“La información pertenece a las personas. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno”Informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión – Organización de Estados Americanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información (2007) p. 34, ¶96.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

 

18 va Asamblea      1 era   Sesión

Legislativa           Ordinaria

 

 

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 442

24 de abril de 2017

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a la Comisión de Gobierno

 

LEY

 

Para establecer la política pública de acceso a la información bajo la custodia de la estructuras públicas del gobierno; adoptar los mecanismos y aspectos procesales de orden sumario para garantizar el acceso a dicha información; y definir los contornos de la intervención del poder judicial, en el contexto de controversias vinculadas al acceso de la ciudadanía a la información pública. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“La información pertenece a las personas. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno”- Informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión  Organización de Estados Americanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información (2007) p. 34, ¶96.

 

El acceso a la información en poder de las estructuras públicas, configura el ejercicio de un derecho humano fundamental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante denominada como “CIDH”) ha expresado que:

El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma.

 

Informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión - Comisión Interamericana de derechos humanos (2007). La CIDH ha dicho además que: “El reconocimiento del acceso a la información como derecho humano[,] ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Id. 

No obstante lo anterior, en Puerto Rico, impera el hermetismo y la secretividad en el manejo de información en poder de las estructuras públicas. De ordinario, el acceso a la información pública se logra luego de que las personas interesadas en acceder a la misma, han agotado un costoso y prolongado proceso judicial. Las acciones judiciales para lograr acceso a este tipo de información, además, son entorpecidas por las estructuras públicas (que se oponen a la divulgación), por medio de la oposición de defensas irrisorias, improcedentes y divorciadas de las garantías fundamentales de acceso a la información, que son corolario del derecho de libertad de expresión. La secretividad de la información generada por las estructuras públicas, en muchos escenarios, no está predicada en razones legítimas de protección, si no que en el ánimo del gobierno, que procura con demasiada regularidad la ocultación y el encubrimiento.  

En el caso de Marcel Claude Reyes y otros v. Chile (marzo, 2006), la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que toda persona tiene derecho a “solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado…[y] recibir dicha información.” Dijo la Corte en ese caso, que existe una “…obligación positiva del Estado de suministrarla…” En relación con el aspecto de “legitimación activa” para solicitar información pública, la Corte dijo en el caso referido, que “Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal…” 

El derecho de acceder a información pública le asiste a toda y cualquier persona, por su condición de “ser humano”. En efecto, el derecho de acceder a este tipo de información, no puede ser sometido a condicionamientos, derivados del estatus civil, social o migratorio de la persona solicitante. El derecho de acceso a la información pública, está directamente atado al derecho de las personas “…a conocer la manera en la que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan…”. Informe CIDH, Id., a la pág.  p. 33.

El remedio para lograr una mayor transparencia y apertura de parte del gobierno en Puerto Rico, ante solicitudes de acceso a información en su poder, no es traducir y adoptar un calco de la tan desprestigiada ley del Congreso de los Estados Unidos, conocida como el  Freedom of Information Act (FOIA). Dicho estatuto, ha sido criticado “…porque se utiliza de forma incorrecta y su mal uso contribuye a aumentar costos y demoras en las solicitudes…” y porque “…la mayoría de las solicitudes se realizan con propósitos comerciales…” Id.

Esta Ley, propone la adopción de un mecanismo de acceso a la información bajo la custodia del estado, bajo términos procesales de manejo sencillo, que no implican la erogación de fondos públicos. Por medio de esta Ley, Puerto Rico se adhiere a la realidad de los tiempos y al estado actual de situación, en el contexto de la protección de los derecho humanos, utilizando como fuente de orientación los lineamientos generados por los organismos supervisores para con el cumplimiento del estado de derecho en materia de derechos humanos, de la Organización de Estados Americanos. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título

Esta Ley se conocerá como la Ley de acceso a la información pública y de procedimiento sumario para la divulgación.

Artículo 2.- Definiciones. –

Para los fines de esta Ley, las siguientes palabras y frases tendrán el significado señalado a continuación:

(a) Información pública – Todos aquellos caracteres, códigos, sonidos o imágenes y todo tipo de datos que pueden ser distinguidos por una o cualquiera de las formas o sentidos de percepción humana, o por un ordenador o computador, y que están bajo la custodia de las estructuras gubernamentales, contenidos en todo y cualquier tipo de sistema de almacenamiento o recuperación, incluyendo pero sin limitarse a documentos, películas, microfichas, vídeos, fotografías, y todo tipo de papel o material audiovisual.

(b) Estructura gubernamental – Entidad que por entenderse comprendida entre una de las siguientes, vendrá llamada a observar las garantías contenidas en este ley, por medio de la divulgación de la información bajo su custodia, a saber: El gobierno de Puerto Rico y sus tres ramas constitucionales, corporaciones públicas, municipios, entidades en gestión de negocios bajo acuerdos de alianzas público privadas, y entidades privadas encargadas de custodiar, procesar, almacenar, disponer de o destruir, información pública.

(c) Requirente o solicitante de divulgación de información pública  - Toda persona bien sea natural o jurídica, que formalice de conformidad con las disposiciones de esta Ley, una solicitud ante una estructura gubernamental, para que esta divulgue información.

Artículo 3.- Presunción del carácter público de la información

Toda información en poder de alguna “estructura gubernamental”, según tal concepto se define en esta Ley, se presume que configura “información pública”, según tal concepto también es definido en esta Ley. Por tanto, en toda y cualquier eventualidad en que se solicite a una estructura gubernamental la divulgación de información contenida en todo y cualquier tipo de sistema de almacenamiento o recuperación bajo su control, la entidad de que se trate vendrá obligada a así hacerlo. En caso de que la información solicitada a la estructura pública no se encuentre bajo su custodia, por no estar contenida en ningún sistema de almacenamiento o recuperación bajo su control, la estructura requerida deberá informar de buena fe al requirente de la información, en relación con qué otra estructura gubernamental podría ser la tenedora de la información concernida. 

Artículo 4.- Obligación de derrotar la presunción en torno al carácter público de la información, antes de denegar una solicitud de divulgación

 

Aquella entidad gubernamental que sostenga que la información solicitada es una no susceptible de divulgación, deberá rebatir la presunción que se establece en esta Ley, por medio de la presentación de razones que justifiquen la aplicación de alguno de las siguientes excepciones:

    • Que una ley aplicable a la entidad gubernamental concernida, dispone expresamente que la información solicitada es confidencial;

    • Que la información solicitada está protegida por algún privilegio constitucional o evidenciario; 

    • Que revelar la información lesionará derechos fundamentales de terceros; 

    • Que divulgar la información solicitada produciría a su vez la divulgación de la identidad de un confidente.

Artículo 5.- Proceso inicial de solicitud de información ante una estructura gubernamental

Toda y cualquier persona que interese acceder a información, podrá presentar ante cualquier estructura gubernamental, una solicitud para que se divulgue información, La solicitud en cuestión, deberá meramente describir la información a la que se interesa acceder, con razonable particularidad como para que la misma sea identificable en los sistemas de almacenamiento o recuperación bajo el control de la entidad de que se trate. La solicitud, además, deberá expresar la fecha en que se ha generado, así como el nombre y firma de la persona natural que formaliza el pedido y una dirección de correo electrónico. Solo a discreción de la persona requirente, esta podrá proveer además una dirección postal. 

Las estructuras gubernamentales podrán generar “pre-formas” para ser completadas por las personas solicitantes de información, pero en ningún escenario, tales “pre-formas” podrán requerir de la persona solicitante, información adicional a la que en esta sección se ordena. Las “pre-formas” que en virtud de esta Ley las estructuras gubernamentales adopten, consignarán en letra visible y fácilmente perceptible, que la persona solicitante no está obligada a proveer una dirección postal, como parte de su solicitud.

Tan pronto como una solicitud de información sea recibida por la estructura gubernamental, se procederá a “timbrar” la misma, por medio de un sello que identifique el nombre de la estructura gubernamental, la fecha y la hora de recibo de la petición. La estructura gubernamental contará, desde la fecha de recibo, con un término de catorce (14) días naturales para contestar por escrito la petición recibida. 

La comunicación en contestación a la solicitud de información que la estructura gubernamental genere, deberá ser remitida al medio de contacto informado por la persona requirente, o a ambos, cuando esta haya provisto tanto su dirección de correo electrónico como su dirección postal. Dicha comunicación deberá estar acompañada de la producción de la información solicitada, o en su defecto, deberá informar a la persona requirente que la información solicitada se encuentra disponible para su recogido. La información podrá ser entregada por la estructura gubernamental a la persona requirente, bien en papel, o en algún dispositivo portátil de memoria digital. 

