Artículo 1. – Se crea la “Comisión Especial de la Comunidad Universitaria para Auditar la deuda de la Universidad de Puerto Rico (UPR)”, con total autonomía e independencia jurídica y legal. 

Artículo 2. – Esta Comisión Especial estará compuesta por:

• Un (1) representante del sector estudiantil, elegido entre ellos. 

• Un (1) representante de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU). 

• Un (1) representante de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).  

• Un (1) representante de la Administración Universitaria designado por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

• Un (1) representante de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. 

Una vez constituida la Comisión Especial, los miembros escogerán al Presidente de la Comisión, el cual convocará y presidirá las reuniones y será el portavoz y representante de la Comisión.

Artículo 3. – La Comisión está autorizada para auditar y transparentar todos los procesos de endeudamiento de la Universidad de Puerto Rico, y tendrá jurisdicción original para entender, conocer y realizar, motu proprio o a instancia de parte interesada, investigaciones sobre cualquier asunto o controversia relacionada a dichos procesos de endeudamiento.

Artículo 4. – Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones, deberes y obligaciones:

(a) Expedir los reglamentos internos que considere pertinentes para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos;

(b) Designar y contratar al personal de planta, que será el mínimo imprescindible para cumplir las funciones y los objetivos de la Comisión;

(c) Conocer los informes relacionados con los procesos de investigación, auditoría y otros estudios que han sido encomendados a las comisiones y unidades técnicas, a través de la Coordinación Ejecutiva;

(d) Aprobar el presupuesto y planes operativos de la Comisión a base de los preparados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  La Asamblea Legislativa proveerá a la Comisión fondos suficientes para su funcionamiento;

(e) Solicitar a la Universidad de Puerto Rico el apoyo técnico y, cuando sea el caso, la transferencia, en comisión de servicio, del personal técnico que requiera para programas concretos, señalando el tiempo que durará dicha comisión de servicios;

(f) Acceder a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

(g) Presentar periódicamente a la Asamblea Legislativa, informes en los que consten los avances logrados, con las recomendaciones y sugerencias que considere pertinentes, y un informe final con conclusiones.  Así como un informe final en un periodo que no excederá de 12 meses después de aprobada esta Ley;

(h) Cualquier otra función adicional que necesite para cumplir con el mandato de esta Ley.

Artículo 5. – Todas las entidades y todos los funcionarios, o exfuncionarios, del sector público están en la obligación de proporcionar la información que solicite la Comisión, mediante citación o bajo apercibimiento de ley, en los mismos términos y con las mismas sanciones que las establecidas en la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952. En caso de rebeldía o negativa a obedecer una citación expedida por la Comisión, cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dentro de cuya jurisdicción se encuentre, resida, tenga negocios o desempeñe sus funciones la persona que se negare a comparecer, deberá expedir contra dicha persona, a solicitud de la Comisión, una orden requiriéndole a comparecer ante la Comisión para presentar evidencia, si así se ordenare, o para declarar sobre el asunto bajo investigación.  Dicha persona incurrirá en desacato si desobedeciere la orden del tribunal.

Artículo 6. – La Comisión estará facultada para requerir, y recibir, información de naturaleza confidencial. Sólo tendrá la obligación de mantener confidencial aquella información protegida como tal por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por las normas jurídicas aplicables del gobierno federal de los Estados Unidos de América. Ninguna disposición de esta Ley deberá interpretarse como otorgando a la Comisión potestad especial para ocultar información a la ciudadanía general bajo el palio de la confidencialidad, por lo que debe ser interpretada restrictivamente a favor del derecho del Pueblo a mantenerse informado.

Artículo 7. – Clausula de Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, disposición o parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, disposición o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Artículo 8. – Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.