GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18 va Asamblea6ta Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1347

 

23 de agosto de 2019

 

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a la Comisión de

 

LEY

 

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 85–2017, denominada “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de extender protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima lacerada por actos de “bullying” cometidos por niños que también se encuentren registrados en el Programa de Educación Especial, de manera que se garantice la dignidad de todas las partes; y para decretar otras disposiciones complementarias.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De nuestro ordenamiento constitucional se desprenden dos principios rectores esenciales para un desarrollo humano pleno. La sección 1 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico dictamina que la “[l]a dignidad del ser humano es inviolable”. Mientras que la sección 5 del mismo artículo reconoce que “[t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. En atención a estos derechos humanos fundamentales incorporados al andamiaje jurídico puertorriqueño la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 85–2017, denominada “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, también conocida como “Ley Alexander Santiago Martínez”. 

Ese estatuto dirigido a proteger al estudiantado de actos de hostigamiento, intimidación y agresión física, verbal y emocional, exige la adopción de protocolos de detección y atención a este fenómeno, tanto en escuelas públicas como privadas. En él   expuso la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que es responsabilidad del Estado velar porque nuestros estudiantes tengan un ambiente apropiado, pleno y saludable en el plantel escolar. De manera que, a la hora de desarrollar y estructurar su preparación académica, puedan gozar de unas herramientas de aprendizaje de primera línea sin que se vea menoscabado su aprovechamiento académico por actos de terceros o suyos propios. 

No obstante los propósitos loables reflejados en la intención y texto de la “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, en el entorno escolar surgen de tiempo en tiempo circunstancias excepcionales que permanecieron desatendidas por ella y que ahora atendemos con esta pieza legislativa. El Artículo 9 de la Ley Núm. 85–2017 determina que, en aras de que sean atendidos desde una óptica terapéutica, los casos de “bullying” en que resulten denunciados  estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación se regirán por los procedimientos disciplinarios contenidos en el “Manual de Procedimiento de Educación Especial”. Sin embargo, la Ley Núm. 85–2017 y el “Manual de Procedimiento de Educación Especial” no contemplan cómo debe procederse cuando tanto la víctima como el niño denunciado se encuentren registrados en el referido Programa de Educación Especial, particularmente para proteger a la víctima de futuros actos constitutivos de hostigamiento, intimidación, agresión o “bullying”.

En atención a esas circunstancias especiales no previstas por el estatuto original aprobamos esta ley, con el motivo de extender protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima lacerada por otros niños registrados en el Programa de Educación Especial y salvaguardar un balance de intereses entre los derechos de unos y otros que garantice la dignidad de todas las partes.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 85–2017, denominada “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

Artículo 9.- En los casos en que estén involucrados estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, las instituciones educativas se regirán por los procedimientos disciplinarios contenidos en el “Manual de Procedimiento de Educación Especial”. El Protocolo establecerá que, de manera administrativa, los incidentes de “bullying” sean sometidos a evaluación según los requisitos establecidos en el mismo, para que se provean los servicios terapéuticos necesarios que redunden en un proceso de enmendar estas conductas que llevan a cometer “bullying”. El procedimiento administrativo no impedirá que las partes puedan recurrir, de forma independiente, a la Policía de Puerto Rico a hacer una querella sobre los incidentes.

Cuando el menor querellante o denunciante de actos constitutivos de hostigamiento, intimidación, agresión o “bullying” sea, al igual que el menor querellado o denunciado, un estudiante registrados en el Programa de Educación Especial la escuela tomará de inmediato aquellas medidas que resulten necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional del menor querellante o denunciante, en la manera menos onerosa para él o ella, mientras culmina el procedimiento requerido por el párrafo anterior. Disponiéndose que, una vez apercibida de la situación, la institución académica podrá responder objetivamente por el daño sufrido a consecuencia de actos ulteriores de hostigamiento, intimidación, agresión o “bullying” si no toma las diligencias necesarias para proteger a la víctima.

Sección 2.- Cláusula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

Sección 3.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá efectos retroactivos.