San Juan, Puerto Rico. 16 de septiembre de 2019. – Ante lo reseñado en la prensa del país sobre la solicitud que le hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que presente un plan de transición que permita dejar sin efecto el crédito federal al arbitrio a las empresas foráneas, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, expresó no estar sorprendido ante la noticia e insistió en que la mejor manera de hacer frente al asunto es dando paso a una Reforma Contributiva Integral que, entre otras cosas, estructure la tributación a las foráneas  a base de una contribución sobre la ganancia neta que sea competitiva, permanente de al menos un 10% a las ganancias netas, y que esté bajo el control de los puertorriqueños, no al amparo de las locuras e intereses del Presidente o gobierno de turno en los Estados Unidos .

 

“Eso nos permite recaudar más. Así no hay que depender de un efímero y vulnerable trato especial a base del 4% del arbitrio especial. El contra argumento del menoscabo contractual por razón de los decretos de exención no resiste agua en un país arruinado. Condiciones extraordinarias permiten ese menoscabo. Ahora estamos amenazados por empezar el conteo regresivo del Tesoro EEUU para eliminar el crédito por arbitrio del 4% a las foráneas. Ese ingreso representa el 20% del Fondo General”, sentenció el legislador independentista.

 

Para Juan Dalmau  una reforma contributiva integral, en particular del sector corporativo, que elimine la distinción entre empresas exentas y no exentas, y una política fiscal que incremente modestamente la responsabilidad contributiva de las corporaciones foráneas, se hace urgente y permitirá al gobierno obtener los ingresos que hoy no tiene para realizar aquellos gastos de inversión social en la salud, la transportación colectiva, el medioambiente, la educación y la cultura que eleve la calidad de vida de los puertorriqueños.

 

“Si le hubiéramos impuesto las tasas contributivas que en justicia esas empresas deberían haber pagado en Puerto Rico, los recaudos en los pasados 30 años hubiesen superado los $50,000 millones. Suficientes para que la clase media trabajadora hubiese estado disfrutando desde hace mucho tiempo de justicia contributiva, el gobierno no tuviese la crisis fiscal que actualmente sufre, no fuera necesario la imposición de un IVU, la UPR no tuviese problemas presupuestarios y decenas de miles de trabajadores no hubiesen perdido derechos ni beneficios laborales o tenido que ser despedidos”, puntualizó el líder independentista.
Finalmente, reiteró su llamado a que la Legislatura apruebe las medidas que ha radicado sobre el particular. “Sólo así podrá atenderse adecuadamente el déficit fiscal y garantizar de cara al futuro un andamiaje económico y fiscal más estable y próspero que haga justicia a la mayoría de nuestro pueblo”, concluyó Dalmau.