmente o mediante comunicación por escrito, en el término que establezca la ley o el reglamento, en relación a un asunto que esté bajo la jurisdicción de la agencia. 

Toda agencia deberá adoptar un reglamento para regular sus procedimientos de adjudicación.

Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, sea parte en un proceso adversativo incoado ante una agencia administrativa conforme a las disposiciones de esta Ley, o alguna ley especial, la agencia le asignará un(a) intérprete de lenguaje de señas y/o labiolectura, o le proveerá algún otro acomodo razonable que, conforme a las disposiciones de la “Americans with Disabilities Act” (P.L. 101-336, 1990), según enmendada, y de la Ley Núm. 136–1996, garantice la efectividad de la comunicación.

Artículo 3.- Preservación de récord visual en casos de naturaleza administrativa:

Se enmienda el inciso (a) de la Sección 3.13 de la Ley Núm. 38–2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Sección 3.13. – Procedimiento Durante la Vista.

  • La vista deberá grabarse o estenografiarse, y el funcionario que presida la misma preparará un informe para la consideración de la agencia, o emitirá la decisión por escrito si le ha sido delegada la autoridad para ello. Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, sea parte en un proceso adversativo incoado ante una agencia administrativa conforme a las disposiciones de esta Ley, o alguna ley especial, la agencia tomará medidas para que las vistas y demás procesos presenciales se conserven mediante algún método de grabación video-magnetofónico o digital que permita la reproducción de la grabación y garantice la preservación e integridad visual del proceso, particularmente de los interrogatorios, testimonios y argumentaciones prestadas o interpretadas mediante lenguaje de señas, labiolectura o a base de los acomodos razonables necesarios.

(g) …”

Artículo 4.- Causa de nulidad

Se enmienda la Sección 3.14 de la Ley Núm. 38–2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Sección 3.14.  Órdenes o Resoluciones Finales.

Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito dentro de noventa (90) días después de concluida la vista o después de la presentación de las propuestas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a menos que este término sea renunciado o ampliado con el consentimiento escrito de todas las partes o por causa justificada.

La orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley. 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión, con expresión de los términos correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a correr dichos términos.

La agencia deberá especificar en la certificación de sus órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión judicial conferido por ley. 

La agencia deberá notificar con copia simple por correo ordinario y por correo certificado, a las partes, y a sus abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o resolución final y de la constancia de la notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la misma.

Una resolución emitida contra una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, será nula si a ésta no se le proveyó un(a) intérprete de lenguaje de señas y/o labiolectura, o algún otro acomodo razonable que, conforme a las disposiciones de la “Americans with Disabilities Act” (P.L. 101-336, 1990), según enmendada, y de la Ley Núm. 136–1996, garantizara la efectividad de la comunicación a través del proceso adversativo.

Artículo 5.- Casos de naturaleza civil:

Se añade una nueva Regla 20.6 a las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 20.6. Partes sordas

Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, sea parte en un proceso judicial de naturaleza civil, el tribunal le asignará un(a) intérprete de lenguaje de señas y/o labiolectura, o le proveerá algún otro acomodo razonable que, conforme a las disposiciones de la “Americans with Disabilities Act” (P.L. 101-336, 1990), según enmendada, garantice la efectividad de la comunicación.

El tribunal tomará providencias para asegurar la comparecencia del(a) intérprete, o la adopción de los acomodos razonables necesarios, tan pronto como advengan en conocimiento de dicha necesidad. Si fuese necesario diferir la celebración de una vista, el tribunal hará los arreglos pertinentes para que ésta se celebre con la mayor prontitud, sin que se vean afectadas las garantías derivadas del Debido Proceso de Ley. Si la necesidad del(a) intérprete estuviere en controversia, se presumirá que toda parte sorda, según definido en esta Regla, necesita un(a) intérprete.

El Tribunal acogerá los reglamentos y formularios internos que resulten necesarios para la consecución de lo provisto en esta Regla.

Artículo 6.- Deposiciones a personas sordas:

Se enmienda la Regla 27.3 de Procedimiento Civil para que lea como sigue:

“Regla 27.3. Medios de reproducción

La deposición podrá ser tomada o grabada mediante taquigrafía, estenografía o cualquier otro método de grabación video-magnetofónico o digital que garantice la preservación e integridad del proceso y permita la reproducción de la grabación.

