“Presentamos esta medida legislativa para acabar con el ‘estado de segregación’ en el que las agencias públicas han colocado a esta población”.

 Capitolio. 29 de enero de 2020. – En su esfuerzo por acabar con las barreras estructurales de un andamiaje de servicios gubernamentales que se diseñó no tomando en cuenta las necesidades de la comunidad sorda, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, celebró hoy el Segundo Encuentro Ciudadano para presentar lo que a su juico es la medida legislativa más importante en beneficio de esta población.

En el Encuentro, el senador Juan Dalmau puntualizó que, de convertirse en Ley la medida, se crearía la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de ayudar a erradicar una falta de accesibilidad a los servicios gubernamentales que pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad de vida y la vida propiamente de las personas sordas a diario.

“La Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” se establece como un enlace efectivo entre ellos y las agencias públicas para coordinar los servicios a los que tienen derecho de manera sistemática y enfocada en sus necesidades. Tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa en el desempeño de sus responsabilidades y prerrogativas, y brindará servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo y/o sordera, quede excluida de recibir los servicios básicos del gobierno”, subrayó el Portavoz del PIP en el Senado.

La medida establece, además, que la Oficina Enlace brindará servicios de capacitación y adiestramiento de personal a dichas agencias para que la persona sorda que acuda a solicitar servicios pueda ser atendida, además de recopilar informes a ser producidos por las agencias públicas sobre las necesidades específicas de los sordos en cada dependencia, documentar la prestación de servicios y preparar y ofrecer talleres de capacitación a la comunidad sorda sobre cómo interactuar efectivamente con las agencias de gobierno, entre otras facultades y responsabilidades. Por último, la oficina enlace creada en virtud de esta Ley se convertirá en el “Intérprete Oficial del Gobierno de Puerto Rico”, con el objetivo de integrar a la comunidad sorda a los mensajes de estado, debates, informes fiscales, actividades públicas y otros foros pertinentes.

“El Primer Encuentro Ciudadano por la Comunidad Sorda produjo la aprobación de dos leyes importantes. La ley que establece la enseñanza de lenguaje de señas en las escuelas y la ley de acceso a la Justicia de personas sordas. Ambas fundamentadas en la inclusión y protección de derechos de la comunidad sorda. De este Segundo Encuentro surge una ley que garantizará servicios gubernamentales efectivos y accesibles para los sordos, y acabará de una vez y por todas con el anacrónico e indignante ‘estado de segregación’ en el que las agencias gubernamentales han colocado a esta población”, concluyó el también aspirante a la gobernación del PIP.