Para enmendar el Artículo 12.001 de la Ley Número 78- 2011, según enmendada, conocida como “Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y el Artículo 19 de la Ley 103-2006, conocida como “Ley de Reforma Fiscal”,  a los fines de prohibir al gobierno y a las instrumentalidades públicas que incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes; establecer penalidades; y otros fines.

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

18 va Asamblea  1 ra Sesión 

  Legislativa   Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 127 

2 de enero de 2017 

Presentado por el señor Dalmau Ramírez  

 

Referido a la Comisión de Gobierno 

 LEY 

 

Para enmendar el Artículo 12.001 de la Ley Número 78- 2011, según enmendada, conocida como “Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y el Artículo 19 de la Ley 

103-2006, conocida como “Ley de Reforma Fiscal”,  a los fines de prohibir al gobierno y a las instrumentalidades públicas que incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes; establecer penalidades; y otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los gastos de difusión pública por parte del Gobierno están regulados por la Ley 103-2006, conocida como “Ley de Reforma Fiscal”. Dicho estatuto contiene una prohibición en cuanto a la erogación de fondos públicos cuyo fin sea promocionar o dar publicidad a la gestión de las agencias,  con la salvedad de que tal publicidad encamine un fin público. La definición contenida en la Ley sobre lo que constituye un fin público es tan amplia y ambigua que hace prácticamente inoperante la prohibición dispuesta en la misma. Esta situación ha provocado que por años, el Gobierno destine sumas exorbitantes a gastos de publicidad. Según las partidas de presupuesto de los últimos años, los gastos en publicidad de las agencias de gobierno superan los 300 millones de dólares cada año. A pesar de la magnitud del gasto, no hay un ente fiscalizador que pueda auditar el contenido de tal publicidad.  

La ineficacia de la “Ley de Reforma Fiscal”  queda subsanada, cada año electoral, cuando se activa la disposición del Artículo 12.001 de la Ley 78 - 2011, según enmendada, conocida como “Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” que convierte a la Comisión Estatal de 2 

Elecciones en responsable de determinar si responde a un fin público lo que las agencias, rama legislativa, rama judicial, municipios e instrumentalidades pretenden promocionar.  

Es incuestionable que lo que constituye un uso indebido de fondos públicos en año electoral, no se convierte en aceptable por un mero asunto de calendario. Por ello, es de vital importancia extender el efecto de las disposiciones del Artículo 12.001 de la Ley Número 78 del 1 de junio de 2011, según enmendada, conocida como “Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para restringir la publicación de anuncios a aquellas instancias que se mencionan en la Ley como permisibles y convertir dicho artículo en el único criterio legal a la hora de contemplar la difusión de publicidad por parte del Gobierno. Para ello se enmienda el artículo 19 de la Ley 103-2006, conocida como “Ley de Reforma Fiscal”, con el propósito de que la discreción sobre lo que constituye un fin público para propósitos de publicidad, recaiga en la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones al aprobar u objetar los anuncios propuestos por las agencias.  

Por otra parte, la penalidad dispuesta en el Artículo 12.001, supra, actualmente le es de aplicación a la agencia, municipio o instrumentalidad que violente tal estatuto. Tal disposición permite que los verdaderos responsables de la infracción gocen de impunidad. Para lograr consecuencias que realmente constituyan un disuasivo,  mediante esta ley, la penalidad le será de aplicación a la persona que violente la prohibición o que actúe en contravención de la determinación de la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones.   

En tiempos de estrechez fiscal, resulta necesario que los gastos de publicidad cuyo único fin real es realzar la imagen de la administración sean reducidos dramáticamente para que finalmente se utilicen fondos públicos en lo necesario e indispensable.      

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

  • Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 12.001 de la Ley 78-2011, según enmendada para que 

  • lea como sigue: 

  • “Artículo 12.001-  Gastos de Difusión Pública del Gobierno de Puerto Rico 

  • [Durante el año en que se celebre una elección general y hasta el día siguiente a la fecha 5 de la celebración de la misma,] [s]Se prohíbe a las agencias del Gobierno, la Asamblea 

6 Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico incurrir en gastos para la compra de tiempo y 

3 

espacio en los medios de comunicación y así como para compra y distribución de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes.  Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley; las campañas de la Compañía de Turismo para promoción del turismo interno siempre que no incluyan relaciones de logros de la administración o la corporación ni se destaque la figura de ningún funcionario; así como cualquier notificación o convocatoria para procesos de vistas públicas legislativas o administrativas que se publique y circule sin usar los medios de difusión masiva. Además, se excluyen las notificaciones o convocatorias para procesos de vistas públicas legislativas o administrativas que se publique y circule sin usar los medios de comunicación. 

 Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión. 

En el caso de los anuncios o avisos que son requeridos por ley, a las agencias de gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico, así como los municipios, la Comisión tendrá un término de dos (2) días laborables para expresar por escrito su aprobación o reparo al mensaje, aviso o anuncio para el cual se solicitó la autorización. El término antes mencionado se contará a partir del momento de la solicitud de autorización a la Comisión, y en caso de que el mismo expire sin que la Comisión haya expresado su aprobación o reparo, se dará por autorizado el mensaje, aviso o anuncio en cuestión[; y no será necesaria la emisión de documentos de aprobación por parte de la Junta].   

Las disposiciones de este artículo no serán de aplicación al cargo de Comisionado Residente, las que se regirán por lo estatuido en la Ley Federal de Elecciones 2 U.S.C. § 

441(a) (1)(A) et seq.  

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La violación de este artículo conllevará a [la agencia o dependencia gubernamental] la autoridad nominadora de la agencia, según definida en esta Ley, que autorice la difusión publicitaria una multa administrativa de hasta diez mil dólares ($10,000) [por la primera infracción y hasta veinticinco mil dólares ($25,000) por infracciones subsiguientes]. Los fondos que se obtengan bajo este concepto, pasarán a formar parte del Fondo Especial para el Financiamiento de los Gastos de Automatización de los Procesos Electorales, según se dispone en el Artículo 3.001 de esta Ley.  

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 19 de  la de la Ley 103 - 2006, según enmendada para que lea como sigue:  

“Artículo 19.-Gastos de Difusión Pública del Gobierno  

[Se prohíbe a la Rama Ejecutiva y a sus agencias, incurrir en gastos para compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de lo anterior, aquellos avisos y anuncios expresamente requeridos y/o autorizados por ley. Se prohíbe a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes.  Se exceptúan de lo anterior los costos relacionados con el establecimiento y mantenimiento de las páginas de Internet usualmente establecidas por agencias, tribunales y legislaturas con información sobre la composición y el funcionamiento de sus estructuras y la información sobre servicios, casos o legislación, según aplique, así como cualquier otro modo de información sobre procesos y actividades legislativas e información de interés público. Se exceptúa, además, la compra de tiempo y espacio para la divulgación de calendarios legislativos que no identifique el nombre de ningún funcionario electivo en particular, al igual que la publicación por vía de esquelas o el pago de segmentos adicionales durante la comparecencia del Gobernador ante las Cámaras Legislativas. 

Asimismo, se exceptúan aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de urgencia, emergencia, salud o de interés público.  Para fines de este Artículo, información de interés público es aquella información que: 

  • Redunda en beneficio de la salud, seguridad, moral y en el bienestar general de todos los ciudadanos; 

  • está destinada a una actividad de carácter pública o semipública; 

  • promueve los intereses y objetivos de la entidad gubernamental, en consonancia con sus deberes y funciones o la política pública establecida; 

  • promueve programas, servicios, oportunidades y derechos,  o  adelanta  causas  sociales,  cívicas, culturales, económicas o deportivas, o 

  • promueve el establecimiento, modificación o cambio de una política gubernamental.] 

Los gastos de publicidad en los que incurra el Gobierno se regirán por lo dispuesto en el 

Artículo 12.001 de la Ley Número 78-2011, según enmendada, conocida como “Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.    

En aquellos casos en que cualquiera de las ramas de gobierno o sus instrumentalidades determinen pautar anuncios de televisión de conformidad con los términos establecidos en esta ley, deberán invertir al menos cinco (5) por ciento de las partidas asignadas a estos fines contratando los servicios de las estaciones televisivas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.  Se exceptúa de lo dispuesto en este párrafo los anuncios de televisión 

3 

1 pautados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial y 2 el Departamento de Hacienda.   

  • En ninguna circunstancia será permitido utilizar fondos públicos con el único objetivo de 

  • adelantar un fin individual o partidista.” 

  • Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.