GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va Asamblea 1ra Sesión

 Legislativa  Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 329

14 de febrero de 2017

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a 

LEY

Para enmendar el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, conocido como el “Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, con el fin de establecer términos para la adjudicación de controversias pendientes ante la agencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) se creó en virtud del Plan de Reorganización Núm. 2, aprobado el 26 de julio de 2010, al fusionar la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP).  La CASP actúa como un organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito, atendiendo casos de asuntos laborales, de querellas y de administración de recursos humanos, tanto para los empleados que negocian sus condiciones de trabajo al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley Num. 45-1998, como para los empleados públicos cubiertos por la recién aprobada Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 8-2017.  La CASP también atiende casos al amparo de la Carta de Derechos de los Empleados de una Organización Laboral, Ley Núm. 333-2004.

La CASP constituye el foro apelativo al que debe recurrir gran parte de los empleados públicos que desean revisar dictámenes adversos relacionados con sus condiciones de empleo.  Actualmente, la ley no establece ningún término específico dentro del cual el foro adjudicador deba resolver las controversias ante su consideración.  Esto ha permitido que los procedimientos ante la CASP puedan tomar muchos meses o hasta años en resolverse, afectando el derecho de los trabajadores a que sus reclamaciones sean atentidas de forma diligente, así como el derecho del Pueblo a que los recursos limitados del Estado sean utilizados de manera adecuada.  Con la aprobación de la Ley Núm. 8-2017, que convirtió al Gobierno de Puerto Rico en Empleador Único, es previsible que surjan interrogantes legítimas que aumenten el número de reclamaciones instadas ante la CASP.  

En virtud de lo anterior, es necesario que esta Asamblea Legislativa establezca términos razonables dentro de los cuales la CASP resuelva las controversias ante sí, de manera que una parte adversamente afectada no quede sujeta indefinidadmente a esta incertidumbre procesal, con la posible consecuencia de tornar académico su reclamo o de que pierda esperanzas en la reparación de cualquier agravio.  Asimismo, evitamos  que el erario tenga que incurrir en gastos adicionales para reparar un daño exacerbado únicamente por el mero transcurso del tiempo.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: