Para enmendar el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, conocido como el “Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, con el fin de aclarar la jurisdicción de la Comisión sobre apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones al amparo de la Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18va Asamblea1ra Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 331

14 de febrero de 2017

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a  la Comisión de Gobierno

 

LEY

 

Para enmendar el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, conocido como el “Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, con el fin de aclarar la jurisdicción de la Comisión sobre apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones al amparo de la Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) se creó en virtud del Plan de Reorganización Núm. 2, aprobado el 26 de julio de 2010, al fusionar la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP).  La CASP actúa como un organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito, atendiendo casos de asuntos laborales, de querellas y de administración de recursos humanos, tanto para los empleados que negocian sus condiciones de trabajo al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45-1998, como para los empleados públicos cubiertos anteriormente por la Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  La CASP también atiende casos al amparo de la Carta de Derechos de los Empleados de una Organización Laboral, Ley Núm. 333-2004.

La recién aprobada Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” derogó expresamente la Ley Núm. 184-2004.  Sin embargo, no dispuso nada respecto a la jurisdicción de la CASP para atender reclamaciones instadas por empleados públicos cubiertos anteriormente por la ley derogada, afectando de esta forma el derecho propietario a su empleo y el cumplimiento con el debido proceso de ley. 

En vista de lo anterior, es necesario que esta Asamblea Legislativa  aclare el alcance de la jurisdicción de la CASP para atender reclamaciones presentadas por empleados público afectados por acciones o decisiones tomadas al amparo de la Ley Núm. 8-2017. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, para que lea de la manera siguiente:

“Artículo 12. – Jurisdicción Apelativa de la Comisión.

La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores Individuales y los municipios en los casos y por las personas que se enumeran a continuación:

a) cuando un empleado, dentro del Sistema de Administración de los Recursos Humanos, no cubierto por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público”, alegue que una acción o decisión le afecta o viola cualquier derecho que se le conceda en virtud de las disposiciones de la [Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada] Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”, los reglamentos que se aprueben para instrumentar dichas leyes, o de los reglamentos adoptados por los Administradores Individuales para dar cumplimiento a la legislación y normativa aplicable;

b) cuando un ciudadano alegue que una acción o decisión le afecta su derecho a competir o ingresar en el Sistema de Administración de los Recursos Humanos, de conformidad al principio de mérito;

c) cuando un empleado irregular alegue que la autoridad nominadora se ha negado injustificadamente a realizar su conversión a empleado regular de carrera, según dispone la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Empleados Irregulares”;

d) cuando un Administrador Individual alegue que una acción,

omisión o decisión de la Oficina es contraria a las disposiciones generales de la [Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada] Ley Núm. 8-2017, en las áreas esenciales al principio de mérito y de movilidad; 

e) la Comisión tendrá jurisdicción sobre el personal docente y clasificado del Departamento de Educación y el personal civil de la Policía de Puerto Rico, que no estén sindicados bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada;

f) la Comisión podrá tener jurisdicción apelativa voluntaria sobre los empleados no organizados sindicalmente de aquellas agencias excluidas de la aplicación de la [Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada] Ley Núm. 8-2017, y las corporaciones públicas que operen como negocio privado que se sometan voluntariamente al proceso apelativo y adjudicativo de la Comisión. El procedimiento y costo para que puedan acogerse a esta jurisdicción se establecerá, mediante reglamento;

g) cualquier asunto proveniente u originado de la administración de los recursos humanos no cubierto en otras leyes o convenios colectivos. 

Sección 2. - Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.