GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va Asamblea 1 ra Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 455

3 de mayo de 2017

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Salud

 

LEY

 

Para garantizar la continuidad del acceso a los servicios de salud en casos de impugnaciones de procesos de subastas.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Por medio de la Ley Núm. 153 de 18 de septiembre de 2015 se creó la Junta Revisora de Subastas adscrita a la Administración de Servicios Generales (en adelante denominada como “la Junta”). De conformidad con el estatuto referido, la Junta ostenta facultad para:

 

Revisar y adjudicar cualquier impugnación a las adjudicaciones sobre subastas hechas por la Junta de Subastas, el requerimiento de propuestas (RFP) realizadas por la Administración, o las adjudicaciones sobre subastas o requerimientos de propuestas o cualificaciones, hechas por cualquier otra agencia, instrumentalidad o entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva.

 

Por otro lado, por medio de la Ley Núm. 253 de 3 de septiembre de 2003, se dispuso que toda corporación pública o instrumentalidad pública no sujeta a la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales, debía adoptar procesos internos para ordenar los trámites de impugnación que pudieran generarse por parte de licitadores no favorecidos. En el contexto de impugnaciones presentadas en contra de adjudicaciones de subastas ocurridas en corporaciones públicas o instrumentalidades públicas no sujetas a la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales, tal impugnación se rige de conformidad con los derechos a reconsideración y revisión judicial establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante denominada como L-PAU).

De ordinario en los procesos de impugnación, bien sean ante la Junta o ante la propia corporación pública o instrumentalidad pública (bajo lo dispuesto en la L-PAU), la acción de impugnación tiene el efecto de suspender la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas en la subasta (o en otros procedimientos adjudicativos), hasta tanto se resuelva en forma definitiva la impugnación incoada. El efecto interruptor que tiene la acción de impugnación es, ciertamente, un mecanismo necesario para garantizar la pulcritud en la administración pública y el uso adecuado de fondos públicos. Por medio de la acción de impugnación (y su derivado efecto de interrupción), se escruta (en un proceso adversativo) la acción tomada por la corporación pública o instrumentalidad de que se trate, de haber beneficiado a un licitador en perjuicio de otros. Por lo cual, el mecanismo de impugnación promueve la indagación necesaria para que la determinación de adjudicación cumpla con los rigores que garantizan la competencia justa entre licitadores. Sin embargo el efecto interruptor de la acción de impugnación de una subasta, y la dilación en los procesos que se suscita como consecuencia de éste, en ocasiones trastoca la continuidad en la prestación de servicios esenciales de salud.

En casos en que se han adjudicado subastas para el ofrecimiento de servicios de salud, la creación de infraestructura médica, la construcción de instalaciones para la prestación de servicios de salud, o para el suplido de equipos y materiales de uso médico, el efecto interruptor de la impugnación ha producido la suspensión inmediata de la construcción de que se trate o del suplido de los materiales y equipos concernidos, hasta tanto se resuelve en forma definitiva la impugnación incoada. En estos escenarios la acción de impugnación puede tener el efecto de detener la instalación y utilización de equipos que son necesarios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y condiciones que requieren atención inmediata, resultando imposibilitada la prestación de un servicio esencial. Cuando la infraestructura y los equipos concernidos son indispensables para preservar la vida de pacientes que sufren enfermedades catastróficas, el factor tiempo se presenta como uno determinante entre la vida y la muerte.

Si bien es cierto que la adjudicación de una subasta debe estar sujeta a revisión adversativa, a los fines de dilucidar su legitimidad, tal interés del gobierno no es mayor que el de garantizar que los servicios de salud se ofrezcan de forma oportuna e ininterrumpida. La protección de la vida y la promoción de la salud pública se destacan como intereses de jerarquía mayor cuando se contraponen al mecanismo de impugnación (y su efecto interruptor), cuyo interés subyacente es el de garantizar la competencia justa entre licitadores.

 Urge, por tanto, que se adopte legislación para garantizar que los servicios de salud se ofrezcan de forma oportuna e ininterrumpida; y que se implante un procedimiento excepcional expedito que permita la resolución rápida de las impugnaciones de adjudicaciones de subastas para el ofrecimiento directo de servicios de salud, la creación de infraestructuras o instalaciones destinadas a la prestación de servicios médicos, y para el suplido de equipos y materiales de uso médico. Esta Ley establece como política en Puerto Rico que (1) una acción que impugne la adjudicación de una subasta para el ofrecimiento directo de servicios de salud, la creación de infraestructuras o instalaciones destinadas a la prestación de servicios médicos, o para el suplido de equipos y materiales de uso médico, no tendrá el efecto interruptor que produce en el resto de las subastas para el desarrollo de servicios, infraestructuras o la adquisición de materiales de otra naturaleza; (2) que, en adelante, se adopta un procedimiento extraordinario que será de aplicación única y exclusiva a la resolución de impugnaciones de adjudicaciones de subastas en las que se cuestione la validez de la adjudicación y se vea involucrado, afectado o detenido de forma directa algún servicio de salud; y (3) se delimitan los derechos que, en ausencia de fraude, negligencia o abuso del derecho protegen a las partes que participan de buena fe en los susodichos procesos de subasta.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título

Esta Ley se conocerá como la “Ley para garantizar la continuidad del acceso a los servicios de salud en casos de impugnaciones de procesos de subastas.

