GOBIERNO DE PUERTO RICO

 

18va. Asamblea5ta. Sesión

Legislativa  Ordinaria

 

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1227

 

18 de marzo de 2019

Presentado por el señor Dalmau Ramírez

Referido a la Comisión de Gobierno 

 

LEY

Para enmendar la Ley Núm. 18-1975, también conocida como “Ley de Registro de Contratos”, a los fines de que todo contratista que formalice un acuerdo con el gobierno, agencias, corporaciones públicas, municipios y demás entidades públicas, inscriba y presente copia de los subcontratos que se deriven de sus obligaciones originales en la Oficina del Contralor.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El conflicto de intereses y la corrupción florecen en la opacidad y el secreto, comentó el ex juez y profesor Antonio S. Negrón García. A esos efectos el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso hace un cuarto de siglo que: “Influencia indebida es algo que no puede verse, oírse ni sentirse; más bien es conducta sutil e intangible. Por su naturaleza y dinámica, versa sobre hechos difíciles de demostrar judicialmente mediante prueba directa. Ciertamente es inimaginable que sea objeto de estipulación escrita o expresa en un contrato”.1

El Código Anticorrupción (Ley 2–2018), invocando la consigna de “cero tolerancia”, reconoce como delito grave el mal uso de fondos públicos y, como acto corrupto frecuente, el ejercicio indebido del poder público para obtener una ventaja ilegítima generalmente de “forma secreta y privada”. Entre otras conductas, prohíbe usar ilícitamente información privilegiada, el nepotismo, el tráfico de influencias, los sobornos y el “quid pro quo”. Sin embargo, no es secreto que en el pasado los tribunales han atendido casos en los que se ha descubierto la práctica, entre algunos empresarios, de crear corporaciones para obtener contratos gubernamentales como contraprestación por figurar como donantes del partido triunfante en las elecciones. Algunos contratos de naturaleza dudosa se han formalizado, incluso, en contra de la opinión legal y las recomendaciones del Departamento de Justicia y de la Oficina de Ética Gubernamental. Estos escándalos, han puesto “en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental” ante el país.2 La falta de transparencia y el potencial conflicto de intereses se hacen todavía más patentes cuando el servicio que procura el Estado se realiza a través de un subcontratista. 

En estricto derecho, un subcontrato nace cuando, habiéndose perfeccionado un contrato dirigido a la obtención de un resultado, se celebra otro de igual naturaleza y objeto con una tercera persona no vinculada con el negocio inicial. El fenómeno responde al volumen, especialidad y complejidades de muchas obras públicas. Como todo contrato gubernamental está revestido de gran interés público, un subcontrato no puede insertar una nueva relación entre partes privadas. La persona natural o jurídica subcontratada ejecutará realmente una obra de gobierno, no privada, con sujeción a las especificaciones en el contrato original y cobrará sus servicios de fondos públicos.

Sin embargo, previo a la aprobación de esta ley, los subcontratos no estaban sujetos al escrutinio público en la misma medida que los contratos originales. No existía legislación que lo requiriera. Se trataba de un serio déficit de transparencia, pues la contratación gubernamental es el ámbito de la gestión pública más vulnerable a la corrupción, conducta susceptible de extenderse a la subcontratación. Como mecanismo para subsanar esta deficiencia, la Asamblea Legislativa determina enmendar la Ley 18-1975 a los fines de requerir que todo contratista original del gobierno, agencias, corporaciones públicas, municipios y demás entidades públicas, inscriba y presente copia de los subcontratos derivados de las obligaciones contraídas con el Gobierno en la Oficina del Contralor.

Esta medida mejorará la fiscalización de posibles conflictos de intereses (visibles o difusos), a tono con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce amplios poderes investigativos al Contralor (adscrito al poder legislativo), permitiéndole requerir información de entidades privadas. La enmienda propuesta provee otro valioso instrumento para proteger los fondos públicos en el intrincado andamiaje gubernamental de contratación. En el contexto de las serias limitaciones presupuestarias y la grave crisis económica actual, la corrupción presenta su rostro más dañino y la transparencia sería el mejor antídoto. Por tanto, no subestimaremos el peligro que encierra la subcontratación de obras públicas mediante subterfugios propios de economías subterráneas. Ni permitiremos que la subcontratación oculta subyugue al país, condenándolo al eterno subdesarrollo.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 18-1975, también conocida como “Ley de Registro de Contratos”, para que lea como sigue:

“(a) Las entidades gubernamentales y las entidades municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción alguna, mantendrán un registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda. Este período será extendido a treinta (30) días cuando el contrato se otorgue fuera de Puerto Rico. Cuando se otorguen escrituras sobre la adquisición o disposición de bienes raíces se le enviará también al Contralor, copia de todo escrito y documento relacionado con la negociación. Se extenderá el período de quince (15) o treinta (30) días, según aplique, por quince (15) días adicionales siempre que se demuestre causa justificada y así lo determine la Oficina del Contralor. Se entenderá que un contrato o una enmienda a un contrato es otorgado fuera de Puerto Rico cuando se otorgue por todos los comparecientes fuera de Puerto Rico o el último de éstos en firmar el documento lo haga fuera de Puerto Rico.

Toda persona natural o jurídica que otorgue un contrato con alguna entidad gubernamental y/o municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que, a su vez, celebre otro de igual naturaleza y objeto con una tercera persona no vinculada con el negocio inicial a modo de subcontrato, deberá inscribir y presentar copia del subcontrato en la Oficina del Contralor y de la agencia pertinente dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del subcontrato. Disponiéndose que todo subcontrato otorgado según lo aquí establecido, deberá constar en el Registro de Contratos publicado por la Oficina del Contralor y/o la entidad gubernamental pertinente. El período de (15) días aquí instituido será extendido a treinta (30) días cuando el subcontrato se otorgue fuera de Puerto Rico.

En el caso donde el Contralor notifique algún reparo al contrato o subcontrato radicado, la entidad gubernamental tendrá un término de treinta (30) días para subsanar el señalamiento.

(b) El término “entidad gubernamental” incluirá todo departamento, agencia, instrumentalidad, oficinas y todo otro organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo a toda corporación pública, sus subsidiarias o cualesquiera entidad gubernamental que tenga personalidad jurídica propia, creada por ley o que en el futuro pudiere crearse [sin], sin excepción alguna. El término “entidad municipal” se refiere a los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluidas las corporaciones municipales especiales y los consorcios.

(c) El Contralor determinará por reglamento los contratos otorgados por las entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico[,] que se considerarán exentos de ser remitidos a la Oficina, así como los subcontratos exentos que se deriven de los convenios originales.

(d) 

(e) …”

Sección 2.- Cláusula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

Sección 3.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

1

 Casiano, Jr. v. Borintex Mfg., Corp., 133 D.P.R. 127, 129 (1993).

2

 Art. 4.2(s), Ley de Ética Gubernamental.