Cuando se trate de información en la naturaleza de vídeos de imágenes en movimiento o de audio, la estructura gubernamental deberá producirle en formatos que faciliten su apreciación o percepción, en la misma forma y manera en que se encuentran archivadas bajo su custodia. 

En aquellos casos en que la estructura gubernamental sostenga que la información solicitada es una no susceptible de divulgación, esta deberá dirigir a la persona requirente, una comunicación escrita (en el término aquí dispuesto), por medio de la cual explique y fundamente las razones de exención y rebata la presunción que se establece en esta Ley. La comunicación de denegatoria deberá fundamentarse exclusivamente en las razones que bajo esta Ley se disponen como escenarios de excepción que podrían derrotar la presunción del carácter público de la información. Dicha comunicación, deberá estar redactada en un lenguaje sencillo, que sea de fácil comprensión para cualquier persona que no tenga conocimiento de los lenguajes técnico-jurídicos. 

Artículo 6.- Intervención del Tribunal de Primera Instancia, ante una denegatoria por parte de la estructura gubernamental

Ante el recibo de una comunicación de denegatoria, la persona solicitante de la información, tendrá derecho a presentar (libre del pago de aranceles o sellos de Rentas Internas), ante la sala del Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial en que se encuentre la información, un recurso de Mandamus. El recurso en cuestión, deberá presentarse dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que la estructura gubernamental haya notificado la denegatoria. 

La solicitud de Mandamus deberá ser formalizada por parte del requirente, cumplimentando aquella hoja que la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) habrá de adoptar en virtud de esta Ley, y que será identificada o intitulada como: Mandamus en torno a denegatoria de divulgación de información pública. Con su petición de auto de Mandamus, la parte requirente de la información deberá anejar copia de la solicitud que presentó ante la estructura gubernamental y copia de la notificación de denegatoria emitida por la entidad.  

El o la Secretario o Secretaria del Tribunal de Primera Instancia en que se haya presentado el recurso de Mandamus, emitirá una notificación a la estructura gubernamental que haya expedido una comunicación de denegatoria, para que (bajo el esquema de presunción dispuesto en esta Ley) esta comparezca por escrito. La estructura gubernamental notificada con un recurso de Mandamus bajo esta Ley, vendrá obligada a comparecer por medio de su escrito, en el término improrrogable de catorce (14), días contados a partir de la fecha de la notificación emitida a tales efectos por el o la Secretario o Secretaria del Tribunal de Primera Instancia. Por medio de su escrito, la estructura gubernamental deberá mostrar causa por la cual no deba asumirse la presunción en torno al carácter público de la información solicitada y por la cual  no deba concederse el remedio solicitado.  

En el término de veinte (20) días contados desde la fecha en que la estructura pública haya comparecido por escrito, el Tribunal de Primera Instancia resolverá por escrito la controversia, mediante resolución fundamentada en derecho. 

Ante la incomparecencia de la entidad dentro del término de veinte (20) días previsto para la presentación de su escrito, el recurso de Mandamus será concedido a favor de la parte peticionaria. 

Artículo 7.- Procesos de revisión en alzada

Cualquiera de las partes que se considere perjudicada por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el término jurisdiccional de diez (10) días, computados a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 

La parte que se considere perjudicada por la sentencia que emita el Tribunal de Apelaciones, podrá acudir mediante auto de Certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el término jurisdiccional de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la sentencia o resolución del Tribunal de Apelaciones.

Artículo 8. - Cláusula de Interpretación 

Esta Ley deberá interpretarse en la forma más liberal y beneficiosa para la persona solicitante de información. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Ley y la de cualquier otra legislación, prevalecerá aquella que resulte más favorable para la persona solicitante de información. 

Artículo 9. - Reserva de otras acciones 

El ejercicio de las acciones que este Ley autoriza, no es excluyente ni exclusivo, en relación con cualquier otra acción de naturaleza civil o criminal que sea aplicable al acceso a información pública. Ninguna de las disposiciones en esta Ley, deberá interpretarse como limitativo o como impedimento para con el ejercicio de toda y cualquier otra acción que el ordenamiento jurídico permita, para el logro de acceso a información pública. 

Artículo 10. - Cláusula de separabilidad 

Si cualquiera de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad, no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposición des que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

Artículo 11. - Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.