GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va Asamblea7ma Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

                          P. del S. 1631

 

11 de junio de 2020

 

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a la Comisión de

 

LEY

 

Para establecer la “Ley de libre acceso al Internet; reconocer y declarar el acceso público al Internet de Banda Ancha como un servicio esencial y un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al trabajo; ordenar a PREPA Networks desarrollar e implementar un modelo público de provisión de acceso al Internet de Banda Ancha que se haga disponible, libre de costo, al pueblo en general; derogar la Ley Núm. 80 de 6 de agosto de 2017, denominada “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”; y para decretar otras disposiciones complementarias.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia desarrollada por la propagación del Coronavirus (COVID-19), así como las restricciones al tráfico humano impuestas por el consiguiente toque de queda implementado por el Gobierno de Puerto Rico abrieron nuestros ojos a una realidad previamente reconocida por la comunidad internacional: El deber estatal de garantizar el libre acceso al Internet se encuentra inextricablemente ligado al ejercicio pleno de los derechos humanos en el siglo XXI. 

El 16 de mayo de 2011 la oficina del Relator especial para la promoción y protección de los derechos a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó un informe en el que sostuvo que el Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la consecución de un vasto rango de derechos humanos, combatir la desigualdad y acelerar el desarrollo y progreso de la humanidad; por lo cual, asegurar el acceso universal al Internet debe convertirse en una prioridad para todos los regímenes del planeta. Destaca el informe que el derecho de acceder el Internet tiene dos dimensiones fundamentales: el deber gubernamental de permitir que la población acceda libremente el contenido publicado en línea y la responsabilidad de implementar políticas para viabilizar el desarrollo y disponibilidad de la infraestructura informática necesaria. Consecuentemente, el derecho de acceder el Internet impone a los estados tanto la obligación negativa de no interferir con la libertad individual de acceder contenido cibernético, como el deber positivo de velar porque el pueblo tenga disponible la tecnología necesaria para acceder ese contenido virtual. 

A la luz de lo presentado en ese informe, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Resolución A/HRC/20/L.13 en el 2012. Esta pieza exhorta a los Estados a promover y facilitar el acceso al Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países. Subsiguientemente, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución A/RES/71/212 el 21 de diciembre de 2016. Este último documento reclama a la comunidad internacional tomar medidas encaminadas a cerrar las grandes brechas digitales existentes –cada vez mayores– entre los países desarrollados y en desarrollo y dentro de esos países, ya que el 30 por ciento de la población de los países en desarrollo tiene acceso a conectividad de banda ancha móvil, mientras que en los países desarrollados lo tiene el 85 por ciento de la población. De la misma forma, la Asamblea General de la ONU subraya la necesidad de subsanar las brechas digitales relacionadas con el género, pues el 41 por ciento de las mujeres se conectan a Internet frente al 46 por ciento de los hombres. Con este fin, recalca la necesidad de que los gobiernos aseguren la plena participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

La ONU observa también que la economía digital es vector clave del desarrollo de la economía mundial, con los consiguientes beneficios para el empleo y el bienestar social, y que la conectividad guarda relación con el aumento del producto interno bruto. Por esto reconoce la importancia fundamental de ampliar la participación los países en desarrollo en la economía digital. Y, finalmente, la Organización reafirma que todos los derechos de las personas también deben considerarse protegidos en Internet, según reconocidos y convenidos en los tratados y otros instrumentos internacionales, pues esto requieren los avances en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales para lograr la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los programas de estudios escolares, el libre acceso a los datos, la creación de sistemas jurídicos y reglamentarios transparentes, previsibles, independientes y no discriminatorios y el pago proporcional de impuestos, entre otros elementos deseables en una sociedad equitativa.

La experiencia del reciente del toque de queda, mediante el cual se instó a la población de Puerto Rico a observar normas estrictas de distanciamiento social y a permanecer recluida en los hogares durante más de dos meses, salvo en contadas excepciones, supuso el desarrollo improvisado de nuevos modelos de producción económica a distancia, así como la ejecución remota de los procesos educativos públicos y privados en todos los niveles. En efecto, al presente el Departamento de Educación de Puerto Rico ausculta la posibilidad de implementar metodologías educativas en línea (que dependen del acceso a Internet de banda ancha) para concretar una reanudación de clases segura en el semestre que dará inicio en agosto de 2020. No obstante, según datos publicados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, los estimados indican que en nuestro Archipiélago sólo cerca de cincuenta y cuatro (54) por ciento de los hogares cuentan con acceso al Internet. Los datos publicados no permiten precisar qué porcentaje, dentro de ese cincuenta y cuatro (54) por ciento tienen acceso a Internet de Banda Ancha. 

A su vez hemos visto cómo, en la medida en que el mercado de ideas y el debate político se ha trasladado a foros cibernéticos, los derechos de libertad de expresión, de acceso a la información y de libertad de asociación de quienes pueden acceder el internet han resultado potenciados, mientras que los derechos de quienes no logran acceso han quedado colateralmente menoscabados en comparación. En reconocimiento de esta realidad, el Dr. Merten Reglitz, professor de Ética Global en la Universidad de Birmingham, como parte de un estudio publicado en el Journal of Applied Philosophy, ha afirmado que “el acceso al Internet no es un lujo, sino un derecho humano moral”. 

El contexto que vivimos pone de manifiesto que el acceso al Internet de Banda Ancha es un servicio esencial que necesita hacerse disponible a toda la población mediante la configuración de un modelo de opción pública de acceso a las líneas de comunicación cibernética que resulte asequible al pueblo en general. Por todo lo antes expuesto, se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer, mediante este estatuto, el derecho de acceder el Internet como un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al trabajo. Y afirmamos, a través de este reconocimiento, su potencial inherente para mediar como herramienta clave en la protección de estos y otros derechos fundamentales, así como para la generación de vidas socialmente integradas. 

Para viabilizar el disfrute de estos derechos y la creación del modelo de provisión pública y asequible de acceso al Internet que promovemos, es necesario derogar la Ley Núm. 80 de 6 de agosto de 2017, denominada “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”, de forma que, al revertirse el estado de derecho, las entidades gubernamentales correspondientes ostenten nuevamente las prerrogativas necesarias para insertarse en el mercado informático. Así, el Gobierno de Puerto Rico renueva su compromiso de adelantar los derechos humanos bajo un esquema de factura ancha para quienes interesan ejercerlos en la Era Digital.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título

Esta Ley, promulgada con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales en la Era Digital, se denomina “Ley de libre acceso al Internet”.

Artículo 2.- Declaración de derechos

El Gobierno de Puerto Rico, en el ejercicio de su poder de razón de Estado, expresamente reconoce y declara que el acceso público al Internet de Banda Ancha es un servicio esencial de alto interés público y un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al trabajo.

Artículo 3.- Opción pública

Se le ordena a PREPA Networks, en colaboración con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, desarrollar e implementar, dentro de un término de un (1) año contado a partir de la fecha de aprobación de esta Ley, un modelo público de provisión de acceso al Internet de Banda Ancha que se haga disponible, libre de costo, al pueblo en general.

Artículo 3.- Reglamentación

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico adoptará la reglamentación necesaria para hacer cumplir las disposiciones y propósitos de esta Ley.

Artículo 4.- Cláusula derogatoria

Queda derogada la Ley Núm. 80 de 6 de agosto de 2017, denominada “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”.

Artículo 5.- Supremacía

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley, reglamento o norma que no estuviere en armonía con ellas.

Artículo 6.- Cláusula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

Artículo 7.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.