Cuando una persona sorda sea parte y/o deponente, la deposición deberá ser tomada mediante algún método de grabación video-magnetofónico o digital que permita la reproducción de la grabación y garantice la preservación e integridad visual del proceso, particularmente de los interrogatorios, testimonios y argumentaciones prestadas o interpretadas mediante lenguaje de señas y/o labiolectura”.

Artículo 7.- Preservación de récord visual en casos de naturaleza civil:

Se añade una nueva Regla 62.3 a las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 62.3. Preservación de récord visual cuando una parte es sorda

Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, sea parte en un proceso efectuado ante el Tribunal de Primera Instancia, el tribunal tomará medidas para que las vistas y demás procesos presenciales, incluidos los procesos preliminares, se conserven mediante algún método de grabación video-magnetofónico o digital que permita la reproducción de la grabación y garantice la preservación e integridad visual del proceso, particularmente de los interrogatorios, testimonios y argumentaciones prestadas o interpretadas mediante lenguaje de señas, labiolectura o a base de los acomodos razonables necesarios. Este récord visual formará parte del expediente del caso.

Artículo 8.- Nulidad de la sentencia

Se añade una nueva Regla 50.1 a las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 50.1. Nulidad de una sentencia emitida contra una parte sorda

Una sentencia emitida contra una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, será nula si a ésta no se le proveyó un(a) intérprete de lenguaje de señas y/o labiolectura, o algún otro acomodo razonable que, conforme a las disposiciones de la “Americans with Disabilities Act” (P.L. 101-336, 1990), según enmendada, garantizara la efectividad de la comunicación a través del proceso judicial.

Artículo 9.- Casos de naturaleza penal:

Se añade una nueva Regla 4.1 a las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 4.1. Procesamiento de persona sorda

Cuando se inicie un procedimiento criminal contra una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, los funcionarios del orden público, según requiere la Ley Núm. 136–1996, y/o el tribunal, conforme a las disposiciones de la “Americans with Disabilities Act” (P.L. 101-336, 1990), según enmendada, deberán garantizar que se le asigne un(a) intérprete de lenguaje de señas y/o labiolectura, o que se le provea algún otro acomodo razonable que garantice la efectividad de la comunicación, así como los derechos de la persona denunciada, arrestada, imputada y/o acusada a comprender el proceso, a comunicarse efectivamente con su abogado y a colaborar con su propia defensa. Esta garantía se observará en todas las etapas del proceso criminal.

El tribunal tomará providencias para asegurar la comparecencia del(a) intérprete, o la adopción de los acomodos razonables necesarios, tan pronto como advengan en conocimiento de dicha necesidad. Si fuese necesario diferir la celebración de una vista, el tribunal hará los arreglos pertinentes para que ésta se celebre con la mayor prontitud, sin que se vea afectado el derecho a juicio rápido de la persona sorda o las garantías derivadas del Debido Proceso de Ley. Si la necesidad del(a) intérprete estuviere en controversia, se presumirá que toda parte sorda, según definido en esta Regla, necesita un(a) intérprete.

El Tribunal acogerá los reglamentos y formularios internos que resulten necesarios para la consecución de lo provisto en esta Regla.

Artículo 10.- Derecho de la persona sorda a comunicarse efectivamente con su abogado:

Se añade una nueva Regla 4.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 4.2. Derecho de la persona sorda a comunicarse efectivamente con su abogado 

El derecho de la persona sorda a comunicarse con su abogado y a colaborar con su propia defensa se garantizará en todas las etapas del proceso criminal. Con el propósito de lograr este objetivo el tribunal tomará medidas para que a la persona sorda, a petición de la defensa, se le retiren las esposas y/o cualquier otro aparato que restrinja su capacidad de comunicarse mediante lenguaje de señas. El tribunal tomará aquellas medidas ulteriores que estime necesarias para garantizar la seguridad de los guardias penales, alguaciles, funcionarios del tribunal o cualquier público presente, sin lesionar otros derechos constitucionales y estatutarios ostentados por la persona denunciada, arrestada, imputada y/o acusada.

