Exigen a mayoría parlamentaria y Gobernador a poner en acción sus palabras dando paso a las medidas

Capitolio. 26 de abril de 2018. – Ante las expresiones públicas del Gobernador y miembros de la mayoría parlamentaria del PNP en repudio a varias de las últimas propuestas de la Junta de Control Fiscal, el liderato legislativo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) le tomó sus palabras y anunció hoy en conferencia de prensa la radicación de cuatro Resoluciones Conjuntas para hacer frente al ente de control federal y evitar más atropellos contra trabajadores, pensionados, universitarios y ciudadanos en general.

Los portavoces del PIP en Senado y Cámara, Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, respectivamente, emplazaron a sus homólogos en la Asamblea Legislativa y al Gobernador a revestir con fuerza de ley sus expresiones de rechazo a las propuestas de la JCF para reducir las pensiones de los retirados, aumentar los costos de matrícula en la UPR, eliminar el bono de Navidad, elevar la tarifa de los peajes y reducir la aportación gubernamental a los planes médicos de los empleados públicos, aprobando las resoluciones conjuntas radicadas.

“El tiempo de los aguajes y las simulaciones se acabó. Si el Gobernador y los miembros de la Asamblea Legislativa realmente quieren impedir las barbaridades propuestas por la Junta de Control es necesario convertir en ley las expresiones públicas de rechazo que han hecho, para que los jefes de agencias y funcionarios gubernamentales tengan claro cuál es la política pública que están obligados a cumplir”, manifestó el senador Juan Dalmau.

La RCS 233 y RCC 319 ordena a  la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que no imponga el alza en los costos de matrícula, ni el cierre y/o consolidación de recintos, así como ninguna otra recomendación, medida, plan fiscal o directriz generada por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A., u ordenada al amparo de ese estatuto, que trastoque el costo per cápita de los servicios educativos, los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente o de los estudiantes, la oferta y programación académicas y/o sociales de la institución o cualquier otro asunto inherente a la Universidad.

“Que si entendemos que es un atentado contra la Universidad el abusivo aumento de crédito propuesto y queremos evitarlos, que así se estipule por ley. Que si no se quiere permitir otro golpe al bolsillo de los puertorriqueños, impidiendo el aumento en el costo de los peajes, que así se estipule por ley. Para eso son estas medidas.”, sentenció Dalmau Ramírez.

La RCS 234 y RCC 318 tiene el fin de ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico que no imponga, autorice o permita aumentos en el cobro de peajes. “Quienes asumirán el incremento en el costo per cápita de la transportación en Puerto Rico nuevamente serán los sectores intencionalmente excluidos de las estructuras de poder socioeconómico. Las clases asalariadas, empleados del sector público y privado y las personas desempleadas verán su movilidad y sus pocos ingresos aplastados por otro aumento en su costo de vida”, subrayó el Portavoz senatorial del PIP.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón detalló que la RCC 316 y la RCS 236 ordenan al Secretario de Hacienda a paralizar cualquier reducción en los pagos de las pensiones de las personas acogidas al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y del Sistema de Retiro para Maestros.

“Desde el día uno hemos planteado y propuesto legislación a la Asamblea Legislativa para hacer frente a las pretensiones de la JCF de empobrecer a nuestro pueblo y estas medidas van en esa dirección. Si la Asamblea Legislativa y el Gobierno no actúan seguirán siendo los mismos cómplices que han permitido los cierres de escuelas, la reforma laboral y otros mandatos de la JCF. Con la RCC 316 y la RCS 236 protegeremos a las personas retiradas y pensionadas del servicio público que dieron al país sus mejores años de productividad laboral y detenemos el verdadero interés de la Junta que es garantizar el pago de la deuda”, manifestó Márquez Lebrón.

Sobre la RCC 317 y la RSC 235 el Portavoz del PIP en la Cámara explicó que persiguen la paralización de cualquier programa para igualar las aportaciones del Gobierno al plan médico o cualquier otro tipo de reducción en las aportaciones al plan médico de los empleados del Gobierno y las Corporaciones Públicas.

Márquez Lebrón explicó, además, que en febrero radicó la RCC 64 para que la Legislatura exprese a la JCF “el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas recomendaciones de Reforma Laboral y Pensiones” y para decretar que la Asamblea Legislativa “no aprobará legislación que menoscabe aún más los derechos de los trabajadores y pensionados del Pueblo de Puerto Rico, siguiendo las instrucciones de una entidad no electa, impuesta mediante el más burdo ejercicio colonial”.

“Llegó la hora de actuar. No es posible que la Legislatura continúe avalando -por acción u omisión- la agenda de la JCF que es contraria al interés de los puertorriqueños. Con estas medidas que hemos radicado y otras que siguen desatendidas tienen la oportunidad de ponerse a la altura de los tiempos y confrontar genuinamente a la Junta”, finalizó Márquez Lebrón.