Más de 3,000 cuerdas de la Autoridad de Tierras están siendo usadas por multinacionales norteamericanas para la producción de semillas y experimentación con ellas sobre su resistencia a enfermedades y al uso de diversos químicos utilizados o como abono o como yerbicidas; otras 3,500 cuerdas han sido adquiridas de o arrendadas a propietarios del sector privado por esas empresas con el mismo propósito. El Departamento de Agricultura nunca ha realizado un estudio de costo beneficio social que indique si el rendimiento económico y social de la utilización de estas empresas de terrenos – con uso agrícola alterno en la producción de alimentos – es mayor que el obtenible con destinar esos terrenos a la producción de alimentos para el mercado local y exportación de excedentes.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

 

18 va Asamblea 1 ra Sesión

 Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 441

24 de abril de  2017

Presentado por el señor Dalmau Ramírez 

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Agricultura

 

LEY

 

Para enmendar el Artículo 60, de la Ley 26-1941, según enmendada, conocida como “ley de 500 acres”, y para ordenar otras acciones al Poder Ejecutivo conforme con la enmienda contemplada.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

 Más de 3,000 cuerdas de la Autoridad de Tierras están siendo usadas por multinacionales norteamericanas para la producción de semillas y experimentación con ellas sobre su resistencia a enfermedades y al uso de diversos químicos utilizados o como abono o como yerbicidas; otras 3,500 cuerdas han sido adquiridas de o arrendadas a propietarios del sector privado por esas empresas con el mismo propósito. El Departamento de Agricultura nunca ha realizado un estudio de costo beneficio social que indique si el rendimiento económico y social de la utilización de estas empresas de terrenos - con uso agrícola alterno en la producción de alimentos - es mayor que el obtenible con destinar esos terrenos a la producción de alimentos para el mercado local y exportación de excedentes. 

 Estas empresas reciben simultáneamente trato preferencial contributivo y reglamentario considerándoseles agricultor bona-fide para efectos de los beneficios y subsidios agrícolas y empresas de innovación tecnológica para propósito de que no les aplique la disposición constitucional que prohíbe a las corporaciones utilizar más de 500 cuerdas de terreno. Como consecuencia de estos atributos se les exime de contribuciones municipales, cualifican para decretos de exención contributiva bajo la Ley 73-2008 y pueden recibir subsidios del Departamento de Agricultura.

 La Constitución de Puerto Rico establece  en su Artículo VI, Sección 14 lo siguiente:

 “.. y el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados, por su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole.”

 Esta disposición debe interpretarse como que ninguna corporación privada organizada para la explotación agrícola puede ser propietaria, usuaria, usufructuaria, arrendataria, administradora o poseedora de más de quinientos acres. Y que esa prohibición se extiende a sus accionistas, funcionarios ejecutivos y subsidiarias o empresa matriz. 

 La opinión del Secretario de Justicia Número 70 del 1956 interpreta que una corporación no agrícola no está sujeta a la limitación de los 500 acres. [Bajo esta interpretación una corporación dedicada al desarrollo de inmuebles para propósitos no agrícolas – como la construcción de viviendas, centros comerciales, áreas recreativas, parques industriales pueden disponer de más de 500 acres y su única limitación sería lo que disponga el Plan de Uso de Terrenos y la reglamentación de control de calidad ambiental]. 

 Bajo esa interpretación,  el Secretario de Justicia en funciones en el 2012, emitió una opinión ante la Consulta 12-314-A, que le fuera sometida por la Compañía de Fomento Industrial, disponiendo que las empresas de bio-tecnología agrícola no eran corporaciones agrícolas y podían disponer del uso de más de 500 acres. Fundamenta su opinión, primero,  en una nueva definición de la agricultura en que lo importante no es labrar la tierra para generar un producto sino que lo importante es que el producto sea mercadeable para consumo humano inmediato, y por lo tanto las empresas de bio-tecnología no serían agrícolas si experimentan con semillas;  y, en segundo lugar, en el supuesto no argumentado, de que la bio-tecnología agrícola necesita más de 500 acres para ser efectiva.