Artículo 11.- Preservación de récord visual en casos de naturaleza penal:

Se añade una nueva Regla 199.1 a las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 199.1. Preservación de récord visual cuando la persona procesada es sorda

Cuando una persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, confronte un procedimiento criminal, el tribunal tomará medidas para que las vistas y demás procesos presenciales, incluidos los procesos preliminares, se conserven mediante algún método de grabación video-magnetofónico o digital que permita la reproducción de la grabación y garantice la preservación e integridad visual del proceso, particularmente de los interrogatorios, testimonios y argumentaciones prestadas o interpretadas mediante lenguaje de señas, labiolectura o a base de los acomodos razonables necesarios. Este récord visual formará parte del expediente del caso.

Artículo 12.- Deposiciones y declaraciones juradas a personas sordas:

Se añade una nueva Regla 94.1 a las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 94.1. Deposiciones y declaraciones juradas a personas sordas:

Las deposiciones y/o declaraciones juradas tomadas a personas que padezcan de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que reflejen cualquier otra situación de hipoacusia, deberán ser conservadas mediante algún método de grabación video-magnetofónico o digital que permita la reproducción de la grabación y garantice la preservación e integridad visual del proceso, particularmente de los interrogatorios, testimonios y argumentaciones prestadas o interpretadas mediante lenguaje de señas, lectura labiofacial o a base de los acomodos razonables necesarios.

Artículo 13.- Desestimación por falta de intérpretes:

Se enmienda la Regla 64 de Procedimiento Criminal, y se añade un nuevo inciso (q), para que lea como sigue:

“Regla 64. Fundamentos de la moción para desestimar 

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos: 

(a) … 

 

(q) Que una persona que padece de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleja cualquier otra situación de hipoacusia, fue arrestada, denunciada, imputada y/o acusada y no se le proveyó un(a) intérprete de lenguaje de señas, labiolectura, o algún otro acomodo razonable que garantizara la efectividad de la comunicación, en la vista de causa probable para arresto, la vista de causa probable para arresto en alzada, la vista preliminar o la vista preliminar en alzada.

Una moción para desestimar basada en lo provisto en esta Regla deberá presentarse, excepto por causa debidamente justificada y fundamentada, por lo menos veinte (20) días antes del juicio, salvo lo dispuesto en la Regla 63.”

Artículo 14.- Se enmienda la Regla 239 de Procedimiento Criminal, para que lea como sigue:

“Regla 239. Capacidad mental o auditiva del acusado antes de la sentencia

Ninguna persona será juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras este mentalmente incapacitada.

Ninguna persona que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, será juzgada, convicta o sentenciada por un delito sin que se garantice la provisión de un(a) intérprete de lenguaje de señas y/o labiolectura, o la provisión de algún otro acomodo razonable que garantice la efectividad de la comunicación durante el proceso.

Artículo 15.- Se enmienda la Regla 240 de Procedimiento Criminal, para que lea como sigue:

“Regla 240. Capacidad mental y/o funcional del acusado; procedimiento para determinarla

(a) Vista; peritos. En cualquier momento después de presentada la acusación o denuncia y antes de dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere evidencia, además de la opinión del representante legal del imputado o acusado, que estableciere mediante preponderancia de la prueba que el acusado está mentalmente incapacitado, o que éste no es capaz de comprender el proceso y colaborar con su defensa como consecuencia de alguna deficiencia en el desarrollo que afecta sus destrezas de comunicación, expondrá detalladamente por escrito los fundamentos para dicha determinación, suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar el estado mental y/o funcional del acusado. Una vez se señale esta vista, deberá el tribunal designar uno o varios peritos para que examinen al acusado y declaren sobre su estado mental y/o funcional. Se practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las partes. En estos casos, la representación legal del imputado o acusado deberá presentar al tribunal una moción informando la intención de solicitar la paralización de los procedimientos por razón de la incapacidad mental y/o funcional de su representado acompañada de evidencia pericial de tal incapacidad, dentro de un término no menor de tres (3) días antes de la fecha señalada para la vista de que se trate. 