Artículo 2.- Toda subasta efectuada en agencias, instrumentalidades, entidades gubernamentales, corporaciones públicas o dependencias del Gobierno de Puerto Rico se llevará a cabo conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Núm. 153 de 18 de septiembre de 2015 que crea la Junta Revisora de Subasta, la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988, según enmendada (denominada Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme), o cualquier otra ley especial y/o reglamento que la autorice, excepto cuando pudiera verse involucrado, afectado o detenido de forma directa el ofrecimiento de algún servicio de salud como resultado de la impugnación, reconsideración o revisión de la adjudicación de la subasta.

Artículo 3.- Cuando se vea involucrada, afectada, o detenida de forma directa la creación de infraestructuras o instalaciones destinadas a la prestación de servicios médicos, el suplido de equipos y materiales de uso médico y/o el ofrecimiento de algún servicio directo de salud como resultado de una acción de impugnación, reconsideración o revisión de la adjudicación de una subasta, se seguirá el procedimiento extraordinario expuesto en los artículos subsiguientes.

Artículo 4.- Una parte que desee impugnar una subasta en la que se hayan adjudicado derechos para el ofrecimiento de servicios de salud, la creación de infraestructuras o instalaciones destinadas a la prestación de servicios médicos y/o el suplido de equipos y materiales de uso médico; o que interese solicitar la reconsideración o revisión de tal adjudicación, deberá presentar una acción de impugnación de subasta en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia dentro de un término jurisdiccional de diez (10) días, a partir de la fecha de la adjudicación de la subasta en controversia.

Artículo 5.- La presentación de la acción identificada en el Artículo 4 de esta Ley no tendrá el efecto de suspender la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas en la subasta previamente adjudicada. No obstante, luego de escuchar a las partes, en aquellos casos en que el Tribunal lo considere apropiado, éste podrá exigir la prestación de una fianza para salvaguardar los intereses de la parte favorecida por la adjudicación.

Artículo 6.- Será responsabilidad de la parte peticionaria notificar a la agencia, instrumentalidad, entidad gubernamental, corporación pública o dependencia del Gobierno de Puerto Rico, de cuya adjudicación se recurre, así como a los abogados o abogadas de récord, o en su defecto, a las partes, dentro del término jurisdiccional dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley, una copia debidamente timbrada, con la fecha y hora de su presentación, del escrito presentado ante el Tribunal de Primera Instancia. El término de notificación a las partes, sin embargo, será observado como uno de cumplimiento estricto.

Artículo 7.- Las partes que resulten afectadas por la presentación de la acción podrán presentar memorandos en oposición dentro de un término de cumplimiento estricto de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que la parte peticionaria haya notificado su escrito de impugnación o solicitud de revisión.

Artículo 8.- El Tribunal de Primera Instancia resolverá los méritos de la adjudicación de la subasta dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que queden sometidos, o debieran quedar sometidos, los memorandos de las partes opositoras.

Artículo 9.- Si una parte que obtuvo la buena pro en un procedimiento de subasta de buena fe, sin mediar fraude, negligencia o abuso del derecho, luego resultare privada por el Tribunal de los bienes o derechos que le fueron adjudicados como consecuencia de la resolución de la acción de impugnación instituida en esta Ley, tendrá derecho a solicitar de la parte que impugnó la adjudicación de la subasta, la indemnización del interés negativo sufrido, de manera que se reponga su patrimonio al estado en que estaría si no hubiera confiado en la validez del proceso.

Artículo 10.- Si alguna parte hubiese obtenido la adjudicación de una subasta a su favor con mala fe, mediante fraude, negligencia o abuso del derecho, no tendrá derecho a remedio alguno si luego resultare privada por el Tribunal de los bienes o derechos adjudicados en ella tras un proceso de impugnación.

Artículo 11.- Una vez resuelta en sus méritos la acción presentada ante el Tribunal, éste vendrá obligado a celebrar una vista bajo la Regla cuarenta y cuatro (44) de Procedimiento Civil. En ella determinará si alguna de las partes, o su abogado o abogada, procedió con temeridad o frivolidad al impugnar la subasta en controversia; de suerte que, de concluir que así lo hizo, procederá a imponerle al o a la responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el Tribunal entienda correspondan a tal conducta, además de las costas del litigio establecidas en la susodicha Regla.

Artículo 12.- La parte que resulte desfavorecida por el Tribunal de Primera Instancia podrá recurrir directamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, mediante la presentación de un recurso de certiorari.

Artículo 13.- Cláusula de Separabilidad

Si alguna de las disposiciones de la presente Ley fuere declarada inconstitucional, las restantes disposiciones se mantendrán en vigor.

Artículo 14.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.