 Se equivocaba el  entonces Secretario de Justicia. La Real Academia de la Lengua Española define la agricultura como cultivo o labranza de la tierra y define labranza como tierra sembrada – en nada tiene que ver el destino final de lo que se siembra. La definición acomodaticia de la opinión del 2012 también olvida que los agricultores modernos están constantemente haciendo investigaciones para mejorar la productividad de la tierra y la calidad del producto. En otras palabras, esa opinión en la práctica es una invitación a la reconstitución de los latifundios en perjuicio de los agricultores locales y de la posibilidad de lograr un mayor grado de autosuficiencia alimentaria.

 Ante tal estado de cosas, donde nos encontramos con unas empresas que en plena crisis económica, reciben un trato contributivo y administrativo preferencial, que además pueden estar contribuyendo al deterioro de la salud pública y que además se les permite obviar la disposición constitucional que prohíbe el manejo y control de terrenos agrícolas en exceso de 500 acres. Con esta enmienda y las disposiciones complementarias corregimos el error de la opinión del Secretario de Justicia en la Consulta 12-314-A y colocamos al Secretario de Hacienda en posición de evaluar los privilegios contributivos otorgados a estas empresas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO  RICO:

 Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 60 de la Ley 26-1941, según enmendada,  para que lea como sigue:

 “Artículo 60.– Cuándo una persona jurídica se considera dedicada a la agricultura

 Se considerará que está dedicada a la agricultura en Puerto Rico toda persona jurídica que, directa o indirectamente, siembre, cultive o coseche o permita que se siembre, cultive o coseche, productos agrícolas en tierras de su pertenencia o que estén bajo su dominio, posesión o control, así como aquellos que dominen, posean o controlen o sean dueños de tierras que puedan ser dedicadas a la siembra, cultivo o cosecha de productos agrícolas o a cualquier operación, actividad o proceso relacionado con la agricultura.

 Se considerará producto agrícola todo lo que se deriva del cultivo o labranza de la tierra incluyendo la crianza de animales, no importa si su destino inmediato es el ser consumido, almacenado, llevado al mercado, ser usado como materia prima en procesos manufactureros, ser usado en laboratorios o cualquier otro uso del que se pueda derivar un beneficio económico aunque no sea inmediato.” 

 Artículo 2.– A tenor con los dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 26-1941, según enmendada, toda persona jurídica dedicada a la bio-tecnología, que se dedique al cultivo y labranza de la tierra como parte de su actividad científica se considerará una corporación agrícola y estará sujeta a la aplicación del Artículo VI, Sección 14 de la Constitución de Puerto Rico y a cualquier legislación que la ejecute.

 Artículo 3.– Toda decisión administrativa, orden ejecutiva u opinión consultiva contraria a lo dispuesto en el Artículo 2 de esta Ley, queda por consiguiente, derogada.

 Artículo 4.– El Secretario de Agricultura ordenará al Director de la Autoridad de Tierras a que en treinta (30) días, a partir de la aprobación de esta Ley, entregue un informe detallado de que corporaciones o entidades consideradas personas jurídicas mantienen contratos con la agencia que les permite manejar, administrar, controlar o utilizar, más de 500 acres, para tomar las medidas que correspondan para que esas entidades entreguen a la agencia de manera ordenada los acres que tienen en exceso.

 Artículo 5.– El Secretario de Agricultura tendrá noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Ley para rendir un estudio sobre los beneficios y costos de las actividades de las empresas dedicadas a la bio-tecnología que incluya los beneficios y costos alternos de utilizar los terrenos que estas empresas utilizan en actividades agrícolas que aumenten la autosuficiencia alimentaria y las exportaciones de excedentes.

 Artículo 6.– El Secretario de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales deberán colaborar con el Departamento de Agricultura en la tarea asignada a éste en el Artículo 5 de esta Ley para poder determinar la efectividad de los incentivos contributivos otorgados a estas empresas y lo dejado de recaudar en contribuciones aplicables por el gobierno central y los municipios.  

Artículo 7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.