(b) Efectos de la determinación. Si como resultado de la prueba el tribunal determinare que el acusado está mentalmente y/o funcionalmente capacitado, continuará el proceso. Si el tribunal determinare lo contrario, podrá ordenar la reclusión del acusado en una institución adecuada. En aquellos casos en que el tribunal hallare que el imputado o acusado padece de alguna deficiencia en el desarrollo que no le permite comprender el proceso y colaborar con su defensa podrá ordenar que éste sea ingresado en un centro de adiestramiento para el desarrollo de destrezas de vida independiente. Si luego de así recluirse al acusado el tribunal tuviere base razonable para creer que el estado mental y/o funcional del acusado permite la continuación del proceso, citará a una nueva vista que se llevará a cabo de acuerdo con lo provisto en el apartado (a) de esta Regla, y determinará entonces si debe continuar el proceso.

(c) Fiadores; depósito. Si el tribunal ordenare la reclusión del acusado en una institución, según lo dispuesto en el inciso (b) de esta Regla, quedarán exonerados sus fiadores, y de haberse verificado un depósito de acuerdo con la Regla 222, será devuelto a la persona que acreditare su autoridad para recibirlo.

(d) Procedimiento en la vista preliminar. Si el magistrado ante quien hubiere de celebrarse una vista preliminar tuviere evidencia, además de la opinión del representante legal del imputado, que estableciere mediante preponderancia de la prueba que el imputado está mentalmente incapacitado, o que éste no es capaz de comprender el proceso y colaborar con su defensa como consecuencia de alguna deficiencia en el desarrollo que afecta sus destrezas de comunicación, expondrá detalladamente por escrito los fundamentos para dicha determinación, suspenderá dicha vista y levantará un acta breve al efecto, de la cual dará traslado inmediato, con los demás documentos en autos, al secretario de la sala del Tribunal de Primera Instancia correspondiente, ante la cual se celebrará una vista siguiendo lo dispuesto en el inciso (a) de esta Regla. En estos casos, la representación legal del imputado deberá presentar al tribunal una moción informando la intención de solicitar la paralización de los procedimientos por razón de la incapacidad mental y/o funcional de su representado acompañada de evidencia pericial de tal incapacidad, dentro de un término no menor de tres (3) días antes de la fecha señalada para la vista preliminar. Si el tribunal determinare que el imputado está mentalmente y/o funcionalmente capacitado, devolverá el expediente al magistrado o tribunal de origen, con su resolución, y los trámites de la vista preliminar continuarán hasta su terminación. Si el tribunal determinare lo contrario, actuará de conformidad con lo provisto en el inciso (b) de esta Regla, solo que a los efectos de la vista preliminar.

Artículo 16.- Se enmienda la Regla 241 de Procedimiento Criminal, para que lea como sigue:

“Regla 241. Procedimiento para imposición de la medida de seguridad

Cuando el imputado fuere absuelto o hubiere una determinación de no causa en vista preliminar por razón de incapacidad mental y/o funcional, o determinación de no procesabilidad permanente, o se declare su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar internarlo en una institución adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio de su discreción determina conforme a la evidencia presentada que dicha persona por su peligrosidad constituye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con dicho tratamiento. La condición de sordera profunda, severa, moderada o leve, ni ninguna otra situación de hipoacusia o de deficiencia en el desarrollo, por sí sola, será suficiente para que, en ausencia de los demás requisitos establecidos en estas reglas, el tribunal conserve jurisdicción sobre la persona y decrete su ingreso a una institución.

En caso de ordenarse internarlo, la misma se prolongará por el tiempo requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada. En todo caso será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar trimestralmente al tribunal sobre la evolución del caso. 

  •  

Artículo 17.- Moción de nuevo juicio:

Se añade un nuevo sub-inciso (1) al inciso (e) de la Regla 188 de Procedimiento Criminal, para que lea como sigue:

Regla 188. Nuevo juicio; fundamentos

El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los siguientes fundamentos:

(e) Que no fue posible obtener una transcripción de las notas taquigráficas de los procedimientos, debido a la muerte o incapacidad del taquígrafo o a la pérdida o destrucción de sus notas, ni preparar en sustitución de dicha transcripción una exposición del caso en forma narrativa según se dispone en las Reglas 208 y 209.

(1) Que a una persona que padece de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleja cualquier otra situación de hipoacusia, no se le proveyó en el juicio un(a) intérprete de lenguaje de señas, labiolectura, o algún otro acomodo razonable que garantizara la efectividad de la comunicación.

(f) …”

Artículo 18.- Procedimientos bajo la Ley Núm. 88–1986, según enmendada, denominada “Ley de Menores de Puerto Rico”:

Se añade una nueva Regla 2.18 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 2.18. Procesamiento de menor sordo

Cuando se inicie un procedimiento contra un menor que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, o cuyo padre, madre, tutor, tutora o custodio padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o refleje cualquier otra situación de hipoacusia, los funcionarios del orden público, según requiere la Ley Núm. 136–1996, y/o el tribunal, conforme a las disposiciones de la “Americans with Disabilities Act” (P.L. 101-336, 1990), según enmendada, deberán garantizar que se le asigne un(a) intérprete de lenguaje de señas y/o labiolectura, o que se le provea algún otro acomodo razonable que garantice la efectividad de la comunicación, así como los derechos del menor imputado, querellado, detenido y/o aprehendido a comprender el proceso, a comunicarse efectivamente con su abogado y a colaborar con su propia defensa. Esta garantía se observará en todas las etapas del proceso.

El tribunal tomará providencias para asegurar la comparecencia del(a) intérprete, o la adopción de los acomodos razonables necesarios, tan pronto como advengan en conocimiento de dicha necesidad. Si fuese necesario diferir la celebración de una vista, el tribunal hará los arreglos pertinentes para que ésta se celebre con la mayor prontitud, sin que se vea afectado el derecho a juicio rápido del menor sordo o las garantías derivadas del Debido Proceso de Ley. Si la necesidad del(a) intérprete estuviere en controversia, se presumirá que todo menor sordo, según definido en esta Regla, necesita un(a) intérprete.

El Tribunal acogerá los reglamentos y formularios internos que resulten necesarios para la consecución de lo provisto en esta Regla.

Artículo 19.- Derecho del menor sordo a comunicarse efectivamente con su abogado:

Se añade una nueva Regla 2.19 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas, para que lea como sigue:

Regla 2.19. Derecho del menor sordo a comunicarse efectivamente con su abogado

El derecho del menor sordo a comunicarse con su abogado y a colaborar con su propia defensa se garantizará en todas las etapas del proceso. Con el propósito de lograr este objetivo el tribunal tomará medidas para que al menor, a petición de la defensa, se le retiren las esposas y/o cualquier otro aparato que restrinja su capacidad de comunicarse mediante lenguaje de señas. El tribunal tomará aquellas medidas ulteriores que estime necesarias para garantizar la seguridad de los guardias, alguaciles, funcionarios del tribunal o cualquier público presente, sin lesionar otros derechos constitucionales y estatutarios ostentados por el menor imputado, querellado, detenido y/o aprehendido.

Artículo 20.- Preservación de récord visual en procedimientos bajo la Ley Núm. 88–1986, según enmendada, denominada “Ley de Menores de Puerto Rico”:

Se enmienda la Regla 11.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendada,  para que lea como sigue:

“Regla 11.1. Transcripción taquigráfica o grabación 

Los procedimientos ante el tribunal se tomarán taquigráficamente o mediante grabación en cinta magnetofónica. No se permitirá otra grabación de los procedimientos, salvo la que puedan llevar a cabo el abogado del menor y el Procurador y únicamente para fines de la adecuada preparación del caso.

Las notas taquigráficas y/o la grabación de los procedimientos quedarán bajo la custodia del secretario y éste no permitirá que se examinen sin previa autorización del tribunal. La transcripción de las notas o de la grabación sólo se podrá hacer mediante orden del tribunal apelativo.

No obstante lo dispuesto previamente, cuando el menor padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o refleje cualquier otra situación de hipoacusia, el tribunal tomará medidas para que las vistas y demás procesos presenciales, incluidos los procesos preliminares, se conserven mediante algún método de grabación video-magnetofónico o digital que permita la reproducción de la grabación y garantice la preservación e integridad visual del proceso, particularmente de los interrogatorios, testimonios y argumentaciones prestadas o interpretadas mediante lenguaje de señas, labiolectura o a base de los acomodos razonables necesarios. Este récord visual formará parte del expediente del caso, sin embargo quedará bajo la custodia del secretario y no se permitirá su examen sin previa autorización del tribunal.

Las deposiciones y/o declaraciones juradas tomadas a menores que padezcan de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que reflejen cualquier otra situación de hipoacusia, deberán ser conservadas mediante algún método de grabación video-magnetofónico o digital que permita la reproducción de la grabación y garantice la preservación e integridad visual del proceso, particularmente de los interrogatorios, testimonios y argumentaciones prestadas o interpretadas mediante lenguaje de señas, lectura labiofacial o a base de los acomodos razonables necesarios.

Artículo 21.- Desestimación por falta de intérpretes:

Se enmienda la Regla 6.2 de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendada, y se añade un nuevo sub-inciso (h) al inciso número dos (2) para que lea como sigue:

“Regla 6.2. Mociones antes de la vista adjudicativa

Las siguientes mociones deberán presentarse y resolverse antes de la vista adjudicativa: 

(1) 

(2) Moción de desestimación basada en las siguientes defensas y objeciones surgidas en la tramitación del proceso:

(a) 

(h) Que un menor que padece de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleja cualquier otra situación de hipoacusia, resultó imputado, detenido aprehendido y/o querellado, y no se le proveyó un(a) intérprete de lenguaje de señas, labiolectura, o algún otro acomodo razonable que garantizara la efectividad de la comunicación, en la vista de causa probable para aprehensión o la vista de causa probable para radicar la querella.

(3) 

(6) …

Artículo 22.- Moción de nuevo juicio en casos de menores:

Se añade una nueva Regla 7.9 de Procedimiento para Asuntos de Menores, para que lea como sigue:

Regla 7.9. Moción de nueva vista adjudicativa

Un menor que padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleje cualquier otra situación de hipoacusia, podrá presentar una moción de nueva vista adjudicativa al amparo de las disposiciones establecidas en la Regla 188 de Procedimiento Criminal, según enmendada, si en la vista adjudicativa que sirvió de base para la adjudicación del caso no se le proveyó un(a) intérprete de lenguaje de señas, labiolectura, o algún otro acomodo razonable que garantizara la efectividad de la comunicación.

Artículo 23.- Presunción específica de necesidad de intérpretes

Se enmienda la Regla de Evidencia 304, y se añade un nuevo inciso (40), para que lea como sigue:

“Regla 304. Presunciones específicas

Las presunciones son aquéllas establecidas por ley o por decisiones judiciales. Entre las presunciones controvertibles se reconocen las siguientes:

(40) Una persona que padece de sordera profunda, severa, moderada o leve, o que refleja cualquier otra situación de hipoacusia, necesita un intérprete de lenguaje de señas, labiolectura o algún otro acomodo razonable para comunicarse efectivamente con personas oyentes que no conocen el lenguaje de señas, la labiolectura o su idioma casero.

Artículo 24.- Interpretación de la persona sorda como testigo declarante:

Se enmienda la Regla de Evidencia 614 para que lea como sigue: 

“Regla 614. Intérpretes 

Cuando por desconocimiento del idioma español o cualquier incapacidad por parte de una persona testigo, sea necesario el uso de una o un intérprete, ésta o éste cualificará como tal si la Jueza o el Juez determina que puede entender o interpretar las expresiones de la persona testigo. La persona que actúa como intérprete estará sujeta a juramento de que hará una interpretación y traducción fiel y exacta de lo declarado por la persona testigo.

Cuando una persona testigo, que no sea parte en el pleito, padezca de sordera profunda, severa, moderada o leve, o refleje cualquier otra situación de hipoacusia, el tribunal presumirá que necesita un(a) intérprete de lenguaje de señas y/o labiolectura, o algún acomodo razonable que garantice la efectividad de la comunicación, y se lo asignará con cargo al Departamento de Justicia. La parte que alegue que la persona testigo no necesita un(a) intérprete, o el acomodo razonable en controversia, tendrá el peso de demostrarlo. Con ese fin el tribunal podrá realizar una vista, si así lo estima necesario.

Artículo 25- Cláusula de separabilidad:

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

Artículo 26.- Vigencia:

Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días después de su aprobación.